Aunque todavía falta el visto bueno del nuevo Alto Comisionado, Otty Patiño, las delegaciones lograron establecer ese norte temático luego de seis meses de trabajo en la cárcel de Itagüí. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los jefes de las bandas del Valle de Aburrá están congregados en la cárcel de Itagüí. Foto de Manuel Saldarriaga.

El coordinador de la delegación del Gobierno, Jorge Mejía Martínez, explicó que la agenda iba a ser presentada en sociedad el pasado 23 de noviembre, pero un día antes el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda de su cargo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), lo que obligó a la mesa de conversaciones sociojurídicas – como la llama el Gobierno – a hacer un alto en el camino.

Aunque Mejía recalcó que no puede compartir detalles de la agenda, hasta que su contenido no sea evaluado por la nueva jefatura de la Oacp, dio pinceladas de los temas que se abordarán con los representantes del 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.

El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.

El segundo eje versa sobre la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.

El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.

Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las Auc (2006) y las Farc (2016).

“Una vez que se adopte la agenda de forma definitiva, lo que sigue es construir una metodología que involucre a la sociedad civil. No se hará nada de espaldas a la ciudadanía”, dijo Mejía.

Además de esa guía, las delegaciones ya definieron los protocolos logísticos de funcionamiento, que incluyen las comunicaciones internas y la forma en que la mesa podrá colaborar cuando haya problemas de orden público en la ciudad.

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DELEGADOS PENDIENTES

La mesa de conversaciones sociojurídicas se instaló oficialmente el pasado 2 de junio y desde entonces ha tenido que capotear varias tormentas. Una de ellas ha sido la conformación de la delegación gubernamental.

Además del despido de Rueda, un mes antes se presentó la renuncia de la excomisionada de la Verdad, Lucía González, una de las integrantes más reputadas del equipo.

En su reemplazo llegaron el sociólogo Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia; y la académica Luz Elena Zabala, exasesora de Colciencias.

La delegación del Gobierno no ha podido concretar otros tres miembros que se habían contemplado al principio. El primero es un oficial retirado de la Fuerza Pública y el segundo un representante del empresariado, pues “se han barajado varios nombres, pero desde Bogotá no han dado el visto bueno”, reconoció Mejía.

La ausencia de un empresario es notable, pues varios voceros de las bandas insisten en que, para que el proceso sea exitoso, deben tener opciones de empleo legal, y los empresarios generan el 80% de los puestos laborales en el país.

El tercer faltante es un miembro de la oposición, con el que la Casa de Nariño quisiera blindar políticamente el diálogo. El Centro Democrático, principal partido de oposición, ya consintió que José Félix Lafaurie lo representara en la mesa con el ELN, y que Fabio Valencia Cossio lo hiciera en la del Estado Mayor Central de las Farc, pero todavía no se decide a poner una ficha en la de la paz urbana.

Al micrófono Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa. Foto de Manuel Saldarriaga.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La mesa del Valle de Aburrá también ha enfrentado desafíos ligados al orden público de Medellín. Entre septiembre y noviembre, en las comunas de Robledo y Manrique se desataron conflictos y asesinatos por fracturas internas en “los Pesebreros” y “la Terraza”, dos facciones con vocería en los diálogos de paz.

La situación, que la Oacp catalogó en su momento como un intento por enlodar la paz urbana por parte de “fuerzas oscuras”, en realidad reflejó el deseo de algunos cabecillas emergentes de relevar a los más veteranos, a quienes al parecer consideran en camino de “jubilación”.

Según Mejía, esos dos conflictos se apaciguaron porque “se hizo una gestión desde el espacio, por parte de los voceros de las bandas, lo que permitió superar esas situaciones de violencia. Es una muestra de que esto ha valido la pena”.

Otro reto es el cambio de administración en Medellín y Antioquia. Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, alcalde y gobernador electos, respectivamente, criticaron con vehemencia la política de “paz total” de Petro durante las pasadas elecciones regionales.

¿Qué postura tendrán ellos frente al proceso en la cárcel de Itagüí? “Esperamos que la armonía institucional se imponga sobre las posturas políticas. Al alcalde Federico y a Manuel Villa (próximo secretario de Seguridad) ya les enviamos un mensaje el pasado lunes, para concretar una cita y exponerles lo que estamos haciendo”, indicó Mejía.

La llegada de Otty Patiño despierta inquietudes sobre los cambios que podría introducir en la agenda. A juicio del coordinador de la delegación del Gobierno, “conociendo su talante, es posible que haga un énfasis en la mayor presencia de la institucionalidad local y en el impacto territorial, identificando las zonas en las que se puede hacer un mayor esfuerzo desde la mesa para desactivar la violencia”.

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El Inspector.

En un evento realizado en la mañana de este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las partes oficializaron el inicio de la fase pública de las conversaciones, luego de 10 meses de acercamientos exploratorios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los jefes de las bandas que asistieron al evento, de izquierda a derecha: alias “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. Foto de Manuel Saldarriaga.

El anuncio se realizó en una placa polideportiva ubicada junto a la entrada del penal, con asistencia de representantes de la Iglesia, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la OEA, Fuerza Pública, ONGs carcelarias y de DD.HH., organizaciones de víctimas y medios de comunicación.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció a los integrantes de la delegación gubernamental (ver el anexo) y señaló que en la primera fase de los acercamientos siempre hubo testigos, tanto de la iglesia como de la comunidad internacional.

“Esos meses de acercamientos no eran clandestinos, sino de reconocernos y generar confianza. Algunos de ellos (refiriéndose a los cabecillas) fueron víctimas de montajes judiciales, ¿cómo no iban a tener desconfianza de acercarse al Gobierno?”, expresó.

El comisionado reconoció que este proceso contempla varios riesgos, entre ellos el hecho de que aún no existe un marco jurídico específico para aplicarles a los futuros desmovilizados de las bandas.

La llamada Ley de Sometimiento, que reglamentaría la reinserción de estos grupos, fue presentada la semana pasada al Congreso y todavía no comienzan los debates de su articulado.

“Podríamos sentarnos a esperar a que al Gobierno le aprueben ese proyecto de ley, pero el clamor de la gente de Medellín y del Valle de Aburrá es que se pare la violencia. Y ese clamor no está supeditado a tener ese marco jurídico, necesitamos avanzar, tenemos que responderle al pueblo hastiado de violencia”, dijo Rueda.

Y recalcó que hasta ahora las actuaciones han estado fundamentadas en el artículo 22 de la Constitución Política, que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

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Carlos Correa, alias “don Pepe” (izquierda), cabecilla de la banda “la Unión”, de Itagüí, será uno de los voceros de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

PROTOCOLOS EN ESTUDIO
Asu turno, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, quien fungirá como coordinador de la delegación del Gobierno, manifestó que todavía no están definidos los protocolos que regirán las conversaciones ni los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que estos serán acordados en conjunto durante el diálogo.

Por ahora hay un borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado (Oacp), el cual está en proceso de revisión por las partes.

Los representantes tendrán conversaciones quincenales, como mínimo, en la cárcel de Itagüí, adonde fueron trasladados hace meses los representantes de las bandas que estaban en otras penitenciarías.

Los voceros de los combos tendrán acceso a dos computadores donados por la Mapp OEA y a teléfonos celulares monitoreados por las autoridades, para que puedan desarrollar su gestión de forma más eficaz.

“Ninguno tuvo reparos cuando les dijimos que esos celulares podían interceptarse”, acotó Rueda.

De izquierda a derecha: alias “el Saya”, de la banda “la Terraza”; “el Ronco”, de “la Unión”; y “Carlos Pesebre”, de “los Pesebreros”. Foto de Manuel Saldarriaga.

LA VOZ DE LAS BANDAS
Al evento asistieron 18 jefes encarcelados del crimen organizado del Valle de Aburrá, vistiendo camisetas blancas y representando a las principales confederaciones ilegales que agrupan a, por lo menos, 200 combos de barrio.

Allí estaban presentes cabecillas condenados de “la Oficina”, “los Chatas”, “el Mesa”, “Pachelly”, “Caicedo”, “la Terraza”, “Niquía Camacol”, “los Pesebreros”, “Altos de Aranjuez”, “la Unión”, “la Silla” y “la Agonía”.

De ellos, siete fueron seleccionados como voceros principales y otros diez como suplentes (ver los anexos).

El vocero suplente Sebastián Murillo (“Lindolfo”) leyó un comunicado a nombre de todos, expresando su compromiso por el proyecto de la paz urbana y haciendo un llamado a la comunidad y al sector productivo para que también se involucren en el proceso.

“La historia de la violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada: la de los muchachos de los barrios que hicieron y sufrieron la guerra”, relató el representante.

Añadió que “nosotros hemos sido fuente de empleo de muchos jóvenes y familias que no han tenido oportunidades por parte del Estado (…). La sociedad debe preguntarse sobre las razones de nuestra existencia”.

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Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” (centro de la foto), leyó el comunicado de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

ANEXO 1: LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El coordinador de la delegación del Gobierno Nacional será Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En el equipo estará la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y defensora de DD.HH. en Antioquia, es especial con el movimiento Ríos Vivos. También participará la arquitecta Lucía Victoria González, excomisionada de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. El grupo lo cierra María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia. La delegación tendrá además tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.

ANEXO 2: VOCEROS DE LAS BANDAS

Voceros principales:
1). Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) será el secretario de la mesa por parte de las bandas. Miembro de “la Oficina” y “el Mesa”.
2). Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”.
3). Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez (tiene dos identidades), alias “el Montañero”, de “el Mesa”.
4). Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”.
5). Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”.
6). Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.
7). Mauricio Morales Múnera, abogado de bandas de Bello, procesado por sobornar a un funcionario de la Fiscalía.
Voceros suplentes:
8). Óscar Salazar Gutiérrez (“el Compa”), mano derecha de alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”.
9). Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), de “Niquía”.
10). Iván Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), narco al servicio de “la Oficina”.
11). Elder Zapata Rivera (“Gran Pa”), de la banda “Altos de Aranjuez”.
12). Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de la banda “Caicedo”.
13). Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de “Pachelly”.
14). Jhon Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”.
15). Carlos Correa López (“don Pepe”), de “la Unión”.
16). Jesús Hernández (“Chaparro”), de “Caicedo”.
17). Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), alias “Mundo Malo”, de “la Silla”.

Aunque no fueron incluidos entre los voceros, en la mesa de las bandas hubo otro par de cabecillas: Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”), de la banda “la Unión”; y Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), de “la Agonía”. Ambos grupos ilegales también se comprometieron con el proyecto de “paz total”.

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El Inspector.

La interpretación de esta norma ha facilitado la entrega a la justicia de ocho miembros de las bandas “la Terraza”, “Altavista”, “13 de Noviembre”, “el Guayabo” y “la Libertad”, que delinquen hace más de dos décadas en el área metropolitana y que en las últimas semanas han mostrado una repentina voluntad de paz.

Esta es la investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los que se entregaron: 1). John Montoya (alias “Puto”); 2). Juan Carlos Bedoya (“el Cabe”); 3). Jairo Gallego (“Gallego”); 4). Víctor Pérez (“Víctor”); 5). Elkin Arroyave (“Vikingo”); 6). John Galvis (“Chómpiras”); 7). Alexánder Molina (“Buche”); 8). Carlos Mazo (“Caliche”). Fotos de cortesía.

Esta historia empezó a configurarse el 20 de junio del presente año, cuando en el aeropuerto Eldorado de Bogotá detuvieron a Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, exintegrante de la Dirección Nacional del Eln. El arresto fue en cumplimiento de una orden de captura por cargos de secuestro extorsivo, homicidio y hurto agravado, por hechos ocurridos el 17/9/00 en Buenaventura, Valle del Cauca.

La captura de “Felipe Torres” prendió las alarmas para los delegados de los acercamientos de paz entre el Gobierno y esa facción insurgente. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que, como un acto para generar confianza en la contraparte, el presidente Juan Manuel Santos, por medio del Ministerio de Justicia, expidió el 19 de julio el Decreto 1175 de 2016.

Esta norma, que reglamenta artículos de la Ley 1592 de 2012 (sobre reincorporación de miembros de grupos armados y disposiciones para acuerdos humanitarios), se basa en las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente de la República para garantizar el derecho a la paz, conservar el orden público en toda la Nación, diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos y conceder beneficios jurídicos a miembros de grupos armados para contribuir al logro de la paz.

El decreto de seis artículos, que comenzó a regir el mismo 19 de julio, contempla que “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Dice que los beneficiarios deberán estar a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias de su proceso penal, comprometerse “a actuar como gestores de paz”, rendir un informe mensual de esa actividad a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que el Gobierno generará las condiciones necesarias para facilitarles la tarea.

Con la regla en vigencia, el presidente Santos nombró gestor de paz a “Felipe Torres”, quien fue liberado, y a Gerardo Bermúdez (“Francisco Galán”), con lo que el diálogo con el Eln se revitalizó.

En principio se creyó que solo podían aspirar a esa designación militantes de guerrillas o exparamilitares postulados a la ley de Justicia y Paz; sin embargo, el decreto no hace ninguna delimitación, tan solo se refiere a “miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

En esa clasificación cabe, al parecer, cualquiera de las 2.005 bandas de crimen organizado que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía tienen identificadas en Colombia.

UNA ENTREGA TRAS OTRA
El 28 de julio, nueve días después de la firma del decreto, se entregó a la justicia John Montoya (“Puto”), miembro del combo de “Altavista”.

Entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre se sometieron cuatro de “la Terraza”: Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”), Jairo Alonso Gallego (“Gallego”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“Vikingo”).

El 25 de octubre se presentó John Fredy Galvis Buitrago (“Chómpiras”), de la banda “la Libertad”. El 1° de noviembre, en diferentes fiscalías, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés (“Caliche”), del combo “13 de Noviembre”; y Alexánder de Jesús Molina Londoño (“Buche”), de la banda “el Guayabo” de Itagüí.

Todos ellos tenían órdenes de captura pendientes en su contra. Algunos se presentaron en la Fiscalía y otros en la Alcaldía de Medellín.

Agentes judiciales, que pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, manifestaron que algunas de estas personas llegaron diciendo que querían ser gestores de paz, y otros indicaron que se habían presentado a la justicia obedeciendo órdenes de sus patrones, quienes pretendían mostrar sus entregas como “un gesto de paz”.

Las fuentes agregaron que en la oleada de entregas estarían interesados cabecillas de la organización criminal “la Oficina” que están en la cárcel, pagando penas superiores a los 15 años, entre ellos “Douglas”, “Barny”, “Pichi Gordo” y “Carlos Pesebre”.

El Colombiano buscó una opinión del Ministerio de Justicia frente a esta novedosa situación, pero la entidad no quiso pronunciarse.

UNA OPORTUNIDAD
El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia y quien en el pasado asesoró desmovilizaciones de las Auc, acompañó en el presente los sometimientos voluntarios de los cuatro integrantes de “la Terraza”. A la fecha, el Gobierno no les ha concedido el estatus de gestores ni los jueces se han pronunciado.

Para el penalista, el Decreto 1175 es la esencia de las entregas reseñadas. “Es la herramienta jurídica más novedosa del Gobierno para construir paz en el país. Es una opción para aquellos que no hacen parte de grupos con estatus político”, dice Pineda.

¿Pero estos muchachos de los combos sí tienen voluntad de paz, o están aprovechando una ventaja jurídica para eludir las penas?
“Hay que ir al origen del asunto: en Colombia hubo una negociación con las autodefensas, los errores de ese proceso dieron lugar a las bacrim (bandas criminales). Los desmovilizados son una nueva clase social. Hay que mirar con admiración y no con desconfianza la posibilidad de sacar un fusil del conflicto (…) El Gobierno debe ver esos hechos y establecer un protocolo en búsqueda de abrir esa opción para centenares de ellos que quieren tener una vida digna”.

¿Eso implica una mesa de diálogos con estos grupos?
“En Medellín no es novedoso que se hable de diálogos con delincuentes. El primero fue el de Pablo Escobar y el Gobierno Nacional de la época, que concluyó con la construcción de la cárcel La Catedral; después se habló de la ‘donbernabilidad’, en la que los crímenes descendieron a índices nunca antes vistos; y en la actualidad se habla del ‘pacto del fusil’. La pregunta es: ¿por qué si esas son realidades fácticas, y el Gobierno está en su intención de construir la paz, no aprovechar estos gestos de buena voluntad? No tiene que ser visto como un diálogo político, pero sí como una necesidad estructural para el desmonte de la macrocriminalidad en las ciudades. Medellín podría ser un buen laboratorio para eso”.

LA VISIÓN DE LA ALCALDÍA
A pesar de todos estos movimientos jurídicos, la Alcaldía de Medellín se sostiene en la tesis de que los integrantes de las bandas se están sometiendo debido a la presión que ejerce la Fuerza Pública.

El mandatario Federico Gutiérrez, con ocasión de la entrega de los miembros de “la Terraza”, dijo:“la presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba” (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Por qué el Alcalde de Medellín dice que los combos aumentaron los homicidios por el trabajo de las autoridades?).

El secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ante quien se han entregado cinco de los ocho ilegales, afirma que a su despacho no ha llegado información sobre el uso del decreto por parte de los combos. “Eso ya es potestad de la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos es la intermediación entre la persona o su representante y la Fiscalía. Sobre esos hechos no conocemos, y en la conversación que sostuvimos con ‘Chómpiras’, dijo que el sometimiento es porque no soportaban la persecución ni vivir escondidos; lógicamente, una persona cuando se entrega tiene acceso a mayores beneficios que alguien que es capturado”, argumenta Villegas.

¿Por qué se han entregado tantos miembros de combos y en tan poco tiempo?
“En la Secretaría lo han hecho ‘el Cabe’, ‘Vikingo’, ‘Víctor’, ‘Gallego’ y ‘Chómpiras’. Con este último tuvimos una conversación y él dice que estaba cansado de esconderse y huir. Con anterioridad se había capturado a miembros de los combos ‘la Libertad’ y ‘la Terraza’ (las bandas de esos cinco). El motivo (de las entregas) es que hay una eficiencia por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con la investigación y desmantelamiento de estas estructuras, entonces cuando ven que aquí hay una institucionalidad fuerte tienen dos alternativas: que los capturen o entregarse”.

¿Esas personas le han manifestado a la Alcaldía la voluntad de facilitar el sometimiento de otros integrantes de sus grupos?
“No señor, a mí no me lo han manifestado. Probablemente los abogados habrán hecho esas afirmaciones o hablarán de esos temas con la Fiscalía”.

***
En lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, la situación relatada no tiene precedentes cercanos en la ciudad. En el caso de Farc y Eln, lo más probable será que los tribunales especiales de paz, derivados de los acuerdos con el Gobierno, se encarguen de procesar a sus exmiembros.

En cuanto a combos y bandas criminales, por ahora serán los jueces ordinarios y la interpretación que estos le den al decreto, los que decidan su destino.

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ANEXO: LOS ACERCAMIENTOS DE “LOS URABEÑOS”
La banda “los Urabeños” (o “Clan del Golfo”), que delinque a nivel nacional, desde 2015 le ha hecho propuestas al Gobierno y a la Fiscalía, con el propósito de llegar a una negociación. Por medio de panfletos se han autodenominado como “el tercer actor armado del conflicto”, sin el cual no habría una paz completa. Valiéndose de abogados y hasta asesores espirituales, han contactado a personalidades de la política para lograr algún acercamiento con la Casa de Nariño y llevaron a la Dirección Central de la Fiscalía un documento con las propuestas de sometimiento. Ycomo prueba de voluntad, ordenaron la entrega a la Fiscalía de 12 “urabeños”en Roldanillo, Valle (febrero 11/2015).

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El Inspector.