Combos aprovechan un decreto de gestores de paz

Un decreto expedido por el Gobierno Nacional hace tres meses, que buscaba agilizar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, se terminó convirtiendo en una herramienta jurídica para que los combos de Medellín empezaran a tramitar sometimientos voluntarios de sus integrantes, buscando beneficios legales.

La interpretación de esta norma ha facilitado la entrega a la justicia de ocho miembros de las bandas “la Terraza”, “Altavista”, “13 de Noviembre”, “el Guayabo” y “la Libertad”, que delinquen hace más de dos décadas en el área metropolitana y que en las últimas semanas han mostrado una repentina voluntad de paz.

Esta es la investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los que se entregaron: 1). John Montoya (alias “Puto”); 2). Juan Carlos Bedoya (“el Cabe”); 3). Jairo Gallego (“Gallego”); 4). Víctor Pérez (“Víctor”);5). Elkin Arroyave (“Vikingo”); 6). John Galvis (“Chómpiras”);7). Alexánder Molina (“Buche”);8). Carlos Mazo (“Caliche”). Fotos de cortesía.

Los que se entregaron: 1). John Montoya (alias “Puto”); 2). Juan Carlos Bedoya (“el Cabe”); 3). Jairo Gallego (“Gallego”); 4). Víctor Pérez (“Víctor”); 5). Elkin Arroyave (“Vikingo”); 6). John Galvis (“Chómpiras”); 7). Alexánder Molina (“Buche”); 8). Carlos Mazo (“Caliche”). Fotos de cortesía.

Esta historia empezó a configurarse el 20 de junio del presente año, cuando en el aeropuerto Eldorado de Bogotá detuvieron a Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, exintegrante de la Dirección Nacional del Eln. El arresto fue en cumplimiento de una orden de captura por cargos de secuestro extorsivo, homicidio y hurto agravado, por hechos ocurridos el 17/9/00 en Buenaventura, Valle del Cauca.

La captura de “Felipe Torres” prendió las alarmas para los delegados de los acercamientos de paz entre el Gobierno y esa facción insurgente. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que, como un acto para generar confianza en la contraparte, el presidente Juan Manuel Santos, por medio del Ministerio de Justicia, expidió el 19 de julio el Decreto 1175 de 2016.

Esta norma, que reglamenta artículos de la Ley 1592 de 2012 (sobre reincorporación de miembros de grupos armados y disposiciones para acuerdos humanitarios), se basa en las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente de la República para garantizar el derecho a la paz, conservar el orden público en toda la Nación, diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos y conceder beneficios jurídicos a miembros de grupos armados para contribuir al logro de la paz.

El decreto de seis artículos, que comenzó a regir el mismo 19 de julio, contempla que “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Dice que los beneficiarios deberán estar a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias de su proceso penal, comprometerse “a actuar como gestores de paz”, rendir un informe mensual de esa actividad a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que el Gobierno generará las condiciones necesarias para facilitarles la tarea.

Con la regla en vigencia, el presidente Santos nombró gestor de paz a “Felipe Torres”, quien fue liberado, y a Gerardo Bermúdez (“Francisco Galán”), con lo que el diálogo con el Eln se revitalizó.

En principio se creyó que solo podían aspirar a esa designación militantes de guerrillas o exparamilitares postulados a la ley de Justicia y Paz; sin embargo, el decreto no hace ninguna delimitación, tan solo se refiere a “miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

En esa clasificación cabe, al parecer, cualquiera de las 2.005 bandas de crimen organizado que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía tienen identificadas en Colombia.

UNA ENTREGA TRAS OTRA
El 28 de julio, nueve días después de la firma del decreto, se entregó a la justicia John Montoya (“Puto”), miembro del combo de “Altavista”.

Entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre se sometieron cuatro de “la Terraza”: Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”), Jairo Alonso Gallego (“Gallego”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“Vikingo”).

El 25 de octubre se presentó John Fredy Galvis Buitrago (“Chómpiras”), de la banda “la Libertad”. El 1° de noviembre, en diferentes fiscalías, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés (“Caliche”), del combo “13 de Noviembre”; y Alexánder de Jesús Molina Londoño (“Buche”), de la banda “el Guayabo” de Itagüí.

Todos ellos tenían órdenes de captura pendientes en su contra. Algunos se presentaron en la Fiscalía y otros en la Alcaldía de Medellín.

Agentes judiciales, que pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, manifestaron que algunas de estas personas llegaron diciendo que querían ser gestores de paz, y otros indicaron que se habían presentado a la justicia obedeciendo órdenes de sus patrones, quienes pretendían mostrar sus entregas como “un gesto de paz”.

Las fuentes agregaron que en la oleada de entregas estarían interesados cabecillas de la organización criminal “la Oficina” que están en la cárcel, pagando penas superiores a los 15 años, entre ellos “Douglas”, “Barny”, “Pichi Gordo” y “Carlos Pesebre”.

El Colombiano buscó una opinión del Ministerio de Justicia frente a esta novedosa situación, pero la entidad no quiso pronunciarse.

UNA OPORTUNIDAD
El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia y quien en el pasado asesoró desmovilizaciones de las Auc, acompañó en el presente los sometimientos voluntarios de los cuatro integrantes de “la Terraza”. A la fecha, el Gobierno no les ha concedido el estatus de gestores ni los jueces se han pronunciado.

Para el penalista, el Decreto 1175 es la esencia de las entregas reseñadas. “Es la herramienta jurídica más novedosa del Gobierno para construir paz en el país. Es una opción para aquellos que no hacen parte de grupos con estatus político”, dice Pineda.

¿Pero estos muchachos de los combos sí tienen voluntad de paz, o están aprovechando una ventaja jurídica para eludir las penas?
“Hay que ir al origen del asunto: en Colombia hubo una negociación con las autodefensas, los errores de ese proceso dieron lugar a las bacrim (bandas criminales). Los desmovilizados son una nueva clase social. Hay que mirar con admiración y no con desconfianza la posibilidad de sacar un fusil del conflicto (…) El Gobierno debe ver esos hechos y establecer un protocolo en búsqueda de abrir esa opción para centenares de ellos que quieren tener una vida digna”.

¿Eso implica una mesa de diálogos con estos grupos?
“En Medellín no es novedoso que se hable de diálogos con delincuentes. El primero fue el de Pablo Escobar y el Gobierno Nacional de la época, que concluyó con la construcción de la cárcel La Catedral; después se habló de la ‘donbernabilidad’, en la que los crímenes descendieron a índices nunca antes vistos; y en la actualidad se habla del ‘pacto del fusil’. La pregunta es: ¿por qué si esas son realidades fácticas, y el Gobierno está en su intención de construir la paz, no aprovechar estos gestos de buena voluntad? No tiene que ser visto como un diálogo político, pero sí como una necesidad estructural para el desmonte de la macrocriminalidad en las ciudades. Medellín podría ser un buen laboratorio para eso”.

LA VISIÓN DE LA ALCALDÍA
A pesar de todos estos movimientos jurídicos, la Alcaldía de Medellín se sostiene en la tesis de que los integrantes de las bandas se están sometiendo debido a la presión que ejerce la Fuerza Pública.

El mandatario Federico Gutiérrez, con ocasión de la entrega de los miembros de “la Terraza”, dijo:“la presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba” (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Por qué el Alcalde de Medellín dice que los combos aumentaron los homicidios por el trabajo de las autoridades?).

El secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ante quien se han entregado cinco de los ocho ilegales, afirma que a su despacho no ha llegado información sobre el uso del decreto por parte de los combos. “Eso ya es potestad de la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos es la intermediación entre la persona o su representante y la Fiscalía. Sobre esos hechos no conocemos, y en la conversación que sostuvimos con ‘Chómpiras’, dijo que el sometimiento es porque no soportaban la persecución ni vivir escondidos; lógicamente, una persona cuando se entrega tiene acceso a mayores beneficios que alguien que es capturado”, argumenta Villegas.

¿Por qué se han entregado tantos miembros de combos y en tan poco tiempo?
“En la Secretaría lo han hecho ‘el Cabe’, ‘Vikingo’, ‘Víctor’, ‘Gallego’ y ‘Chómpiras’. Con este último tuvimos una conversación y él dice que estaba cansado de esconderse y huir. Con anterioridad se había capturado a miembros de los combos ‘la Libertad’ y ‘la Terraza’ (las bandas de esos cinco). El motivo (de las entregas) es que hay una eficiencia por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con la investigación y desmantelamiento de estas estructuras, entonces cuando ven que aquí hay una institucionalidad fuerte tienen dos alternativas: que los capturen o entregarse”.

¿Esas personas le han manifestado a la Alcaldía la voluntad de facilitar el sometimiento de otros integrantes de sus grupos?
“No señor, a mí no me lo han manifestado. Probablemente los abogados habrán hecho esas afirmaciones o hablarán de esos temas con la Fiscalía”.

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En lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, la situación relatada no tiene precedentes cercanos en la ciudad. En el caso de Farc y Eln, lo más probable será que los tribunales especiales de paz, derivados de los acuerdos con el Gobierno, se encarguen de procesar a sus exmiembros.

En cuanto a combos y bandas criminales, por ahora serán los jueces ordinarios y la interpretación que estos le den al decreto, los que decidan su destino.

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ANEXO: LOS ACERCAMIENTOS DE “LOS URABEÑOS”
La banda “los Urabeños” (o “Clan del Golfo”), que delinque a nivel nacional, desde 2015 le ha hecho propuestas al Gobierno y a la Fiscalía, con el propósito de llegar a una negociación. Por medio de panfletos se han autodenominado como “el tercer actor armado del conflicto”, sin el cual no habría una paz completa. Valiéndose de abogados y hasta asesores espirituales, han contactado a personalidades de la política para lograr algún acercamiento con la Casa de Nariño y llevaron a la Dirección Central de la Fiscalía un documento con las propuestas de sometimiento. Ycomo prueba de voluntad, ordenaron la entrega a la Fiscalía de 12 “urabeños”en Roldanillo, Valle (febrero 11/2015).

NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros.

El Inspector.

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