Esto han indicado fuentes de la Fiscalía, tras señalar que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar, por petición de la defensa del sentenciado, cambió la detención intracarcelaria a la que está sometido, por la domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner García, alias “Carlos Pesebre”, es cabecilla de “la Oficina” y la “Odín Robledo”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Cortesía Policía.

García Ramírez está pagando en la prisión de Valledupar una pena de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace un par de meses lo sancionó incluyéndolo en la Lista Clinton, siguió delinquiendo y orquestando su banda desde la celda.

El argumento con el cual la defensa solicitó el cambio en la medida de aseguramiento es, de acuerdo con las fuentes judiciales, que “Carlos Pesebre” es padre de familia y la jurisprudencia debe velar por la protección de los menores de edad.

Bajo este mismo pretexto recibieron la detención domiciliaria otros dos cabecillas de “la Oficina” condenados, con el agravante de que ambos se fugaron de las casas a las cuales los llevaron: Hernán Darío Giraldo Gaviria (“Cesarín”) en 2014 y Carlos Hernández Ossa (“Duncan”) en 2010.

Voceros del Inpec confirmaron que la solicitud del juzgado llegó en la tarde de este viernes (diciembre 5) al establecimiento de Valledupar. Ahora el área jurídica de esa dependencia analiza la hoja de vida (proceso de sustanciación) del detenido para determinar si no existen otros requerimientos judiciales que obliguen a frenar su salida.

En caso de que no los haya, “Carlos Pesebre” dirá el domicilio en el cual continuará cumpliendo la pena, que será visitado por una trabajadora social, y el Inpec notificará a la Policía del Cuadrante y hará registros periódicos. Se presume que, si no hay impedimentos, su traslado se daría en la tarde de este sábado 6 de diciembre.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

Los arrestados son el teniente Carlos Arley Totena Girón y el patrullero Darwin Israel Ortiz Caicedo, quienes para el momento en que ocurrió el crimen estaban de servicio en la estación policial de La Candelaria, ubicada en el centro de Medellín. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento en el que los policías, ahora destituidos, fueron llevados al búnker de la Fiscalía para su reseña. Cortesía de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos sucedieron el pasado 6 de octubre, cuando en la Plaza de Cisneros (también llamada Plaza de la Luz) se celebraba el Día Mundial de los Animales. Allí fue aprehendido Henry Betancur Jaramillo, de 33 años, y luego conducido en una patrulla hasta la base de La Candelaria.

Al parecer el ciudadano estaba en alto grado de exaltación por el consumo de estupefacientes, según las primeras versiones.

En el lugar, precisa la indagación preliminar, lo sometieron a una brutal golpiza. Después varios policías lo llevaron a la Policlínica Municipal, indicando que el muchacho había sido encontrado en ese lamentable estado en las afueras de su estación.

Betancur no resistió las lesiones y falleció en la camilla. Medicina Legal dictaminó que las causas de su deceso fueron las severas fracturas y  heridas producidas por golpes contundentes en genitales, extremidades, cabeza, cuello y abdomen, que al final le generaron una hemorragia en los pulmones.

A las 8:00 a.m. de hoy (diciembre 27), los agentes de la Unidad de Vida del CTI capturaron al teniente Totena, tras citarlo a la sede de la Sijín en el barrio Caribe; de manera simultánea, arrestaron al patrullero Ortiz cuando cumplía el turno de servicio en la estación de Barbosa. Se presume que ambos habrían participado en la tortura.

A las dos horas los presentaron a la audiencia de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín. El Juzgado Séptimo Penal Municipal legalizó las capturas y la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, el cual fue rechazado por ambos.

El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel, a la espera de la continuación del proceso. Su defensa apeló la decisión.

El general Yesid Vásquez Prada, inspector General de la Policía, indicó que Totena y Ortiz fueron destituidos de la Fuerza Pública; a otros dos uniformados los suspendieron seis meses mientras avanzan las investigaciones disciplinarias; y a otros seis los exoneraron por el mismo hecho, incluyendo al comandante de la estación, mayor Andrés Segura, quien no estaba presente aquel día.

NOTA RELACIONADA: Un policía cae a prisión por caso de secuestro.

El Inspector.

Sergio Hurtado aceptó ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín que desmembró los cadáveres de dos muchachas en el barrio Boston y trató de ocultar la evidencia, por lo que fue enviado a la cárcel Bellavista.

Las víctimas, Katherine (arriba) y Cindy. Al lado, la imagen de Sergio Hurtado difundida en internet. Cortesía.

El crimen, al cual Revelaciones del Bajo Mundo le ha hecho seguimiento desde el principio, ocurrió el 4 de marzo de 2009, cuando la Policía encontró en la casa de Hurtado los restos de Cindy Lorena Giraldo Correa y Katherine Cano Patiño.

Las jóvenes de 17 años habían sido desmembradas y el perpetrador ocultó sus miembros en una caneca, la cual llenó luego con cemento. Cuando arribaron los uniformados, el papá de Hurtado evitó que entraran, mientras el sospechoso escapaba por los tejados y huía de la ciudad.

Las familias de las muchachas, de escasos recursos económicos, comenzaron a tocar todas las puertas, clamando apoyo de las autoridades para que el caso no quedara en la impunidad.

En el último mes, la Fiscalía decidió cambiar el expediente de despacho, y el nuevo funcionario asignado expidió la orden de captura, más de cuatro años después de lo sucedido.

En ese tiempo, Hurtado no tuvo mayor presión sobre sus hombros que un grupo de Facebook, en el cual los amigos de las occisas difundieron su foto, y el recordatorio anual que los medios de comunicación hacían sobre el caso.

Con la orden judicial, el CTI lo arrestó hace dos semanas en la ciudad de Montería, Córdoba. En la audiencia, realizada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía le imputó el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, el cual aceptó el detenido.

Con esa aceptación, podría recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena que después emita el juez, que sería entre 4 y 12 años de prisión, según estipula la ley.

El ente acusador no le imputó el delito de homicidio porque el Instituto de Medicina Legal no logró determinar la causa de la muerte, debido al alto grado de descomposición de las partes y la contaminación producida por la cal y el cemento que Hurtado empleó para tratar de ocultarlas.

En síntesis, se sabe que él las desmembró, pero no hay pruebas científicas para determinar si las mató. La otra hipótesis, tampoco probada, es que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes y él quiso deshacerse de los cuerpos después.

Con el proceso penal, tal cual está formulado, Hurtado podría salir muy pronto de la cárcel. La paradoja es que no se probaría que sea un asesino, pero sí un descuartizador. ¿Será que eso es tranquilizador para la sociedad?

Para conocer los detalles del caso desde el principio, pueden leer las NOTAS RELACIONADAS:

Hallados dos cuerpos en caneca con cemento.

Piden recompensa por el caso de Boston.

Cuatro años de un caso atroz y no hay justicia.

El Inspector.

Entre los crímenes aceptados en el estrado, está la recordada masacre de ocho personas en el centro del municipio de Envigado, en 2010. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Los sicarios procesados, durante uno de los ingresos a las audiencias, en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Pablo Santa.

La audiencia de imputación finalizó en la tarde de este 12 de diciembre, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia. Los cargos fueron formulados por la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes, en el Palacio de Justicia, donde posteriormente el juzgado les dictó medida de aseguramiento intracarcelaria a los procesados.

Los perjudicados con la decisión, son: el cabecilla Juan Camilo Rivera (alias “Camilo”), Edwin Alberto Morales Franco (“Edwin”, “el Pollo” o “Toto”), Jaiber Alonso Zapata Sierra (“Jaiber”), Wálter Sierra Zuleta (“Wálter”), John Fredy Rivera (“Fredy”), John Fredy Morales Sierra (“Fredy 2”), Ricardo de Jesús Castaño Urrego (“Ricardo”, “el Gordo” o “Bebé”) y David Leonardo Zuleta Álvarez (“Caballo” o “Muelas”).

Los afectados eran integrantes de la organización criminal “los Mondongueros”, cuya base es la comuna 5 de Medellín (Castilla) y, de acuerdo con la investigación, estaban reservados para casos de alta perfil, por lo que eran denominados “los soldados”.

Los mercenarios tenían prohibido drogarse y emborracharse, siempre debían estar disponibles para el llamado a la acción, muchas veces concentrados en apartamentos de la organización. Para realizar sus fechorías disponían de armas y accesorios de última generación, como equipos de visión nocturna, fusiles Herstal PS90 y las pistolas FiveSeven, importadas clandestinamente desde Estados Unidos y conocidas en el bajo mundo como “las matapolicías”.

Los integrantes de esta célula sicarial fueron capturados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) el 2 y 3 de diciembre de 2010, durante operativos simultáneos en Manrique y El Poblado (Medellín), Bello, Sabaneta, Guarne y Envigado (ver la NOTA RELACIONADA: Tras las rejas los supuestos sicarios de la masacre).

En mayo de 2011 la justicia los condenó a penas de cuatro y medio a seis años de cárcel por concierto para delinquir, pero en otro despacho continuaron las investigaciones por los asesinatos.

En esa noche se presentó un tiroteo en la entrada del establecimiento, entre los matones de “Valenciano” y presuntos secuaces de “Sebastián” que estaban en el recinto. Los más afectados fueron los civiles que quedaron en medio: murieron ocho personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, y doce más quedaron heridas (ver la NOTA RELACIONADA: La matanza que nos regresó al pasado).

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, quien emitió el sentido del fallo condenatorio contra Camilo Piedrahíta Monsalve, alias “la Máscara” o “Lucky”, y Juan Carlos Restrepo Gallego, apodado “Cafés”.

Con este volante la Policía estuvo buscando a los sospechosos de la masacre. Cortesía.

La matanza ocurrió el 19 de septiembre de 2010 en el bar “El Punto Cervecero”, del sector Miramar, en el noroccidente de la ciudad. La gente bebía, bailaba  y charlaba cuando aparecieron los sicarios de madrugada. Iban en una moto y un taxi robado en Belén, y dispararon de manera indiscriminada con pistolas y una subametralladora 9 milímetros.

Murieron  Cruz Elena Agudelo Martínez (38 años), Manuel Guillermo Valencia (23), Johny Alexánder Espitia (25) y dos adolescentes de 16 años, llamados Sandrit Blanco Izquierdo y Manuel Emilio Arias. Ocho personas resultaron heridas. El crimen fue ejecutado por la organización criminal “los Machacos”, que delinque en las comunas 5 y 6.

La Policía imprimió volantes con los alias de los tres principales sospechosos: “Checho” (quien era menor de edad cuando sucedió la masacre), “Cafés” y “la Máscara”. Estos dos últimos huyeron de Antioquia, pero la Policía los arrestó el 9 de julio de 2011, en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Les incautaron tres pistolas Pietro Beretta, una escopeta de repetición y dos silenciadores, según la Fiscalía.

Tras el fallo condenatorio del juzgado, queda pendiente la audiencia de lectura del fallo, donde el juez expondrá los argumentos de la decisión y el monto de la pena. La Fiscalía ha pedido la máxima sentencia: 60 años, por múltiple homicidio agravado, ocho tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. Ambos están en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

Por su parte, alias “Checho” estuvo escondido en la ciudad de Santa Marta (Atlántico), aunque regresó a Medellín para celebrar su cumpleaños número 18 al peor estilo de los traquetos, con una bullosa rumba callejera. La Policía lo apresó el 27 de agosto de 2011 y lo judicializó por la masacre.

No obstante, lo benefició la Ley de Infancia y Adolescencia, que lo abrigaba en el instante en que empuñó las armas para acribillar a la gente. A los pocos meses volvió a la calle, en libertad. Se dice que regresó a sus escondites de la Costa Atlántica, burlando a la justicia por el momento.

NOTA RELACIONADA: Masacre en el Día del Amor y la Amistad.

El Inspector.

Esa captura del pasado martes 19 de marzo en la finca hotel Río Manso, en el municipio de Urrao, fue el preludio para el destape de uno de los expedientes más tenebrosos en el bajo mundo de la ciudad: el de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), un grupo que comenzó vistiendo el camuflado de las Autodefensas y luego mutó a la mafia de “la Oficina”. Esta es la historia del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Luis García ("Maicol"), Javier Marín ("Tatú"), Freyner Ramírez ("Carlos Pesebre") y Andrés Álvarez ("Andresito" o "Andrew"). Lucieron tranquilos durante la imputación de cargos. Foto de El Colombiano.

Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía 27 de la Unidad contra las Bandas Emergentes reveló las declaraciones de unas 15 víctimas y el registro de diversas investigaciones adelantadas contra los cuatro capturados en el allanamiento: Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), Javier Ventura Marín Álvarez (“Tatú”) y su primo Andrés Felipe Álvarez López (“Andresito”).

Dentro de las revelaciones en el estrado del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, la Fiscalía hizo énfasis en una que involucra a decenas de funcionarios públicos: “Miembros de la Policía, el Ejército, CTI, fiscales, Sijín, empleados de la Rama Judicial han trabajado para ‘Carlos Pesebre’, tal es el grado de corrupción que genera esta organización”.

Luego leyó el correo enviado por un informante al que le dio credibilidad, según el cual “‘Pesebre’ es el patrón de los policías en Medellín”. Agregó que al parecer los sospechosos usan cédulas a nombre de terceros obtenidas en la Registraduría, incluso al buscar en esa entidad “la tarjeta alfabética del señor Freyner no aparecía”.

Y el 17/11/05 un juez, al parecer, le alteró un proceso penal para que no figurara con hurto de hidrocarburos, sino con porte de estupefacientes, pese a que había sido sorprendido con varios galones.

A la banda se le atribuye el control de válvulas clandestinas para extraer combustible del oleoducto de Ecopetrol que atraviesa el occidente de la ciudad y pasa por áreas de dominio territorial de los ilegales, como Aguasfrías, San Cristóbal y Altavista.

Un exmiembro del clan, quien era encargado del tráfico de hidrocarburos, detalló al organismo judicial cómo funcionaba el proceso: “Maicol”, “Tatú” y otros administraban válvulas para drenar el ducto, luego el combustible era envasado en canecas y transportado en buses de servicio público de una reconocida empresa. Por ese transporte se pagaban $4 millones.

Los buses eran escoltados, según la denuncia, por cuatro policías a bordo de dos motos oficiales, quienes recibían $500.000 cada uno por el recorrido desde la glorieta de Don Quijote hasta Calasanz, donde menores de edad expendían el producto.

Esta confesión le costó caro al exmilitante, quien fue desplazado de su vecindario por querer dejar la banda, según la Fiscalía. Le mataron a un abogado y torturaron a algunos familiares para que delataran su paradero y a una sobrina la raparon.

El 24/3/11 “Andresito” y tres sujetos lo ubicaron en una obra en la que trabajaba, pero este huyó saltando un muro y hoy es testigo protegido.

SICARIATO
Del expediente judicial se extrae que uno de los primeros homicidios atribuidos a la estructura fue el del médico Jaime Posada (03/1/97).

Una testigo relató al ente acusador que “Pesebre” y Carlos Arturo Suárez invadieron ese día su casa con la ropa ensangrentada y le dijeron que no abriera la puerta porque acababan de matar a alguien.

Según la narración, Suárez (alias “Califa”) fue capturado y se atribuyó él solo el crimen, para dejar en limpio a su patrón, por lo que pagó 10 años de prisión. “Pesebre” le habría dado una gruesa suma de dinero para su comodidad en la cárcel Bellavista, pero en su barrio comentaba que su amigo era “un pbore güevón” por estar pagando esa condena. Aún así, “Califa” llegó a ser uno de los “caciques” más respetados en el penal.

Al salir trabajó de contratista para la Secretaría de Gobierno, (2007) como mediador en conflictos de combos dentro de un programa de paz y convivencia, pero el 30/6/07 la misma organización, al parecer, lo asesinó junto a su novia en el barrio Los Colores.

Y no habría sido el único integrante liquidado, presuntamente, por sus antiguos compañeros. “El Meca” (exfuncionario del DAS, 16/7/05), “Jaimico” (05/2/12), “Chino” y “Gallinazo” (08/5/09), “Saya”, “el Negro Elkin” (cabecilla de “la Oficina”, 26/9/08), entre otros, fueron cazados “porque ya no les sirven”, aclaró la fiscal (ver las NOTAS RELACIONADAS: El súper blindaje no fue la salvación y Balacera en un local de repuestos).

Uno de los asesinatos más sonados que se le endilgan al grupo de capturados es el del paciente guatemalteco Roberto Leonel Hernández, ejecutado en la clínica Las Américas (06/2/09) por mercenarios disfrazados de médicos (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques a bala en centros médicos de Medellín).

Otro es el doble homicidio de dos jóvenes en Aures (11/3/13), al parecer, porque no se dejaron reclutar; el de la líder social Judith Vergara (23/4/07); y el que generó el rechazo general de la sociedad paisa: el rapto, tortura, mutilación y entierro de dos niños de 11 años, residentes de la comuna 13 (16/2/13). Por este caso hay una orden de captura contra “Maicol”, como supuesto autor intelectual, quien próximamente será citado a esa audiencia (ver la NOTA RELACIONADA: Arrestan a sospechosos de matar a dos niños).

También trascendió en la diligencia que García tiene una condena pendiente de 11 años y 3 meses por un homicidio de 2003, proferida por un juzgado de Bello.

Muchos de esos “trabajos” serían realizados por jóvenes entrenados en una finca de Guarne. Un exmilitar apodado “Jotalibán”, cabecilla de la facción en Robledo, se encarga del adiestramiento y la distribución de fusiles AK-47, según la información en poder del ente investigador.

En la audiencia, Freyner Ramírez escuchó cuando la funcionaria lo señaló de emplear dos identidades falsas en sus viajes (uno de ellos a Ciudad de México): Diego Gómez Valencia y Carlos Bucharat Mejía, esta última al parecer usurpada a un hombre asesinado en 2008 en el barrio Antonio Nariño.

Y un desmovilizado contó que el cabecilla recibió una vez $5.000 millones por el secuestro de una mujer, cuyo cadáver fue hallado en la maleta de un carro.

Otras víctimas, muchas de ellas milicianos, habrían sido enterradas en el sector La Arenera de la Comuna 13.

LA PLATA O LA VIDA
Dentro de las fuentes de financiación de la “Odín Robledo”, que según la Policía integran unos 200 hombres, está la extorsión a cualquier actividad que huela a comercio.

Las víctimas denunciaron que en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16, y en los corregimientos Altavista y San Cristóbal, vacunaban con $15.000 semanales las máquinas tragamonedas, $35.000 a los buses, de $500.000 a $800.000 mensuales a los parqueaderos y $1 millón a los ingenieros por cada construcción en la zona.

La banda presta el “servicio” de cobranza por deudas superiores a $5 millones, aunque a veces los propios clientes salen amenazados, y también se dedica a la venta de un mismo lote varias veces (estafa).

En este acápite, la Fiscalía citó el caso de una pareja dueña de dos locales de expendio de cerveza frente a la Universidad Nacional. La vacuna empezó en $5.000 a la semana, pasó a $50.000 y después a $200.000, que ya fueron imposibles de pagar para los comerciantes. En consecuencia, quedaron de objetivo militar.

El 09/10/12 la esposa fue a una cita a una finca cerca al barrio El Pesebre, donde la atendieron, entre otros, “Andresito” y “Tatú”, quien le dijo: “Su marido ya es hombre muerto, pero si nos da 15 millones, dejamos así”.

La mujer rogó, hasta que el monto se redujo a $4 millones, que les pagó gracias a un préstamo; sin embargo, no pudieron regresar a sus locales y fueron desplazados con un atentado de por medio.

DESDE QUE ERAN “PARAS”
En la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía hay un completo dosier sobre la estructura de “Carlos Pesebre”, en el que figuran los desmovilizados “Tatú”, “Andresito”, “Maicol” y varias de las 12 personas que estaban con ellos en el hotel el día de la captura, como “Camilo el Grande”, “Lunar” y “Roña”. Estos no fueron detenidos, pero los reseñaron y les incautaron celulares.

De hecho, “Tatú” no solo es reinsertado, sino postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El 27/6/05 rindió una versión libre en la que confesó haber militado en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc, y firmó un acta en la que se comprometía a no delinquir más, promesa que, al parecer, incumplió.

También se dijo en la audiencia que Ramírez iba a reuniones con su patrón Diego Murillo (“don Berna”) en Santa Fe de Ralito (Córdoba), donde se acordó con el Gobierno la desmovilización de los paramilitares (2003), orden que él no siguió.

Al final de su exposición, la Fiscalía les imputó a los cuatro las conductas de concierto para delinquir agravado (por ser jefes de la banda), extorsión y uso de menores en la comisión de delitos; solo a “Tatú” le añadieron desplazamiento forzado, por la pareja de comerciantes.

Al preguntarle el juez si entendió las imputaciones, “Carlos Pesebre” se aproximó al estrado y declaró con voz pausada: “Todo está muy claro”. Luego él y sus supuestos lugartenientes rechazaron los cargos.

FIN.

NOTA RELACIONADA: Se derrumba el mito de alias “Carlos Pesebre”.

POSDATA: 10 INTIMIDADES DEL PROCESO

1. A varios de los presentes en las audiencias de control de garantías, celebradas en el Palacio de Justicia de Medellín, les sorprendió que en la bancada de seis abogados defensores estaban tres exservidores públicos que antes se encargaban de perseguir y juzgar a sospechosos de la misma clase. Se trata del exjuez penal del circuito Humberto Navales (suspendido por sus decisiones en el caso de alias “el Cebollero”), el exjuez penal municipal León Buitrago y el exinvestigador del CTI Wilser Molina.

2. Después de las imputaciones de la Fiscalía, el juzgado les dictó a los cuatro procesados una medida de aseguramiento en la cárcel. Sus defensores apelaron dos decisiones en las audiencias de control de garantías: la legalidad del allanamiento y de las capturas, por considerar que en el procedimiento se violaron derechos de sus clientes. Un juzgado penal del circuito resolverá ese recurso en segunda instancia, en una fecha por definir. Mientras tanto, los cuatro estarán tras las rejas, con la salvedad de que mientras no se les venza en un juicio, son considerados inocentes.

3. Los procesados solicitaron al juez que no los remitieran a las cárceles de Bellavista o El Pedregal, pues allí corría peligro su vida. Pidieron que los internaran en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

4. La captura se logró gracias a un informante anónimo, que se autodenominó “Lucho” y llamó a una oficina de la Dijín en Bogotá para dar la ubicación de los sospechosos. Dijo que había sido él quien también había suministrado en 2011 la ubicación de alias “Guayabo”, el capturado jefe de la banda “Pachelly”. A los defensores les pareció muy raro este personaje, pues la orden de captura (supuestamente secreta) se expidió el sábado 16 de marzo, “Lucho” llamó a la Dijín al otro día y ya sabía que “Carlos Pesebre” tenía esa orden; y para rematar, como no es usual, indicó la ubicación de la finca hasta con coordenadas de longitud y latitud (Norte 6°-13 min. – 48.63 seg., Oeste 76°-6 min. – 58.81 seg.). Los defensores hablaron de filtración de información confidencial y exigieron que identificaran a “Lucho”, pero la Fiscalía no lo hizo.

5. Antes de ser llevados a las audiencias, “Tatú” y “Andresito” fueron revisados en un hospital, por presentar cuadros de diabetes y presión alta.

6. En la finca hotel dormían 20 personas: 4 eran el mayordomo y su familia, el resto los huéspedes. Según la Fiscalía, allí habían más miembros de la banda, los cuales aparecen reseñados en expedientes de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, pero no fueron arrestados por carecer de orden de captura: Juan David Mosquera (alias “Lunar”), Ómar Alexánder Ortiz (“Roña”) y “Juan Camilo Álvarez (“Camilo el Grande”), entre otros, mencionó el ente acusador.

7. En la finca hotel la Policía no halló ni un arma, ni droga ni dinero. Inmovilizaron cinco vehículos y decomisaron cerca de 20 celulares y aparatos electrónicos que la Fiscalía revisará para ver si tienen información de la organización ilegal.

8. En las audiencias se mencionaron los alias de otros presuntos miembros del clan criminal: “Toño” (cabecilla de San Cristóbal), “Camilo el Grande”, “Jotalibán” (cabecilla de Robledo), “Roña”, Mauricio Toro, “Pircin”, “El Diablo”, “Goido”, “Campeón” (distribución de hidrocarburos robados), “Platino” (venta de combustible), “Lunar”, “Macumba”, “Tatuaje”, “Galleta”, “El Mono”, “Luisa” (jíbara en comuna 13), “Aristi”, “Chamo”, “Gomelo”, (barrio La Campiña) “Edwin” y “El Cabezón”.

9. También llamó la atención de los presentes que, pese a tener denuncias sobre asesinatos, la Fiscalía no les imputó a ninguno de los cuatro capturados el cargo de homicidio.

10. En las audiencias, el delegado de la Procuraduría instó a la Fiscalía “a llevar a fondo las investigaciones contra estas redes de corrupción” ligadas al parecer a la banda de “Carlos Pesebre”. “Lo más grave de la exposición que acaba de hacer la Fiscalía, es que elementos del Estado estarían en complicidad”, indicó el procurador delegado.

 El Inspector.

Es que desde el pasado 26 de agosto, cuando se hizo público que ese cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’ recibiría el beneficio de la detención domiciliaria, el caso ha estado hasta en boca del Presidente de la República. ¿Qué hay detrás del alboroto? ¿Y por qué varios procesos contra integrantes de esa organización se han complicado por problemas de salud?

'El Cebollero' ha pasado por las cárceles de máxima seguridad de Palmira e Itagüí. Cortesía del Inpec.

La decisión de revocar el encarcelamiento de Alirio de Jesús Rendón Hurtado fue tomada por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín. Se basó en tres dictámenes médicos, según los cuales el estado de salud del interno (enfermedad coronaria) es incompatible con la detención intracarcelaria. El jurista lo envió entonces a su casa, con custodia del Inpec, en un edificio de El Poblado.

A ‘El Cebollero’ le faltan por cumplir nueve meses de su condena de cuatro años y dos meses por concierto para delinquir, en calidad de financista de la banda ‘La Unión’, un tentáculo de ‘La Oficina’ en el sur del Valle de Aburrá. Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión del juez enojó al presidente Juan Manuel Santos, quien preguntó: “Si está tan enfermo, ¿por qué no lo mandan al hospital, en vez de a su casa?”. El custionamiento (por mucho que se diga que el poder ejecutivo no debe entrometerse con la rama judicial), derivó en una sanción de tres meses para el juez, de parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia, mientras se investiga si cometió errores en su sentencia.

Ahí creció el escándalo. El sindicato (Asonal Judicial) rechazó la presión ejercida por el primer mandatario, y una comisión de Medicina Legal, enviada desde Bogotá, fue al apartamento de Rendón para examinarlo. El resultado del análisis fue que ‘El Cebollero’ sí puede estar en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, donde hay los recursos necesarios para atender su padecimiento.

Se nombró un nuevo juez para el caso, pero la Sijín allanó su oficina y registró los computadores. El jurista presentó la renuncia al cargo, alegando falta de garantías, pero ayer se la negaron. Mientras tanto, el personaje sigue en su residencia y está pendiente de lo que decida el designado.

En eso va esta historia llena de tropiezos. Para conocerla desde el principio, puedes leer la NOTA RELACIONADA: Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

Lo inusual es que ‘El Cebollero’ no es el único cabecilla de ‘La Oficina’ enfermo. José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, asegura que sufre de diabetes; Daniel Alejandro Serna’, ‘Kener’, padece una deficiencia renal, derivada de una herida por arma de fuego hace años; y Fabio Édison Gómez Ruiz, ‘Riñón’, pasó una pequeña temporada en la clínica Las Américas durante su encarcelamiento en la cárcel de Itagüí.

El caso de ‘Douglas’ avanza con mucha lentitud. Fue capturado el 15 de abril de 2009 y todavía no hay una sentencia. Según fuentes cercanas al caso, la defensa sigue buscando que le otorguen la detención domiciliaria, amparando el derecho a la salud de Muñoz. Este desmovilizado de las Autodefensas, también conocido como ‘El Mono’ o ‘La Tía’, enfrenta cargos por concierto para delinquir, secuestro, tráfico de armas y homicidio.

De ootro lado, la ONG Astenfar está tramitando, desde el año pasado, una petición ante el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de que a ‘Kener’ le den también la comúnmente llamada casa por cárcel, alegando su problema de salud. Por ahora no se la han concedido, pero esta ONG estuvo también asesorando a ‘El Cebollero’, y él ya está viendo televisión desde su sofá.

Es cierto que cualquier ciudadano, delincuente o no, tiene derecho a la salud en Colombia. No obstante, cuesta creer que una organización mafiosa tan poderosa como ‘La Oficina’, estuviera dirigida por puros enfermos.

NOTA RELACIONADA: Sacaron a los cabecillas de su zona de influencia.

El Inspector.