Esta historia verídica, que dejó una estela de sangre en las montañas de los municipios de Sonsón y San Roque, es narrada por El Inspector en el primer capítulo de la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo (RBM), el podcast de El Colombiano.

Esta es la ilustración del primer capítulo de la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, con la historia de “la Barbada”. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

El episodio, titulado “La Barbada: crímenes de una bruja sangrienta”, contiene audios inéditos de las diligencias judiciales del truculento expediente, con las voces de los personajes implicados.

La protagonista del caso es María Nieves Suárez de Alzate, alias “la Barbada”, quien fue condenada a 47 años de prisión por los homicidios.

Ya pueden escuchar la historia en las principales plataformas de streaming sonoro, como Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano, Q’Hubo Medellín y, por supuesto, el blog de Revelaciones del Bajo Mundo.

PARA ESCUCHAR EL EPISODIO, DALE CLICK AQUÍ.

RBM es un pódcast periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas de antaño.

La primera temporada ha sido escuchada en 32 países, con más de 300.000 reproducciones, según los registros de Spreaker.

La producción ha estado en el selecto grupo del 5% de los podcast más compartidos a nivel mundial, de acuerdo con la estadística de Spotify, y fue nominada a los Premios Ondas Globales del Pódcast, que organiza la cadena SER (España), en la categoría de Mejor Narrativo de No Ficción.

Cada martes habrá un episodio de estreno, con un caso diferente de Antioquia y Colombia. Para una mejor experiencia sonora, les recomendamos usar audífonos. ¡No se lo pierdan!

NOTA RELACIONADA: El caso de “la Barbada”, o la bruja contemporánea.

El Inspector.

Pero una cosa son los señalamientos y otra los juicios, porque a la fecha, solo dos jefes de esa banda han sido judicializados y condenados por el delito de homicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la justicia ha sido incapaz de responsabilizarlos en el estrado por esas muertes? ¿Por qué estos cabecillas de primera línea no han recibido sentencias severas por derramar sangre a través de sicarios?

Cuando ocurrió la matanza de 8 personas en Envigado, el 2 de julio de 2010, la Policía indicó que la causa era la guerra entre "Valenciano" y "Sebastián". A ninguno de ellos le han abierto cargos por eso. Foto de Esteban Vanegas.

Una de las explicaciones es que la mayoría de estos expedientes han sido asumidos por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, cuyo “sello particular” parece ser procesar a la gente por la conducta de concierto para delinquir,  con preacuerdos de por medio. Esto, al fin de cuentas, genera penas inferiores a los 17 años en promedio, que sumados a los beneficios por confesión y buena conducta en prisión, se reducirían aún más.

Frente a estos temas, cada vez pierde más fuerza la Unidad de Vida de la Fiscalía, que judicializa a los sospechosos por homicidios y en esa instancia podría lograr, incluso, la pena máxima de 60 años. Para citar un ejemplo reciente, esta Unidad debería asumir por derecho propio el caso de la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), sin embargo, una semana después del hecho el expediente fue asignado a la de Bandas Emergentes.

Otra de las explicaciones, de acuerdo con fiscales consultados, es que la consecución de pruebas relacionadas con los homicidios de esta banda es muy difícil por tres razones: cuando determinan una muerte, en la cadena de ejecución del crimen intervienen muchas personas, lo que hace difícil rastrear su participación; la alta capacidad de intimidación a los testigos, que evita formular denuncias y entregar información; y su poder de corrupción, por el cual hay funcionarios públicos infiltrados que se encargan de torcer los procesos.

Entre los argumentos también se tiene que hay fiscales que, por miedo, evitan enfrentarse a estos mafiosos en un proceso penal de largo aliento, con penas de muchos años de por medio. Para estos servidores es mejor hacer preacuerdos y salir rápido del caso. Algunos de ellos lo justifican afirmando que “así se reduce el desgaste del aparato judicial del Estado” y otros simplemente dicen que el Gobierno y la Fuerza Pública son incapaces de protegerlos ante cualquier amenaza. 

En términos concretos, estas son los procesos y condenas contra los cabecillas de “la Oficina”:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”: condenado a 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En el marco de la ley de Justicia y Paz, en el que participa en calidad de desmovilizado, le han imputado varios homicidios perpetrados por la banda “la Terraza” entre 1996 y 2000.

Gustavo Upegui: antes de ser asesinado en 2006, salió absuelto de un proceso judicial por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”: procesado en Estados Unidos por narcotráfico y su supuesta participación en la muerte del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, quien para la fecha (2007) era informante de la DEA. También lo investigan por el secuestro de un agente de la Agencia de Inmigración (ICE) en Medellín.

Mauricio López Cardona, “Yiyo”: los mismos cargos de “Rogelio”, salvo el caso de Cifuentes Villa.

Fabio Acevedo, “don Efe”: procesado por concierto para delinquir.

Daniel Alejandro Serna, “Kener”: acusado del homicidio de un joven en 2003 en Amagá y condenado a 6 años por concierto para delinquir, ambos cargos derivados de su militancia en las Autodefensas. Judicializado por fuga de presos. 

Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”: condenado a 3 años por porte ilegal de armas y falsedad en documento. Le dieron detención domiciliaria en una casa de Bogotá, de la cual se fugó en 2010. En su contra hay una Circular Roja de Interpol.

José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”: condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Franklin Andrés Vargas Cardona, “Frank”: sentenciado a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso. Hubo preacuerdo con la Fiscalía. El Juzgado, inconforme con dicho pacto, ordenó compulsar copias para que se habrán investigaciones por la supuesta participación de “Frank” en las muertes de Efraín Maldonado (“don Efra”) y el empresario de vehículos Robert Bohórquez.

Félix Alberto Isaza Sánchez, “Beto”: condenado a 9 años y 6 meses por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Hizo preacuerdo con la Fiscalía.

Dairo Alberto Muñoz Torres, “el Indio”: capturado y procesado por concierto para delinquir.

Jean Fernando Espinoza, alias “Yam” o “la Firma”: el expolicía firmó un preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 15 años de cárcel por porte ilegal de armas de uso civil y militar. 

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “el Compa”: condenado a 36 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Aún no ha sido extraditado.

Maximiliano Bonilla Orozco, “Valenciano”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Espera la sentencia en una cárcel de Nueva York.

Alirio de Jesús Rendón Hurtado, “el Cebollero”: condenado a 4 años y 2 meses por concierto para delinquir, con preacuerdo con la Fiscalía. Y sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de activos.

Fabio Édison Gómez Ruiz, “Riñón”: tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio agravado y tentativa de homicidio de agravado, por un tiroteo de 2003, en el que sicarios bajo su mando mataron a dos personas e  hirieron a otra. También está judicializado por concierto para delinquir.

Hugo Albeiro Quintero, “el Patrón de Bello”: condenado a 7 años y medio por concierto para delinquir agravado. Ya está en su casa, con libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

Hernán Darío Giraldo Gaviria, “Cesarín”: condenado a 20 años y 9 meses por ser el autor intelectual del homicidio del empresario Argemiro Salazar en 2009.

Víctor Manuel Quintero Alzate, “Víctor Colas”: tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, será condenado a 6 años y un mes de cárcel por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

César Augusto Correa López, “don Pepe”: condenado a 38 años y 6 meses por el asesinato de un investigador del CTI en 1997. Absuelto de un proceso por extorsión. Actualmente está libre.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, “Adiel”: después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 6 años por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi”:  capturado y procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El anterior registro demuestra que muy pocos de los presuntos líderes de “la Oficina” están respondiendo por homicidios ante la justicia. Y entonces, ¿quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

El crimen en cuestión, de acuerdo con el expediente policial, ocurrió a la 1:30 a.m. del pasado 12 de diciembre, en la calle 94 con la carrera 67. La víctima fue un joven de 15 años, estudiante de sexto grado en un colegio de la zona, quien al parecer estaba ebrio al momento de la agresión, circunstancia que fue aprovechada por los victimarios. Este es el relato del caso, elaborado por El Colombiano con colaboración de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Gago", presunto miembro del combo "Pájaro Azul". Otros dos indiciados están pendientes de la captura. Foto de cortesía.

Según la investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Fiscalía y la Sijín, tres sujetos lo golpearon con un bate de béisbol hasta dejarlo rendido en el suelo, en plena vía pública. Ahí lo remataron con un disparo de revólver en el ojo izquierdo, convirtiéndolo en uno de los 120 menores de edad asesinados en Medellín en 2012, de acuerdo con Medicina Legal.

Los autores materiales, indica el expediente, habrían sido presuntos integrantes de un combo denominado “Pájaro Azul”, el cual delinque en Castilla. Entre ellos estaría alias “Gago”.

La Fiscalía 2 Seccional de Medellín, adscrita a la Unidad de Vida, solicitó la orden de captura, la cual fue ejecutada por policías de la Sijín el pasado 13 enero a las 8:25 p.m., en la calle 94 con la carrera 67A (a media cuadra de la escena del crimen).

“Gago”, quien dijo ser obrero de construcción, fue presentado ante el Juzgado 32 Penal Municipal, donde la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El procesado rechazó los cargos y el juez le dictó la medida de aseguramiento en la cárcel.

Sobre las causas del asesinato, las autoridades investigan si se debe a que el adolescente, al parecer, intentó enamorar a la novia de uno de los miembros del combo ilegal.

El Inspector.

Ese, sin embargo, no es el caso de alias ‘Douglas’, un presunto cabecilla de la organización ‘La Oficina’, quien lleva más de tres años en el juzgamiento y todavía no se resuelve su situación jurídica.

Alias 'Douglas', capturado el 15 de abril de 2009, está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Y todo indica que tardará otros meses más, porque la justicia de nuevo le metió el freno y echó reversa, en una audiencia de la semana pasada (14 de mayo).

Ese día, los asistentes al recinto en el Palacio de Justicia de Medellín esperaban que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado definiera el número de años de condena que agobiarían a José Leonardo Muñoz Martínez.

Esto porque el anterior 23 de febrero, ese despacho había anunciado que el sentido del fallo sería condenatorio, por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo; y absolutorio, para los delitos de desaparición forzada, extorsión y dos homicidios.

La sorpresa fue que apareció una nueva jueza en el Juzgado Quinto, que reversó la decisión de su predecesor. La jurista indicó que observó fallas en los procedimientos de la Fiscalía desde el principio, pues en la etapa de imputación, le imputó unos delitos al detenido, en la acusación lo acusó por otros, y después del juicio, en los alegatos finales, pidió que lo condenaran por unos diferentes.

Similar situación habría ocurrido con las otras tres personas vinculadas a ese caso: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias ‘El Compa’), Sergio Alejandro Salazar Muñoz y Estefanía Cardona Rendón.

La decisión de la juez fue anular la actuación de la Fiscalía desde los alegatos conclusivos, es decir, después del juicio; en consecuencia, se quedó sin piso el sentido del fallo, instancia que tendrá que repetirse. Esta proclama fue apelada.

Aprovechando la conyuntura, la defensa de ‘Douglas’ pidió que se anulara de una vez todo el juicio, por considerar que había una violación al debido proceso. Esta petición la rechazó la juez y el abogado apeló.

Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Medellín resuelva las dos apelaciones, para ver si valida o no la anulación de la actuación de la Fiscalía, y si acepta o no la petición de anular el juicio. Una vez tomadas las decisiones, se retomará el curso de las audiencias. Por ahora, los cuatro procesados continuarán en sus respectivas cárceles.

En el aire quedó la razón por la cual hubo cambio de juez, algo que resultó determinante en este asunto judicial. La judicatura no lo explicó oficialmente, por lo que en los corredores del Palacio se manejan tres versiones : que el anterior togado se enfermó, que se jubiló y orondo se fue o que lo relevaron del cargo porque su periodo había terminado y llegó alguien nuevo por concurso de méritos.

Sobre el tema de ‘Douglas’, hay que aclarar una falsa noticia que circuló en un medio de comunicación de la Capital. El pasado 9 de mayo mataron a tiros en el municipio de Itagüí a la abogada Leyda Acosta Enciso, quien ejercía en el departamento del Meta y al parecer la citaron aquí para eliminarla.

Posteriormente se publicó que era abogada del citado cabecilla, cuestión que desmintieron los propios defensores de Muñoz Martínez. “Ni siquiera la conocíamos”, dijeron Fermín Amado Saavedra y Luz Esperanza Medina, quienes han representado a este personaje desde el principio.

La investigación, sin embargo, va por buen camino, pues al parecer la occisa portaba una carta al momento del homicidio, la cual está en poder de la Fiscalía y sería la clave para esclarecer quién ordenó su muerte.

Mientras se resuelve el enredo de su proceso, Muñoz Martínez sigue afirmando que es inocente, que él no es “ese tal ‘Douglas’ de ‘La Oficina’ que la Policía menciona”.

Para retomar esta historia desde los antecedentes, les recomiendo la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de ‘Douglas’.

El Inspector.