Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

La detención se produjo en la noche de este viernes 23 de febrero, en medio de un plan candado de la Policía Metropolitana en el Centro, tratando de cerrarles las salidas a los prófugos.

El sonriente venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez fue el primer recapturado, luego de la fuga. Foto de la Policía.

El recapturado es el venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez, de 27 años, quien purgaba una condena desde 2022 por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

La fuga ocurrió en la mañana del viernes, en un Centro Día del barrio El Chagualo, cerca de la Plaza Minorista. Esa instalación solía funcionar como un albergue temporal para mendigos, pero debido al hacinamiento en las cárceles del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la falta de gestión de la Alcaldía para construir nuevas prisiones, es utilizada como sitio de retención para criminales.

La Policía le rindió homenaje al uniformado asesinado con esta postal. Foto de cortesía de la Policía.

Según la Policía, en el recinto se presentó un amotinamiento premeditado entre los internos. Cuando los custodios trataron de disolverlo, fueron desarmados por los presos.

En la parte exterior del sitio había motocicletas esperando a varios de los fugados, mientras que otros huyeron corriendo.

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En la reacción policial se presentó un tiroteo en el cual falleció el intendente Denis Fernando Morales Jaramillo, de 41 años, y quedó herido el patrullero Diego Armando Burbano Prado.

Tras la recaptura de Tovar, faltan 11 personas por capturar, entre las que se cuentan otros siete venezolanos, con edades entre los 19 y 35 años:  Yosniel Alberto Gómez, Yefferson Rafael Pérez García, Cristopher Emilio Estaba Vincent, Wilkert Manuel Castellano Blanco, Kenji José Vizcaíno Espinoza, Lerwin Raúl Torres Cordero y Joeldry Jesús Gil Flórez.

La lista la completan cuatro colombianos de 22 a 28 años: Abel Josué Pérez Hernández, Dani Gabriel Camacho Martínez, Emanuel Mateo Palacio Valega y Vicente Zackarías Marciglia Rosso.

El cartel con el que la Policía busca a los fugados del Centro Día. Cortesía.

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La mayoría de estas personas estaba detenida por cargos de hurto calificado y agravado, además de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal violento.

La Alcaldía ofreció $20 millones por información que ayude a facilitar las capturas y $100 millones por el asesino del policía.

El Inspector.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves 13 de mayo, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde se produjo la fuga de 18 personas. La Institución ofreció una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que ayude a recapturarlas. Foto de Manuel Saldarriaga.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuidos por las autoridades, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desaparecieron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organización criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturado.

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El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigadores lo recapturaron a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importantes cabecillas se han esfumado en escapes individuales, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueadero de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiados en un corral improvisado.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organización a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestinidad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

PROBLEMA NACIONAL
Según la Policía Metropolitana, sus uniformados actualmente custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institución en el Valle de Aburrá.

En condiciones normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionamiento interno.

Hay que recordar que esta es una problemática de carácter nacional, derivada del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La estadística del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecimientos penitenciarios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepoblación de 15.912 individuos y un índice de hacinamiento del 19.52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliaria, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitorias (como estaciones de policía y edificios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositivo de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación están gestionando ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcción de una cárcel en Andes, la ampliación del establecimiento del corregimiento San Cristóbal y la adecuación de la penitenciaría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

POSIBLES SALIDAS
Tras enterarse de los ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridades locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condiciones más dignas.

“La situación de altísimo hacinamiento carcelario, los tratos degradantes, la falta de humanización y alimentación en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolitana, pueden ser el detonante para que este tipo de situaciones se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicionadas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarlas, sino brindarle seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolitana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450 uniformados, que deben abandonar sus labores de patrullaje cotidiano.

El abogado comentó que “a pesar de la crisis de hacinamiento, la Fiscalía sigue solicitando medidas de aseguramiento carcelarias por todo, y los jueces están avalando eso, en vez de aplicar soluciones alternativas. Es un tema de política criminal al cual hay que ponerle la lupa”.

Como propuesta para superar esta situación, Carmona indicó que la Alcaldía debe acatar “los fallos de las altas cortes de la República, que ordenaron ubicar un espacio digno para los 3.000 privados de la libertad”.

Santamaría recordó que hay muchos detenidos que tienen, por ley, acceso a varios beneficios jurídicos, como la detención domiciliaria o libertad condicional, pero no gozan de ellos por falta de representación judicial ante los jueces de ejecución de penas.

“Esta situación podría mejorar si hay una participación más activa de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos de las universidades”, propuso.

Mauricio Beltrán, abogado especialista en Derecho Penal, opinó que, “aunque parezca frase de cajón, hay que construir más cárceles. Y mientras eso sucede, trasladar a todas las personas que están en las estaciones de Policía a los establecimientos del Inpec, cuya función es precisamente esa, custodiar”.

Y añadió: “Porque ahora están llevando a todo el mundo a centros transitorios de todo tipo, y los dejan ahí hasta por nueve meses. No falta sino que empiecen a encerrarlos en iglesias”.

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El Inspector.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de este viernes 27 de diciembre, en la sede policial ubicada en el barrio Santander de la comuna 6 (Doce de Octubre). Según el primer reporte de las autoridades, 16 personas que estaban detenidas de manera transitoria escaparon de las celdas del recinto, al parecer por un hueco que hicieron.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La estación de Policía del barrio Santander, donde se produjo la fuga, también llamada estación del Doce de Octubre. FOTO: archivo.

“Rompieron el techo y aprovecharon la oscuridad de la madrugada para emprender la huida”, precisó el coronel Ómar Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Entre los fugados está Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, uno de los supuestos líderes de “la Raya”, una banda dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión, que delinque en el municipio de Itagüí y en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado.

Este hombre había sido capturado el pasado 16 de octubre en el sector La Raya (límites de los barrios Guayabal y San Fernando de Itagüí), cuando asistía a una reunión de delincuentes; en el procedimiento le incautaron dos granadas de aturdimiento, un proveedor para subametralladora y 10 municiones de fusil 7.62.

Un juez de control de garantías le había dictado medida de aseguramiento y, debido al hacinamiento en las cárceles del Valle de Aburrá, fue conducido de forma temporal a la estación de Santander o del Doce de Octubre, como también es llamada.

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Otro de los implicados en la fuga es Kevin Alexánder Uribe, capturado el pasado 9 de julio en el municipio de Bello, por porte ilegal de armas y municiones. Se transportaba junto a otras personas en un taxi con placas adulteradas, con el cual trataron de atropellar a un grupo de policías y se enfrentaron a tiros con ellos.

En la inspección posterior al vehículo fue encontrado un maletín con un fusil MP5, tres pistolas 9 milímetros, dos silenciadores y 79 cartuchos de diferentes calibres.

Wilson Ríos López (“Monopepe”), antes de fugarse de la estación policial. Cortesía.

En la huida también estuvieron Daniel Atencia Contreras y Edwar Francisco Correa Quiceno, quienes habían sido arrestados el 6 de abril anterior en el barrio Robledo, por su supuesta participación en el secuestro extorsivo de un comerciante de Envigado, que le debía dinero a un pagadiario.

Las otros detenidos que escaparon de la estación son: Luis Fernando Restrepo Vergara, Johan Esteven Gutiérrez Román, Jean Carlos Londoño Bedoya, Luis Fernando Gómez, Brayan Foronda, Juan Pablo Agudelo y Sergio Andrés Higuita.

La lista continúa con Nelson Andrés Ríos Flórez, Jader Andrés Varela, Johan Amud Gómez, Jesús David Brand y Nelson Esteban Henao.

El coronel Rodríguez indicó que la mayoría están involucrados en delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Al momento de la fuga, en los calabozos había cerca de 90 reos, cuando su capacidad máxima es para 20. La estación de Santander ya había sido escenario de una reyerta el 6 de octubre anterior, cuando los presos se enfrascaron en una riña con armas blancas que dejó 15 heridos. La causa del tropel fue el cobro de extorsiones a varios internos por parte de otros que se erigieron como los “caciques” del lugar.

“En este momento tenemos 1.839 detenidos en 24 estaciones de Policía, donde lo que hay son salas de reflexión, no acondicionadas para retener a personas por mucho tiempo”, aclaró Rodríguez.

Sobre los hechos, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró: “Es una situación altamente preocupante. Si bien sabemos que es producto del hacinamiento que se presenta en toda la ciudad, en gran parte por culpa del cierre de varios patios de la cárcel Bellavista, no deja de ser preocupante que se escapen personas de una estación de Policía, y en particular ‘Monopepe’. Ya el comandante de la Policía Metropolitana está al frente del asunto y esperamos que los puedan recapturar pronto y que esto no siga sucediendo en Medellín”.

LA OTRA FUGA

Las autoridades también están tras la pista del presunto cabecilla de una organización criminal del municipio de Bello, quien se fugó el pasado viernes 20 de diciembre de la detención transitoria en la estación policial de Belén.

Se trata de Roger Stiven Jiménez Flórez (“Roger”), señalado de ser el segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en las comunas bellanitas de Acevedo y Fontidueño.

En circunstancias que son materia de investigación, el reo se evadió por la parte trasera del recinto, aprovechando la oscuridad de la noche.

Según las autoridades, Jiménez había sido capturado el pasado 29 de mayo, en el marco de la operación “Temis”. En ese momento, agentes del Gaula y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) apresaron a 15 personas por cargos de extorsión, tráfico de drogas, uso de menores para la comisión de delitos y desplazamiento forzado.

Entre sus antecedentes también hay una condena de siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir (2014).

Fuentes judiciales informaron que este hombre ya había sido capturado en 2014 por una tentativa de homicidio, en la que la víctima fue un menor de 17 años de edad; de acuerdo con el expediente, el adolescente se hacía pasar como integrante de la banda para cobrar vacunas extorsivas, por lo que varios integrantes, incluyendo a “Roger”, lo raptaron el 1 de junio de 2012 en el sector El Tapón de Bello.

Lo llevaron a un paraje desolado de Niquía, conocido como La Carrillera, donde le propinaron nueve cuchilladas y lo arrojaron por un barranco. El joven sobrevivió, fingiendo que había muerto, hasta que los agresores se fueron y unos ciudadanos que pasaron por ahí lo llevaron al hospital.

A pesar de todo, el 10 de mayo de 2016 Jiménez fue absuelto en primera instancia por el polémico Juez Primero Penal del Circuito de Bello, Luis Armando Vásquez García. Este jurista fue detenido y enviado a la cárcel la semana pasada, indiciado de aceptar sobornos de las bandas para beneficiarlas con sus decisiones judiciales.

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Su fallo fue revocado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín (radicado N° 05212 6000201 2012 03927), que el 24 de mayo de 2019 condenó a Jiménez a 16 años y ocho meses de cárcel por su coautoría en la tentativa de homicidio agravada. En la actualidad, tienen orden de captura vigente para cumplir dicha sentencia.

Esta es la estación policial de Belén, donde se produjo la fuga anterior. En el recuadro aparece alias “Roger”. FOTOS: cortesía.

El coronel Rodríguez manifestó que ya hay un grupo especial de policías tras la pista del personaje y solicitó a la comunidad el apoyo con información de su paradero a la Línea 123.

Debido a la congestión en las cárceles convencionales, como Bellavista, El Pedregal y La Paz, cientos de procesados permanecen de manera transitoria en estaciones de Policía y celdas de la Fiscalía del Valle de Aburrá, lo que ha derivado en varias fugas en el último año, pues estos lugares no cuentan con las instalaciones adecuadas para la custodia de presos.

Uno de los casos más recientes fue el escape de Héctor Emilio Palacios Tapia, alias “Chavo” u “Ocho”, presunto cabecilla urbano del “Clan del Golfo” en el municipio de Turbo. El 12 de septiembre anterior se evadió de la sede de la Sijín, en el barrio Caribe de Medellín, aprovechando que en la madrugada se presentó una riña.

En ese momento había 160 personas detenidas en un corral con vallas, ubicado en el parqueadero de la edificación. “Chavo”, señalado de participar en al menos cinco asesinatos, continúa prófugo.

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El Inspector.

A las 8:00 a.m. de ayer, los funcionarios del Inpec fueron a hacer la ronda en la vivienda de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias “Cesarín”, ubicada en la calle D con la manzana 14F del barrio La Laguna, en Puerto López, Meta.

Su susto fue mayúsculo al constatar que este hombre, condenado a 20 años y 9 meses por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, no estaba en la residencia. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cuando "Cesarín" fue capturado en 2009 en el municipio de Giraldo (Antioquia), andaba con el secretario privado del comandante de la Policía Metropolitana de entonces, el general Dagoberto García. Cortesía.

“Se realizan acciones conjuntas con la Policía para dar con el paradero del prófugo y recapturarlo lo más pronto posible”, informó el Inpec en un lacónico comunicado.

Al momento de su captura en 2009, la Policía informó que “Cesarín” o “el Abogado” integraba la cúpula de “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá, y tendría influencia sobre 50 combos, principalmente en el occidente de Medellín y el corregimiento San Cristóbal.

Su condena se debe a que fue el autor intelectual del asesinato del empresario antioqueño Argemiro Salazar, a quien los sicarios acribillaron en el Centro por negarse a pagar extorsiones (15/8/09).

Sin embargo, ni siquiera llevaba cuatro años cumplidos de la sentencia, cuando el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Villavicencio le concedió el beneficio de la detención domiciliaria, el pasado 12 de diciembre.

El argumento, indica la resolución judicial, es que probó ser padre cabeza de familia de dos niños de 8 y 10 años.

Su defensa explicó que los menores estaban al cuidado de su abuela paterna Gilma Gaviria, la cual no pudo continuar la tarea por dolencias cardiacas. En cuanto a la madre, está ausente: “Yo siempre le dije a mi hijo que esa muchacha no le convenía, porque se mantenía tomando y bailando”, declaró la señora al Bienestar Familiar.

Las leyes que protegen a los menores favorecieron al cabecilla, quien salió de la celda el 13 de diciembre con el propósito de cuidar a los niños, acto que quizá ya no pueda cumplir siendo prófugo.

Por ser cabeza de familia también le dieron la detención domiciliaria en 2010 a Carlos Hernández Ossa, alias “Duncan”, otro jefe de la banda. A los pocos días se fugó de su casa en Bogotá, sin que hasta hoy se sepa el paradero.

Ese mismo año también se voló de la domiciliaria en Medellín Daniel Alejandro Serna, apodado “Kener”, aunque este integrante del clan fue recapturado 38 horas después.

“Se tenía la sospecha de que ‘Cesarín’ pudo haber utilizado una especie de reemplazo, haciendo una suplantación de sí mismo, y darse a la fuga”, explicó hoy el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional.

Añadió que “haciendo una segunda verificación con los correspondientes equipos, se pudo constatar por parte del Inpec que aquella persona no estaba en su lugar de residencia. Esto de los hijos no ha sido más que una trampa para burlar a la justicia, acción que nos impone un nuevo reto, no hay desánimo en la Institución, no es el primer delincuente que valiéndose de artimañas burla temporalmente la acción de la justicia”.

El general Palomino manifestó que “conociendo la peligrosidad de este bandido ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos, porque es una amenaza para la sociedad”.

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El Inspector.

Se trata de un presunto narcotraficante con base de operaciones en el Nordeste antioqueño, quien ha sido socio de la guerrilla y bandas criminales como “la Oficina” y “los Rastrojos”.

Alias "Mono Amalfi" o "Monín" suma a su prontuario un proceso penal por fuga de presos. Fotos de cortesía.

El hecho se presentó a las 10:00 a.m. de hoy (abril 30), cuando dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevaron a Medina desde la cárcel El Pedregal a una cita médica en un centro de salud (EPS Sura) del barrio Córdoba, en el noroccidente de la capital paisa.

Según el director de la institución carcelaria, general Gustavo Ricaurte, de repente aparecieron los sujetos armados y rescataron al preso, dejando heridos a los custodios en la acción.

El general José Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, agregó que en la sala de espera había dos delincuentes camuflados como usuarios, los cuales se unieron a otro par que ingresaron portando fusiles y sacaron a Medina. Lo montaron en un taxi y a toda velocidad salieron del área, escoltados por una moto, en menos de 30 segundos. En la reacción, las autoridades recuperaron un fusil AK-47 y un proveedor.

En la metrópoli se desató una cacería policial por tierra y aire para recapturarlo, sin éxito hasta el momento. La Alcaldía ofreció 30 millones de pesos de recompensa para quien dé información sobre su paradero (teléfonos: 351 13 86, 351 18 24 y 314 848 4639, correo: meval.sipol-enafh@policia.gov.co).

Una hipótesis preliminar de los investigadores sugiere que el asalto fue dirigido por “la Oficina” y su cabecilla delegado en la zona, alias “Soto”, quien se habría encargado de ocultar al reo después de la fuga.

Fuentes policiales explican que “Mono Amalfi”, de 41 años, ha sido un delincuente de tradición en el municipio de Amalfi y el Nordeste, donde al parecer maneja laboratorios para el procesamiento de cocaína en las áreas rurales. Sus clientes serían las bandas criminales “la Oficina” y “los Rastrojos” y la guerrilla del Eln (Ejército de Liberación Nacional), para quienes cocina toneladas del alcaloide con fines de exportación.

Por dicha actividad se convirtió en un socio de confianza de Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, el jefe de “la Oficina”. Antes de que el capo fuera capturado con fines de extradición (agosto 8 de 2012), le pidió a “Mono Amalfi” que lo apoyara en su lucha contra “los Urabeños” en Medellín.

Por tal motivo, Medina Cardona se trasladó hace más de un año a la ciudad e integró la cúpula de la “Odín Belén Rincón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos asentada en la comuna 16, para frenar el avance en la zona de la “Odín Altavista”, que trabaja con “los Urabeños”.

“Mono Amalfi”, en particular, habría tomado control de las plazas de vicio en los barrios San Bernardo y Las Playas, coordinando las operaciones con alias “Durán”.

Su labor se vio truncada el pasado 3 de noviembre, cuando andaba en una camioneta Toyota Prado blindada y la Policía lo arrestó en un puesto de control en El Poblado.

Las autoridades lo tenían en la mira desde un episodio del 26 de diciembre del 2011, en el parque de Amalfi. Allí el comandante de la Policía local quiso requisarlo, pero él y sus escoltas reaccionaron a balazos. El oficial, un patrullero y un transeúnte quedaron lesionados.

Tras la detención en El Poblado, los uniformados le notificaron que tenía procesos judiciales pendientes por concierto para delinquir, tentativa de homicidio, violencia contra servidor público, lesiones personales y porte ilegal de armas. Por eso fue enviado a prisión, a pagar una sentencia de 30 años, pero “Mono Amalfi” y sus socios tenían otros planes.

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El Inspector.

Entre las situaciones insólitas del hecho está que la cárcel del corregimiento San Cristóbal apenas fue inaugurada el pasado 21 de julio y las autoridades habían dicho que era un ejemplo para toda la región en materia de seguridad.

Al fondo se aprecia la torre del panóptico, en la cárcel El Pedregal. Desde allí se obtiene una vista de 360 grados del establecimiento, pero nadie pilló a media docena de internos fugándose. Foto de Esteban Vanegas.

Pues bien, ahora los reos le han dado su propia inauguración. Ayer entre las 3:30 y las 4:30 p.m., al finalizar la hora de la visita, rompieron una lámina de metal sismoresistente que cubría un espacio de unos 50 centrímetros de ancho entre dos edificaciones del establecimiento.

De acuerdo con las explicaciones que ha dado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los sujetos saltaron después un muro de unos seis metros de altura para caer en una manga. Luego escalaron dos mallas de 4.50 metros con alambres de púas, para alcanzar la libertad. Luis Felipe Henao, director encargado de la entidad, dijo que tal vez usaron cobijas para no chuzarse.

Esta versión oficial no ha dejado de provocar suspicacias, porque nadie entiende cómo ningún guardián vio a media docena de internos sorteando las mallas. ¡Media docena! ¡A plena luz del día! El Inpec anunció una investigación interna para averiguar si participaron miembros de su institución en el plan de escape.

Este es el volante de los seis prófugos que la Policía distribuye.

Entre los fugados está Jeison Velásquez Pino, alias ‘El Rolo’, un reconocido cabecilla de la banda criminal ‘La Sierra’, la cual delinque en el centro oriente de la ciudad. El muchacho no estaba condenado todavía, sino que en calidad de acusado enfrentaba un proceso por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Los otros son Jorge Mario Jiménez Gil (condenado por porte ilegal de armas), Luis Fernando Areiza Sánchez (sindicado de concierto para delinquir y porte ilegal de armas), Edward Alejandro Osorio López (acusado por homicidio), Elkin Alonso Muñoz Muñoz, alias ‘Matica’ (sindicado por secuestro extorsivo), y John Jairo Jaramillo Acevedo (condenado por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas).

Por la información que conduzca a la recaptura del sexteto, la Policía ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa y repartió miles de volantes.

El director del Inpec declaró con aire de indignación que suspendió el traslado de más internos a la cárcel El Pedregal, de San Cristóbal, y a otras nueve recién inauguradas en todo el país. Su idea es evaluar con los constructores posibles fallas estructurales que faciliten más evasiones como, según él, sucedió en este caso.

El establecimiento El Pedregal (localizado en la vereda del mismo nombre) ha sido muy criticado, incluso antes de su construcción, pues muchos ciudadanos no querían un presidio en su vecindario. En la actualidad, presuntas irregularidades en la comida han hecho que la Personería investigue el lugar.

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El Inspector.

Se trata de Carlos Arturo Hernández Ossa, alias ‘Duncan’ o ‘Jerónimo’, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas.

Así fue presentado 'Duncan' por la Policía, en 2008. Dijeron que era muy peligroso, pero el juez lo mandó para la casa.

Este sujeto había sido capturado por la Dijín el 7 de noviembre de 2008, cuando viajaba en una camioneta junto a un militar activo, en el sector La Consolata del barrio Laureles (centro occidente de Medellín). Le encontraron una pistola y documentos falsos, y lo trasladaron a la Capital.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó hoy que el pasado 30 de abril, un juez de Bogotá lo benefició con la medida de detención domiciliaria, “apelando el derecho que recae sobre los padres cabeza de familia”.

‘Duncan’ fue un hombre de confianza del máximo líder de ‘La Oficina’ en su momento: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien hoy paga una condena de 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos.

Después de destacarse en el ala militar de las Autodefensas, y luego de la desmovilización, Hernández pasó a integrar ‘La Oficina’. Su poder criminal lo ejercía sobre todo en el Oriente y el Nordeste antioqueño, con una base en el municipio de San Roque. Esta zona la heredó tras la muerte de Daniel Mejía, apodado ‘Danielito’.

Alias 'Kener', tras su recaptura.

Sin embargo, las autoridades solo lograron judicializarlo por tráfico y porte ilegal de armas y falsedad en documento. La justicia lo condenó a tres años de prisión por esos delitos.

El Inpec se dio cuenta de su evasión en una visita de control rutinario a su residencia del sur bogotano, en la tarde de ayer.

Lo horrible es que esta es la segunda vez que sucede lo mismo en lo que va de 2010, con un cabecilla de ‘La Oficina’.

El pasado 8 de marzo también se fugó de su residencia Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’ o ‘El Cabo’. La justicia lo había beneficiado con la detención domiciliaria en Medellín (debido a un trastorno de salud), y el Inpec lo “vigilaba” con un brazalete electrónico.

El tipo era considerado un jefe de sicarios de la organización criminal y el líder de ‘Los Paisas’, una banda que hasta 2008 fue el brazo armado de ‘La Oficina’ por fuera del Área Metropolitana.

Su recaptura se produjo 38 horas después, en una finca del municipio antioqueño Angelópolis.

El punto es que estos procesados, supuestos integrantes de un estructura que ha derramado ríos de sangre en nuestro país, han tenido un trato judicial muy favorable a sus intereses. Los envían a sus casas, como si fueran simples ladrones de panes, facilitándoles la fuga. Y ellos, ni cortos ni perezosos, aprovecharon esa ganga.

Sobre este tema, conversé con un investigador de la Dijín. Él, con un tono de desesperanza, dijo: “nosotros nos hacemos matar para capturarlos, y más nos demoramos en entregárselos a la justicia que ellos volver a la calle”.

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El Inspector.