Su torcido camino llegó al punto de no retorno tras el asesinato de su novia de 15 años y su bebé recién nacido en el municipio de Bello, hecho por el cual fue condenado a la máxima pena que otorga la legislación colombiana.

Este es Juan Fernando Peláez Vega junto a su defensora, durante una audiencia en Bello.

La historia de este homicida comienza, como muchas otras de su especie, con un entorno de violencia familiar y deja la moraleja (si es que este concepto aplica aquí) de que la malcrianza de un infante puede tener consecuencias nefastas. Siempre debemos acompañar de buena manera el desarrollo de los niños.

Pero esto no ocurría en el hogar del barrio bellanita El Porvenir. Según las denuncias de su propia madre ante la Fiscalía, Juan Fernando se drogaba desde muy pequeño y se robaba las cobijas y la ropa de la casa, incluso una vez sustrajo la bicicleta de una hermana.

Julied Vega, consciente de que no era capaz de controlar a su hijo, lo envió a un internado. Mas el muchacho escapó del establecimiento y se fue a vivir en un circo ambulante, donde aprendió el oficio de trapecista.

De vez en cuando visitaba a la familia y peleaba con todo el mundo. A su mamá, quien padece ataques de epilepsia, la llamaba “la loca” y ella, según consta en las denuncias, llegó a decir que Juan Fernando era “el diablo”. Él respondía pegándole y una vez le tiró una caneca a los tobillos.

EL DOBLE HOMICIDIO

Cumplidos los 18 años, Peláez Vega tenía una novia quinceañera en el barrio La Maruchenga. Y la chica, llamada María Alejandra Flórez Barrientos, quedó embarazada al parecer de otra persona.

A las 11:15 a.m. del 2 de julio de 2008, los vecinos lo vieron entrar a la casa de la muchacha, en la carrera 67 con la calle 25BB. Una hora más tarde salió, cargando una caja de manera muy sospechosa.

Una vecina, observando desde su balcón, tuvo un mal pálpito y le ordenó a su hijo que fuera a la vivienda. La puerta no tenía cerradura y varios habitantes de la cuadra entraron a ver qué pasaba. Encontraron a María Alejandra tirada en el piso, asesinada por diez terribles heridas de arma blanca.

Junto a ella, sobre una cama, yacía su bebé Juan Pablo. El niño solo vivió 35 días en este mundo, hasta que a su corta edad apareció Peláez Vega. El análisis forense reveló después que el bebito tenía el cráneo fracturado por un fuerte golpe y que murió por asfixia mecánica, al parecer sofocado con una cobija.

La escena del crimen estuvo rodeada por decenas de vecinos.

El horrible hallazgo enfureció a la comunidad y los ciudadanos comenzaron a buscar al autor del crimen. Lo pillaron cerca a la quebrada La Loca y lo persiguieron con ganas de lincharlo. El sujeto no tuvo más remedio que soltar la caja y emprender una desesperada huida.

Dentro de la caja había un televisor y un reproductor de DVD, los cuales había hurtado de la casa de su novia muerta. También había una mochila, en la cual estaba el cuchillo ensangrentado. El trapecista se arrojó por los matorrales de la cañada, sufriendo varias heridas en la piel por las ramas.

Una patrulla policial dio una ronda por el lugar y el perseguido apareció sobresaltado, pidiéndoles a los uniformados que lo protegieran de la gente enardecida.

Al otro día fue llevado a la audiencia de control de garantías, donde el fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto agravado. Pero ante la pregunta del juez, Pélaez Vega negó esos cargos y se declaró inocente.

Su defensa trató de evitar que lo enviaran a la prisión, alegando que el procesado era casi un menor de edad (había cumplido los 18 años hacía seis meses). La defensora de oficio también recordó su infancia retorcida y la degradación por los estupefacientes, tratando de usar esos factores como atenuante para influir en la decisión del juez. No lo logró y al detenido le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista.

El proceso judicial continuó y más adelante Peláez Vega, quien para ese entonces era conocido públicamente como ‘El cirquero asesino’, aceptó la culpabilidad. Buscaba al parecer una negociación con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena, pero sus víctimas fueron dos menores de edad y la nueva Ley de Infancia impedía otorgar beneficios a los asesinos de niños (al menos en este caso, la justicia aplicó esa ley, porque hay excepciones).

El 14 de noviembre de 2008 se hizo pública la sentencia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello condenó a Juan Fernando Peláez Vega a pagar 60 años de cárcel, la máxima condena de la jurisprudencia colombiana. Salvo alguna eventualidad, el trapecista saldrá de la prisión a los 78 años de edad.

Se criará, prácticamente, detrás de los barrotes, y sus tutores serán otros criminales como él. Allí pasará de la adolescencia a la adultez y después a la vejez. Y todo esto parecía advertido desde el principio de su vida.

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El Inspector.

Se trata del vigilante Japhson Antonio Londoño Palacio, un chocoano de 34 años que trabajaba en el centro comercial La Cascada, donde ocurrieron los hechos el pasado 6 de septiembre.

Los presuntos homicidas capturados en la operación 'Manantial' de la Sijín y el CTI.

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Su captura fue el 22 de octubre, en el barrio Belén La Mota, en la operación ‘Manantial’, donde cayeron cinco presuntos homicidas por hechos diferentes. Ese mismo día se realizaron las audiencias preliminares.

Para el ente acusador, el procesado tuvo la oportunidad de alertar sobre lo que estaba pasando y no lo hizo. Contaba con un botón de pánico, un radio conectado a la Policía y esa noche habló varias veces con la administradora de La Cascada. Tampoco activó la alarma general del centro comercial y era el único que tenía las llaves para acceder a los pisos por donde fue trasladado el cadáver.

Los restos fueron hallados a los tres días y durante ese tiempo el vigilante mantuvo su versión, de que vio al difunto salir con la mona. Pero, acosado por las labores de los investigadores, le contó a la administradora que actuó así intimidado por dos sujetos que tenían a Rendón cautivo en un local.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, en calidad de coautor. La Jueza Primera Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, le ordenó una detención preventiva en prisión. En la audiencia, Londoño negó los cargos en su contra. El proceso continuará y aún faltan las capturas de los demás implicados.