El Colombiano tuvo acceso a la información de este caso, que la Policía y la Fiscalía reactivaron en 2020, en contra de una de las estructuras más antiguas del Valle de Aburrá. Este es el informe periodístico, realizado con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los alimentos son transportados en carros viejos, sin respetar la cadena de frío reglamentaria. Fotos de cortesía.

El fenómeno ocurre hace una década, pero en los últimos tiempos se perfeccionó y durante la pandemia por la covid-19 se afianzó, pues no todas las tiendas de la zona tienen capacidad para hacer domicilios. Ese vacío lo aprovecharon los ilegales.

Según las fuentes de Inteligencia, y habitantes de Santa Cruz que conversaron con este diario bajo reserva de identidad, la red de distribución de “los Triana” funciona así: adquieren los productos en las centrales de abasto o los traen de pueblo cercanos del Oriente y Suroeste de Antioquia.

Su catálogo incluye derivados lácteos (yogur, queso y leche), carnes frías (mortadela, jamón, chorizo, salchichas, costillas de cerdo y carne condimentada empacada al vacío) y productos de limpieza de distintas marcas. “También están ofreciendo fresas, mangos y uvas, que traen en baldes”, anotó un residente.

La mercancía es almacenada en dos casas, una del barrio El Playón de Los Comuneros (Santa Cruz); y otra en el sector La Gabriela, en Bello. Los alimentos se empacan en neveras portátiles de “icopor” o plástico, y repartidas en carros viejos, que también se emplean para el transporte informal de pasajeros.

Un informante narró a los policías que estos productos se venden entre el jueves y el domingo: “Usan ocho vendedores por barrio, son muchachos criados ahí mismo. Visitan a los clientes puerta a puerta y en promedio cada uno vende $180.000 diarios”.

El expediente judicial detalla que el surtido cobija los barrios El Playón, La Frontera, Pablo VI, La Isla, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Villa del Socorro, Santa Cruz, La Rosa y Moscú N°1 (comuna 2); también Popular, Moscú N°2 y Villa Guadalupe (comuna 1); así como Zamora, Santa Rita y La Gabriela (Bello). “Y ya empezaron con el negocio en el barrio Limonar N°2, en el corregimiento San Antonio de Prado, donde la banda también tiene influencia”, indicó un agente.

Los vendedores son coordinados por alias “Naranjo”, un presunto cabecilla financiero. El cálculo preliminar es que la estructura obtiene un promedio de ingresos semanal de $26 a $40 millones.

En el seguimiento a “los Triana”, agentes de Inteligencia fotografiaron los sitios de acopio de los alimentos. Foto de cortesía.

PELIGRA LA COMPETENCIA
Este problema sucede en más comunas y con otros combos, según la Fiscalía, pero en el área de “los Triana” parece estar más enraizado. Una de las razones son las ventas a crédito, sin intereses, con los que la banda compite contra las tiendas y supermercados.

“Los vendedores insisten demasiado, convencen a la gente de que se quede con la mercancía y la pagan a los ocho días o cuando puedan; y cuando van a cobrar después, les ofrecen más cosas fiadas, y así mantienen una deuda constante”, dijo un poblador.

Agregó que para esos créditos, los “muchachos” toman los datos del cliente (nombres, teléfonos, dirección, etc.), con lo que podrían tener “el censo más exacto que el del Dane”.

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Los entrevistados afirmaron que no conocen casos en los que “los Triana” obliguen a los ciudadanos a comprar, aunque su histórica presencia es intimidante. Contra los competidores sí hay una amenaza. “El año pasado les dieron la orden a los tenderos de que no podían vender los huevos más barato que ellos”, prosiguió el residente. También se han presentado extorsiones a empresas que reparten sus alimentos en esa jurisdicción.

La Fiscalía ha documentado dos asesinatos de competidores. El 25 de enero de 2017, el distribuidor de productos lácteos Víctor Hoyos Mazo, de 36 años, fue tiroteado por sicarios en el barrio Aranjuez. Y el 26 de abril del mismo año le dispararon a Gustavo Restrepo Ruiz en el barrio Caribe, y a los dos días falleció en Policlínica; fue empleado de Colanta en el pasado, y tras retirarse montó su propia ruta de distribución.

A los dos, “los Triana” los habían golpeado y les botaron su mercancía al suelo para que huyeran del sector, pero ellos insistían en regresar. La relación de las muertes con las amenazas está en indagación.

En estas neveras portátiles, los vendedores reparten los productos puerta a puerta, sin medidas sanitarias. Foto de cortesía.

OPCIONES DE INTERVENCIÓN
Jorge Giraldo, docente e investigador de Eafit, coordinó en 2014 el estudio titulado Nuevas modalidades de captación de rentas ilegales en Medellín. En su criterio, “las bandas se están involucrando cada vez más con mercancías legales, como arepas, huevos y licores, lo que las convierte en una especie de empresa con ingresos mixtos (lícitos e ilícitos)”.

Aunque eso dificulta su persecución, es claro que las ganancias fortalecen a una organización dedicada al sicariato, el narcotráfico y la extorsión, entre otras atrocidades.

El antecedente más cercano de una intervención contra su monopolio, sucedió en junio de 2018, cuando el Gaula arrestó a ocho integrantes y allanó una fábrica de arepas en el Popular, propiedad de “Asdrúbal”, un presunto colaborador. “La organización controlaba la venta de arepas en la zona, obligaba a los tenderos a comprarle este producto solo a ‘Asdrúbal’”, informó la Fiscalía en ese entonces.

Giraldo sugirió que, para frenar esta dinámica, las autoridades deben continuar los esfuerzos por desmantelar a la banda, consolidar una oferta institucional permanente y hacer controles con la normatividad vigente sobre transporte de alimentos, registro Invima y medidas sanitarias de almacenamiento. “La Policía podría detener esos carros y preguntarles si tienen los permisos legales”, manifestó.

Las fuentes de Inteligencia aseveraron que los implicados no cumplen ninguna de esas reglas, que el Código de Policía permite expedir comparendos y que en conjunto con las autoridades civiles podrían hacerse operativos sanitarios, pero que esto casi nunca ocurre en el área.

Consultamos la opinión de la Alcaldía de Medellín, pero al cierre de esta edición no había llegado su respuesta. El mayor Óscar Mejía, comandante del Gaula Metropolitano, advirtió que no hay denuncias formales sobre este fenómeno. “Instamos a la comunidad a informarnos de estos hechos, para iniciar las investigaciones oficialmente”, dijo.

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ANEXO: RECOMENDACIONES DEL GAULA

El mayor Óscar Mejía, comandante del Gaula Metropolitano de la Policía, invitó a los ciudadanos y comerciantes a denunciar estas situaciones a la línea de emergencia 165. “Si es víctima de extorsión, avísenos de inmediato y trate de dilatar la entrega del dinero, para que podamos actuar”, sugirió. Otra de sus recomendaciones es instalar en el celular una aplicación que permita grabar las llamadas extorsivas, para recaudar evidencia contra los delincuentes. En lo que va de 2020 se presentaron 10 homicidios en Santa Cruz, tres más en ese lapso del año pasado.

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El Inspector.