Este año se han cometido 22.442 hurtos en la ciudad (con corte a septiembre 24), sumando los robos a personas, motos, carros, residencias y al comercio, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía.

Esto implica que hay 83 casos diarios y 3.5 por hora, en promedio, sin contar el enorme subregistro de víctimas que no denuncian por pereza, miedo o desconfianza en el sistema judicial.

Este es el análisis elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los atracos siguen siendo un dolor de cabeza para la seguridad ciudadana de Medellín y Colombia. Foto ilustración de Colprensa.

El hurto a personas representa el 69% de todos los hechos, con 15.415 denuncias, 26% más que en el mismo periodo de 2020 (cuando inició la pandemia), y 18% menos que en 2019, para compararlo con un año convencional.

A diario se publican en redes sociales y medios de comunicación atracos en restaurantes, centros comerciales, vías y lugares turísticos, lo cual incrementó la percepción de inseguridad de los ciudadanos, tal cual ha venido registrando El Colombiano.

Las autoridades locales y la Policía crearon estrategias de choque para mitigar el problema, como el Grupo de Reacción Antifleteo y el Plan Cazadores (con agentes encubiertos en restaurantes); en Itagüí se prohibieron los pasajeros de moto hasta marzo de 2022.

La situación no pasa desapercibida para los analistas de seguridad e investigadores judiciales, varios de los cuales conversaron con este diario.

HEGEMONÍAS CRIMINALES
Como antecedentes, hay que reseñar que entre 1983 y 1993 hubo una hegemonía criminal del cartel de Medellín y su líder Pablo Escobar, en la que la mayoría de bandas se alinearon a sus directrices. El patrocinio del narcotráfico llenó las arcas de estos grupos, que a punta de sicariato, plazas de vicio y secuestros colmaron las rentas ilícitas que antes lograban robando.

Tras el desmantelamiento del cartel, se disparó la delincuencia común. Las bandas que otrora recibían patrocinio de narcos, tuvieron que buscar su propio sustento y aumentó el hurto, especialmente de vehículos y autopartes.

Como respuesta a ese fenómeno, en 1994 el crimen organizado, de la mano de algunos empresarios afectados, creó el grupo Muerte a Jaladores de Carros (Majaca), al cual se le atribuyeron 50 homicidios en sus primeros siete meses de operaciones, la mayoría contra supuestos reducidores y ladrones de autopartes.

En ese tiempo se consolidó el reinado ilegal de Diego Murillo (“don Berna”), quien con el bloque paramilitar Cacique Nutibara, “la Terraza” y “la Oficina” gobernó el bajo mundo, hasta su extradición en 2008. Durante ese periodo se redujeron los indicadores de inseguridad, en lo que fue conocido como la “donbernabilidad”.

Quien robaba sin permiso, o la comunidad lo señalaba de ser ladrón, era erradicado por la llamada “limpieza social”, que aún hoy se practica, pero en algunos sitios puntuales, con alto arraigo de la criminalidad entre la gente.

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Después de “Berna”, la mafia se atomizó, debido a disputas internas y operaciones estructurales de la Fuerza Pública. “De capos con influencia en todo el Valle de Aburrá, la criminalidad mutó a cabecillas con un control focalizado en ciertas comunas y menor capacidad financiera, lo que impulsó a las bandas a buscar más ingresos con los hurtos”, señaló uno de los investigadores consultados.

“El descontrol en el crimen organizado favorece el auge de los fenómenos de delincuencia común. En medio del despelote de los grandes grupos ilegales, los chiquitos se agrandan”, añadió otro.

ZONAS DE “DESPENSA”
Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, opinó que “hay un fenómeno nacional, no solo en el Valle de Aburrá, en el que se incrementó la dinámica del hurto. Las bandas más grandes ya tienen repartido el mercado de la droga y de la extorsión, y de eso viven, pero no hay nadie que regule el de los robos”.

Otra hipótesis es que las cuarentenas por covid-19 perjudicaron las finanzas del crimen organizado, al restringir las interacciones sociales, por lo que el hurto pasó de ser una actividad menor, a una fuente de ingreso más necesaria.

“A esto se suma la pobreza resultante de la pandemia, y la migración venezolana, que impactaron los fenómenos de delincuencia común”, expresó uno de los agentes.

Un aspecto a considerar es que, para el caso de Medellín, la mayoría de robos se concentra en comunas “despensa”, es decir, en las que todos acuden a hurtar, pero ninguno de los 350 grupos criminales las “domina”. En La Candelaria van 4.279 casos, 1.987 en El Poblado y 1.620 en Laureles.

Otros puntos críticos son el barrio Las Cabañas, en Bello, y las inmediaciones de los parques principales de Sabaneta, Envigado e Itagüí.

Lo que sucede con los hurtos no implica que el crimen organizado haya perdido por completo su control social, pues para los analistas es claro que sigue teniendo una incidencia determinante en el índice de homicidios. Hoy en día no hay conflictos activos entre combos del Aburrá, lo que históricamente ha sido el principal motivo de los asesinatos en la subregión.

“En ocasiones, la necesidad de mantener algún tipo de influencia sobre los integrantes de las estructuras y la falta de recursos, origina ciertas libertades, como permitir que sus integrantes devenguen ingresos de los robos”, comentó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia (I2E).

Añadió que cuando el crimen organizado está en época de confrontación con otros, aumenta desmesuradamente su número de integrantes (más sicarios, vigilantes e informantes), pero en tiempos de paz, “estas facciones se reducen a su estructura básica, y los demás contratistas rasos quedan a la deriva, como trabajadores informales, que suelen volcarse al hurto”.

Estas “ruedas sueltas” tiene prohibido robar en los vecindarios controlados por las bandas, pero en los que no, encuentran un camino despejado para atracar sin rendirle cuentas a nadie.

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El Inspector.

Al analizar la estadística oficial confirmamos que, comparando los registros de enero de 2020 con los de enero de 2019, hay un aumento en los delitos contra el patrimonio en esta área, donde las bandas ejercen un control de las actividades ilícitas. Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano, con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el centro de Medellín, los barrios en los que confluye la influencia de varias bandas a la vez son: La Candelaria, Guayaquil, Colón y Villanueva. Foto de Julio César Herrera.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, el mes pasado se denunciaron 827 robos, mientras que en el mismo lapso del año anterior hubo 710, lo que implica un incremento del 16,5%.

El aumento se observó en todas las modalidades de hurto (a personas, residencias y vehículos), con excepción de los atracos a establecimientos comerciales (ver infografía).

Algunos guías turísticos se quejaron por la mala impresión que se estaban llevando los extranjeros, debido a los frecuentes robos y hasta agresiones por parte de mendigos en los recorridos por los sitios más representativos de la comuna 10 (La Candelaria).

No todos los asaltos están relacionados con habitantes de calle, pero la mayoría están insertados en las dinámicas del crimen organizado que controla, somete y explota la economía del Centro, tanto la legal como la ilícita.

¿Cuáles son las bandas que regentan el poder delincuencial en el territorio? Este diario consultó a investigadores e informes de Inteligencia policial para resolver la pregunta.

A CONTROL REMOTO

La delincuencia tiene varias facetas en el Centro: 1). Lavado de activos, contrabando y piratería, que se ocultan en su febril actividad comercial y financiera; 2). Las bandas de crimen organizado, que pilotean el narcotráfico, la extorsión, la vigilancia ilegal, el pagadiario y la prostitución; 3). La delincuencia común, enfatizada en los robos de menor cuantía y la violencia sexual; 4). Los fenómenos de intolerancia, mala convivencia y violencia intrafamiliar, que provocan riñas y ataques por discriminación de género.

En el campo de las bandas, hay que decir que la criminalidad del Centro se maneja desde afuera de la comuna, es decir, a control remoto.

De acuerdo con investigaciones policiales, ese control lo disputan “la Terraza”, una estructura con base de operaciones en Manrique (comuna 3); y “Caicedo”, originaria de Buenos Aires (comuna 9).

En La Candelaria actúan 16 grupos locales, autodenominados “convivires”, que se encargan de las tareas operativas: intimidaciones, vigilancia clandestina y recaudo de rentas ilícitas. Algunos están asociados con “la Terraza” y otros con “Caicedo”, lo que ha producido confrontaciones por las plazas de vicio desde 2017.

Entre los más conocidos están “la convivir del Bronx”, en el barrio San Benito; “la convivir de Boston”, en Boston y Bomboná; y “la convivir de la Aurora” o “los Caravanudos”, en los sectores El Hueco y Los Puentes.

El botín es bastante lucrativo en términos de drogas: según datos de la Sijín, hay cerca de 220 plazas en el Valle de Aburrá, de las cuales 180 se concentran en el Centro de Medellín. De esas, las principales están en los alrededores de la Plaza Minorista, el antiguo Bazar de los Puentes, el sector El Bronx (Av. De Greiff), el Parque del Periodista y Niquitao.

Al resaltar estos puntos en un mapa, se ve que coinciden con las concentraciones de habitantes de calle, que en varios casos son instrumentalizados para el transporte y expendio de las dosis (ver la infografía).

Otra banda que las autoridades consideran importante en el escenario es “los Cocuelos” o “los Intocables”, conformada principalmente por migrantes de Urabá y especializada en robos a personas. Aunque es independiente, debe rendir cuentas de sus ganancias a los grupos de “convivir” que operan alrededor de los parques de Berrío y San Antonio.

Según los investigadores, los vecindarios en los cuales confluyen las operaciones ilícitas de “la Terraza”, “Caicedo” y “los Cocuelos”, suelen ser los más complejos en materia de atracos, extorsiones y venta de droga. Estos son: Guayaquil, Colón, La Candelaria y Villanueva.

ENFRENTANDO EL DELITO

La Fuerza Pública está haciendo su trabajo. El Sisc detalló que en enero fueron capturados 465 presuntos delincuentes en el Centro, 102 más que en enero de 2019 (363). También decomisaron siete armas de fuego y 52.971 gramos de estupefacientes.

Los resultados, sin embargo, no alcanzan todavía para transmitirle una sensación de plena seguridad a la población flotante de 1,2 millones de personas que a diario visitan el Centro, un área vital que concentra 19.911 empresas con 265.000 empleados formales, y 58 instituciones educativas con 200.000 estudiantes, según datos de Proantioquia.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que este año comenzaron a implementarse unas mesas de trabajo interinstitucionales, con delegados de Espacio Público, la Personería, Secretaría de Seguridad y demás entidades involucradas en las dinámicas de la comuna 10.

“La idea es hacer un trabajo microgerencial y entre todos diseñar operaciones semanales de prevención del delito. Y no solo para temas de seguridad, sino para atender mejor las problemáticas que se vayan presentando en relación con el espacio público y demás”, dijo el oficial.

Y añadió: “De forma periódica vamos a evaluar la estrategia, para focalizarla en los puntos en los que esté ocurriendo el problema, por si se traslada de sector, y así brindar un mejor servicio”.

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El Inspector.