Sin conocer a fondo cuáles eran las motivaciones del funcionario público, estaba claro que las reuniones con delincuentes y sus delegados, como ha ocurrido en el pasado, siempre terminan pasando factura.

En la imagen, el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana; el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas; y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Róbinson Sáenz.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, relató que la investigación en contra de Villegas comenzó el 22 de julio de 2016. Por aquellos días, varios miembros de combos, en especial del nororiente de Medellín, empezaron a entregarse “voluntariamente” a las autoridades.

En realidad, estas personas recibieron la orden directa de cabecillas encarcelados como “Douglas”, “Pichi Gordo” y “Barny”, para que se sometieran a la justicia a modo de un “gesto de paz”. Lo que querían estos líderes de “la Oficina”, a su manera, era montarse en el bus de los Acuerdos de Paz de La Habana y lograr, por medio de entregas de armas y de jóvenes delincuentes, lo mismo que les dieron a las Farc: la excarcelación (ver la NOTA RELACIONADA: Combos aprovechan un decreto de gestores de paz).

Algo que llamó la atención es que la mayoría de los sometidos se entregaban en sede de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Así pasó con alias “el Cabe”, “Vikingo”, “Victor”, “Gallego” y “Tocineta”, de la banda “la Terraza”; y con “Chómpiras”, del combo “la Libertad”.

Cada vez que se presentaban las entregas, Villegas y su jefe Federico Gutiérrez lo atribuían públicamente a “la presión de las autoridades”, lo que evidentemente no era cierto.

Para estas diligencias, el enlace entre las bandas y la Secretaría de Seguridad era el desmovilizado paramilitar Julio Perdomo (“el Viejo”). Tras pagar cinco años de cárcel por concierto para delinquir, regresó a la calle y recibió el aval de varios jefes condenados de “la Oficina” para adelantar las gestiones pro sometimiento en las comunas. Dicha autorización la dieron “Douglas”, “Pichi Gordo”, “Barny” y “Carlos Pesebre”, cuyas penas en prisión superan los 15 años.

Julio Perdomo visitaba las cárceles y las esquinas de los combos, para después conversar con Villegas. Con su captura, el pasado 15 de marzo, comenzaron a derrumbarse los planes de “la Oficina” para obtener beneficios judiciales (ver la NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita). El siguiente golpe fue la detención de Mara Toro, la directora de la ONG Guadalupe Social, otra pieza importante en el proyecto (25 de abril).

Para la Fiscalía, la participación de Villegas en estas diligencias, al parecer, buscaba facilitar beneficios a los jefes de la organización. Incluso, de acuerdo con las pesquisas preliminares, se habría compartido información altamente sensible para la seguridad de la ciudad. Esto, bajo el agravante de que la situación cada vez más mancillaba la imagen de la Secretaría más importante de la Administración Municipal.

El ente acusador expidió una orden de captura en contra del funcionario y en la mañana de este martes 4 de julio, agentes de la Dijín llegaron a su despacho. Villegas no estaba presente, pero al enterarse de que lo buscaban, acudió con su abogado a la Fiscalía. Allá le notificaron la detención, por el cargo de concierto para delinquir agravado.

El alcalde Federico Gutiérrez convocó a una rueda de prensa de urgencia. Informó lo ocurrido y confirmó que el secretario había renunciado a su cargo. “Ante la gravedad de esta situación, yo mismo me pongo al frente”, indicó.

Para el mandatario local es un duro golpe. La seguridad es el eje de su política y el arresto de Villegas la deja en entredicho. Pero también surgen otras cuestiones: ¿estaba enterado Gutiérrez de las reuniones entre el secretario y los delegados de “la Oficina”? ¿Ocurrieron las cosas a sus espaldas?

“Mi única instrucción es y siempre ha sido enfrentar a las estructuras criminales con toda la contundencia en el marco de la Constitución y la Ley”, reiteró.

En la mañana de este miércoles se realizarán las audiencias de control de garantías, donde se conocerán las evidencias de la Fiscalía y la Policía en contra de Villegas, al igual que los argumentos de la defensa. Por lo pronto, la moraleja de la historia parece ser que todo lo que se acerca a “la Oficina”, se marchita.

NOTA RELACIONADA: Así definen las bandas las fronteras de Medellín.

El Inspector.

En ese tiempo se redujeron los homicidios en el Valle de Aburrá, aumentaron las extorsiones, mermaron las confrontaciones bélicas y las capturas de cabecillas de alto perfil. Los mafiosos le han dicho a la población y al Gobierno que buscan la paz, pero en el fondo sus intereses son más oscuros.

Revelaciones del Bajo investigó con fuentes policiales, militares y judiciales, así como con integrantes de dichas estructuras ilegales, las verdaderas razones detrás del pacto.

Escena de un pleito entre combos de la comuna 13, en 2010. Archivo.

1. Negociar beneficios a cambio de “paz”

Este ha sido uno de los objetivos básicos de los cabecillas de “la Oficina” desde un principio, el cual han querido manejar como un as bajo la manga en caso de que su situación judicial se complique.

Una vez capturado, “Carlos Pesebre” manifestó a las autoridades que estaba en condición de “entregar mil muchachos” a cambio de beneficios penales e inversión estatal en programas para la manutención y capacitación de los jóvenes, que les permitan desenvolverse por fuera de las bandas. Esta postura sería apoyada por otros líderes de la organización criminal, como “Pichi” (también detenido) y “Barny” (libre).

Desde el año pasado, un pull de abogados y representantes legales de estos cabecillas ha concretado reuniones con funcionarios de la Fiscalía y del gobierno local, regional y nacional, tratando de convencerlos de esta propuesta: los combos del Valle de Aburrá reducen los homicidios, acaban las fronteras invisibles, entregan armas y se someten a la justicia; a cambio, obtendrían rebajas en sus penas y una especie de reintegración a la sociedad, similar a la ofrecida a los desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla.

Fuentes cercanas a este proceso han dicho que, si bien las autoridades niegan públicamente estas reuniones, en el fondo no han descartado nada, debido a los aparentes réditos que los gobernantes de turno podrían ganar: la imagen de pacificadores, de comandantes efectivos, triunfadores sobre la violencia, garantes de la paz en los barrios.

Estos beneficios políticos son jugosos en esta época, caracterizada por los diálogos con las Farc en La Habana, las elecciones presidenciales y al Congreso, la internacionalización de Medellín (con eventos como el Foro Urbano Mundial, Feria de Flores, Colombiamoda y demás) y del país. Son estas circunstancias, en las que los funcionarios necesitan votos, las que están aprovechando los abogados de “la Oficina” para endulzar el oído de los servidores públicos.

2. Bajar el perfil público de los cabecillas

Entre 2012 y julio de 2013, antes del pacto entre las bandas, la Policía arrestó 13 cabecillas de alto perfil de “la Oficina”: “Beto”, “Sebastián”, “Frank”, “Víctor Colas”, “el Indio”, “Pichi”, “Carlos Pesebre”, “Tatú”, “Maicol”, “Don Pepe”, “Yam”, “Adiel” y “Chichón”. A esto se sumaron las muertes de “Morro” y “Patetigre” en confrontaciones internas.

De “los Urabeños” que delinquían en el Valle de Aburrá o tenían redes aquí, cayeron “Mi Sangre”, “el Indio”, “Chito”, “el Gomelo”, “Galván” y “Cucho”.

Además, comenzaron a ejecutarse estudios de Inteligencia y seguimiento contra jefes que antes permanecían a la sombra, como “Tom”, “Don Daniel”, “Gabriel Paraco”, “Barny”, “Fredy Colas”, “Soto”, “Tuto” y “Diego Chamizo”, entre otros.

De repente, las cúpulas de estas organizaciones criminales en el área metropolitana estaban expuestas, de cuenta de los asesinatos y pleitos armados que los convirtieron en agentes del desorden público a ojos de la ciudadanía y las autoridades. Les tocó, entonces, pactar un acuerdo para disminuir las confrontaciones y dejar de ser un factor de perturbación tan visible.

Después del pacto, en julio de 2013, no han vuelto a ser capturados cabecillas de jerarquía, aunque se destacan los arrestos de seis líderes con relativo poder: “Yordi”, “Nando”, “Ronald”, “el Tigre”, “Toño” y “Jotalibán”.

La aparente tranquilidad permitió, por ejemplo, que “los Urabeños” trasladaran de zona a “Don Daniel”, su coordinador en el Valle de Aburrá. Ahora este personaje actúa en el Nordeste antioqueño con el apodo de “Pablo”, adonde llegó para reemplazar a “Marcos”, el cabecilla del área, muerto en una operación de la Dijín hace un mes.

En el Aburrá quedaron “Gabriel Paraco” y “Benavidez”, este último encargado de los asuntos “políticos” y como delegado para el pacto.

3. Prepararse para los rivales del postconflicto

Un integrante de una banda del occidente de Medellín explicó así otra de las razones que, a su juicio, justifican el pacto: “Con esos diálogos de paz en Cuba, los guerrilleros se van a desmovilizar. Varios de ellos se vendrán a las ciudades a montar sus combos, igual que hicieron los paracos. Entonces nosotros tenemos que estar unidos y asegurar la ciudad, antes de que ellos vengan a pelear un puesto”.

Según fuentes de la Séptima División del Ejército, en la capital antioqueña hay combos de la comuna 13 que hacen trabajos para las Farc, y otros de las comunas 1 y 8 que los ejecutan para el Eln. En un escenario de postconflicto, es posible que esos grupos sean la base para los subversivos desmovilizados que seguirán en la delincuencia.

Por tanto, los combos que hoy ostentan el control del bajo mundo, cerrarían filas para evitar la entrada de un nuevo actor armado que les dispute su negocio ilegal.

4. Redistribuir las funciones y rentas criminales

En tiempos de la “paz” entre bandas se redujeron los asesinatos, pero hubo una redistribución del cobro de las microextorsiones (vacunas) en los barrios. Un miembro de un combo de la comuna 13 lo explicó así: “Antes íbamos cuatro manes a cobrar a la misma tienda; ahora mandamos a uno solo, y luego se reparte la plata”.

Las vacunas, que previo al pacto se aplicaban en el 80 por ciento de Medellín, se afianzaron en los territorios donde antes había guerra. El recién creado Gaula Metropolitano ha efectuado varios operativos, impactando a diferentes combos, pero el fenómeno no se detiene.

5. Ahorrar costos en la guerra

Sostener un conflicto bélico implica invertir altas sumas en arsenal, reclutamiento de personas, equipos de apoyo (motos, carros, lentes de visión nocturna, chalecos antibalas, silenciadores, comunicaciones), pago de informantes y demás.

Sumado a ello, los grupos terminan diezmados por la muerte de integrantes, se arriesgan territorios y rutas de movilidad; y se gasta dinero en los procesos judiciales de los capturados.

Es por esto que, para el crimen organizado, es más conveniente el pacto que la guerra. Ahorran dinero y lo destinan a otros intereses.

6. Conservar los enlaces de narcotráfico y lavado de activos

Los mexicanos son los principales aliados de los narcos antioqueños para la exportación y distribución de la cocaína en Estados Unidos. En los últimos dos años, la cacería combinada de E.U. y el gobierno mexicano, así como las guerras entre ellos, terminaron afectando las cúpulas de “los Zetas” y el Cartel de Sinaloa, las organizaciones más conectadas con Colombia.

De “los Zetas”, mataron a su líder “el Lazca” y capturaron a los sucesores, “Zeta 40″ y “Zeta 50″ o “Talibán”; de Sinaloa, cayó recientemente el máximo jefe, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ante la asfixiante persecución, a esos grupos no les conviene que en Colombia, de donde provienen los insumos, haya un clima de inestabilidad en el bajo mundo. Fuentes de Inteligencia señalaron que a mediados y finales de 2013 estuvieron en Antioquia un delegado del “Zeta 40″ y un sobrino del “Chapo”, apodado “Mario”.

Vinieron por separado a fortalecer los lazos con los criminales locales, en especial con “Otoniel”, el jefe de “los Urabeños”. Al parecer brindaron apoyo al pacto de esa facción con “la Oficina” y se habrían ofrecido de “garantes”.

A manera de conclusión, no está de más precisar que, si bien estas seis son las razones ocultas detrás del cese al fuego entre las bandas, ellos se han encargado de hacer propaganda en los barrios y oficinas de funcionarios públicos, repartiendo volantes y convocando a reuniones para decir que “están cansados de la guerra”, que “solo quieren una oportunidad para los jóvenes” y que “están en capacidad de pacificar el Valle de Aburrá”. ¿Alguien les cree?

NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos.

El Inspector.