El preludio de la estruendosa balacera se registró a la 1:15 a.m. de hoy, cuando dos bandas criminales se enfrentaron a plomo en el barrio Juan XXIII.

Estos son varios de los muchachos detenidos durante la redada policial, posterior al tiroteo. Foto de Jaime Pérez.

Proyectiles de fusil y armas cortas surcaron por las calles de sectores como El Mirador, La Divisa, La Quiebra y el Alto de la Virgen, ante la zozobra e impotencia de los ciudadanos.

Varias balas penetraron las paredes de tabla de un rancho en El Mirador, en el cual dormía una mujer con sus hijos de 12, 10 , cinco y dos añitos.

Un tiro impactó al niño de cinco abriles, entró por su costado derecho y salió por el abdomen, comprometiendo un pulmón, el hígado y el diafragma, según el posterior parte médico. El pequeño está en cuidados intensivos.

El de la derecha es el niño herido en El Mirador, abrazando a su hermanito de dos años.

En el resto de la mañana hubo una tensa calma, que se rasgó otra vez a la 1:00 p.m. Según las versiones de la comunidad, un comando armado de más de 20 muchachos incursionó en los alrededores de la estación Juan XXIII del Metrocable.

Patearon las puertas, saquearon los locales comerciales, destruyeron fachadas y obligaron a los vecinos a encerrarse, al parecer tratando de tomarse el territorio.

El acto fue respondido a bala por los criminales del bando enemigo y el intercambio de disparos se prolongó por más de dos horas. El transporte público se paralizó, incluyendo el Metrocable, donde dos cabinas fueron perforadas por los tiros.

El comercio cerró sus negocios y los estudiantes de dos colegios tuvieron que permanecer en su interior pese a haber terminado la jornada académica. Después fueron sacados en buses de la Alcaldía y con escolta de la Fuerza Pública.

En la Comuna 13 hay cuatro pequeñas bases de la Cuarta Brigada, ubicadas en casas adaptadas. No son suficientes para contener a los criminales.

Cientos de militares y policías se dispersaron por los callejones, deteniendo a cuanto pelao vieron por ahí mal parqueado. Unos 50 jóvenes fueron metidos a un camión y extraídos de la zona, para su individualización. En principio, no se reportaron armas incautadas.

También hizo presencia el alcalde Alonso Salazar, el secretario de Gobierno Felipe Palau y la cúpula de la Policía Metropolitana. Explicaron que la disputa territorial fue entre las bandas de ‘La Agonía’ y ‘La Divisa’, que están en conflicto desde finales de 2009.

Cada una es patrocinada por facciones opuestas de la estructura mafiosa ‘La Oficina’, como sucede en las otras comunas de la ciudad: por un lado están los de alias ‘Valenciano’ (‘La Agonía’) y por el otro los de ‘Sebastián’ (‘La Divisa’).

Antes de caer la noche se normalizó la situación y se reportaron cuatro personas heridas, entre ellas un policía.

El burgomaestre Salazar pidió ayuda al nuevo presidente Juan Manuel Santos, para que a Medellín se le dé prioridad y se aplique una estrategia diferente, porque lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente para frenar el problema.

NOTA RELACIONADA: LOS DISPAROS ALCANZARON a dos menores  

El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. en el barrio Santa Lucía, un pacífico sector residencial del centrooccidente de la ciudad.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Santa Lucía.

César Augusto Cano Granados, padre de tres hijos de 16, 14 y 11 años, acababa de dejar en su casa a dos de sus pequeños. Su tía, una adulta mayor, se dirigía a visitar un familiar enfermo, y el electricista se ofreció a llevarla.

Abordaron su automóvil y cuando no habían recorrido más de una cuadra, sucedió la tragedia, en la calle 48 con la carrera 92B. Los vecinos dicen que escucharon una balacera, pero no se sabe a ciencia cierta entre quiénes.

Un proyectil, al parecer de revólver, ingresó por el vidrio frontal del carro y perforó el pecho de Cano Granados. Un comerciante informal que estaba cerca, explicó a las autoridades que vio correr a dos muchachos, uno de ellos portando un arma. Le oyó decir a uno: “¡marica, matamos al que no era!”.

El herido fue llevado a la Unidad Intermedia de San Javier en un taxi, pero no logró sobrevivir. Sus allegados lo describieron como una excelente persona, un padre responsable “conocido por todo el mundo en el barrio”.

Varias personas indicaron que vieron entrar a tres presuntos agresores a un edificio, ubicado a unos diez pasos de donde recibió el tiro la víctima. Los tipos se metieron a un apartamento del tercer piso, mientras que la edificación fue rodeada por la Policía y los criminalistas del CTI.

En este edificio se ocultaron los sospechosos, que no fueron detenidos.

En ese momento, se conjugaron dos factores que salpicaron de impunidad e injusticia este incidente. Los uniformados, para poder ingresar al apartamento y detener a los sospechosos, requerían de una orden de allanamiento. De lo contrario sería un procedimiento ilegal y las pruebas encontradas adentro serían inútiles, al igual que las eventuales capturas.

Los criminalistas se comunicaron con el fiscal de Actos Urgentes, pero este se negó a tramitar la orden, salvo si los investigadores conseguían un testigo formal, que declarara con firma y huella haber visto a los sicarios entrando a esa residencia.

A este obstáculo legal (así a muchos no les guste el término), se le sumó la falta de colaboración de los vecinos, justificada por el miedo. Los investigadores comenzaron a buscar ese testigo de forma desesperada, pero la gente se negaba a convertirse en declarante. Todos los datos que se pudieron recopilar, fueron de manera informal.

Pasaron cinco horas y los sospechosos seguían encerrados. Nunca llegó la orden de allanamiento y los criminalistas se tuvieron que ir, para hacer la inspección técnica al cadáver en la Unidad Intermedia. Dos policías se quedaron en una esquina, a ver si los sujetos salían para requisarlos, pero a esas alturas ¿qué armas les iban a encontrar?

Lo único que pudieron hacer fue inmovilizar una motocicleta Yamaha RX-115 de color vinotinto, que estaba parqueada en la acera de acceso y al parecer está relacionada por los hechos.

Formalismos del sistema judicial y la insolidaridad de la comunidad. ¿Quién gana aquí? La delincuencia. ¿Quién pierde?

NOTA RELACIONADA: SIN UN TESTIGO valiente, no hay caso

El Inspector.

María Camila Cadavid Montoya, de 8 años.

 Una niña de 8 años murió por una bala perdida, al quedar atrapada en un atentado de supuestos delincuentes contra una pandilla rival.

El hecho se presentó a las 3:10 p.m. del 18 de diciembre en la vereda Guaquinillo, una zona rural al occidente de Medellín. En un sector conocido como La Capilla, un sicario llegó para atentar contra la vida de varios sujetos que estaban sentados en una banca. 

En la línea de fuego quedaron tres niñas, entre ellas María Camila Cadavid Montoya, de 8 años. La pequeña recibió un proyectil en el tórax, que la dejó gravemente herida. Con urgencia fue trasladada a la clínica Las Américas, donde a la medianoche se reportó su deceso.

El individuo atacado sobrevivió, aunque también fue hospitalizado con lesiones de arma de fuego. La Policía organizó un operativo hasta dar, unas horas más tarde, con la captura del agresor, quien para colmo de males resultó ser un adolescente de 17 años.

Kevin David Sosa Cano, de 5 años.

La niña María Camila pertenecía a una familia de escasos recursos, residente en la misma vereda, y su partida dejó destrozados a sus papás y a los siete hermanitos.

Igual quedaron los seres queridos de Kevin David Sosa Cano, de 5 años. El 12 de diciembre, el pequeño estaba jugando con unos amiguitos en un callejón del barrio Palermo, al nororiente de Medellín.

De pronto llegaron tres bandidos disparando contra varias personas. Mataron a dos adultos y dejaron heridos a Kevin y a Angy, de 3 años. Los dos fueron llevados a cuidados intensivos y el destino quiso que la menor sobreviviera.

El niño aguantó cinco días y después falleció. Por el crimen, la Policía capturó a dos presuntos autores materiales.

El Inspector.

P.D.: la publicación de las fotos fue autorizada por los familiares de los niños.