La decisión causó malestar entre las autoridades de la ciudad, pues ese hombre llamado Freyner Alonso Ramírez García perteneció a las Autodefensas, a la banda “la Oficina” y es considerado el máximo jefe de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a decenas de combos que actúan en las comunas de Robledo, San Javier, Laureles, La América y Belén, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”) fue capturado en 2013, en una finca del municipio antioqueño de Urrao, donde sostenía una reunión con varios de sus lugartenientes. Foto de Esteban Vanegas.

También está incluido en la Lista Clinton por parte del gobierno de EE.UU., que le aplicó sanciones financieras por su militancia en “la Oficina”y que en 2014 lo señaló de seguir delinquiendo desde la cárcel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “es preocupante, es una puerta giratoria, entran y salen, es volver a tener a estos grandes criminales en la calle. Le pido al fiscal General (Néstor Humberto Martínez) que analice este caso, porque es un retroceso en el tiempo de forma drástica”.

EL PROCESO PENAL
“Carlos Pesebre”fue capturado en 2013 y condenado a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado, en calidad de jefe de la “Odín Robledo”, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó la culpa.

Fue remitido a la cárcel de Valledupar, donde en diciembre de 2014 un juez de Ejecución de Penas le concedió la detención domiciliaria, con el argumento de que Ramírez era padre de cabeza de familia.

Su posible salida, en ese entonces, alertó a la Fiscalía y a la Policía, que le expidieron una nueva orden de captura por un asesinato cometido el 15 de julio de 2005.

La víctima fue Mauricio Velásquez Valencia (“el Meca”), un lugarteniente de “Carlos Pesebre” abaleado en el barrio Los Alpes por la misma organización, que lo acusó de robarse un dinero producto del tráfico ilegal de hidrocarburos.

Se frenó así la excarcelación del cabecilla, y luego del juicio oral, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a 36 años por homicidio agravado, el 29 de septiembre de 2016. La principal prueba de la Fiscalía fue el testimonio de un exmiembro de la banda, que aseguró haber escuchado en una reunión a “Carlos Pesebre” ordenando la muerte de “el Meca”.

Su defensa apeló, al considerar que el testigo se contradijo en varios puntos de sus seis declaraciones rendidas entre 2010 y 2015, y el pasado martes 17 de octubre el Tribunal lo absolvió en segunda instancia.

Según el fallo, con ponencia del magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras, la versión del testigo “no resiste un examen crítico de coherencia y pese al respaldo que se tiene de que pertenecía a la organización, de ahí no deriva que lo afirmado como presenciado por el testigo sea cierto, con mayor razón cuando se denota que muchos de sus conocimientos son de oídas”.

Añadió que, si bien las pruebas de la defensa no demuestran la inocencia de Ramírez, sí introducen dudas, y en este caso la duda se resuelve a favor del procesado (principio legal in dubio pro reo).

El magistrado Jaime expidió una boleta de libertad y la envió el mismo martes a la cárcel Picaleña de Ibagué, donde está recluido Ramírez.

¿Y AHORA QUÉ?
El Inpec informó que todavía no se había producido la excarcelación de “Carlos Pesebre”. Como es habitual, deben verificar en las bases de datos que no existan otros requerimientos por parte de despachos judiciales, y esto puede llevar más de 24 horas.

En las oficinas de la Unidad de Vida y de la Dirección contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía están buscando con urgencia si hay otros procesos pendientes contra el reseñado. El ente acusador aún no define si apela el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Con la caída del expediente por homicidio, solo queda el de la primera condena de nueve años por concierto para delinquir agravado.

Los investigadores están con calculadora en mano, para ver si después del tiempo redimido por buen comportamiento, tras pasar cuatro años y ocho meses en prisión, “Carlos Pesebre” quedaría en libertad condicional o total. La decisión final recae en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, dijo que “como Alcaldía debemos ser respetuosos de las decisiones judiciales. Por otra parte, nuestra política es de cero tolerancia contra los criminales, sabemos que algunos siguen delinquiendo desde la cárcel, y no cesaremos en la lucha contra las estructuras ilegales”.

Añadió que en la actualidad la “Odín Robledo” tiene una alta incidencia en la violencia homicida que afecta al occidente de la ciudad.

Por su parte, el personero de Medellín, Guillermo Durán, señaló que “como defensores de los Derechos Humanos, no podemos satanizar una orden de libertad de una persona, eso sería ir en contra de sus derechos. Sin embargo, esperamos que su proceso de resocialización en la cárcel se haya cumplido y que esta persona (‘Carlos Pesebre’) no vuelva a atentar contra la ciudadanía. Si la justicia ordenó su libertad, es porque considera que ya puede retornar a la sociedad”.

NOTA RELACIONADA: “Carlos Pesebre” fue condenado a 36 años de cárcel.

El Inspector.

La decisión fue notificada en la tarde de este jueves (agosto 1), cuando el Tribunal, en segunda instancia, revocó una medida absolutoria de un juzgado penal de la ciudad y validó la apelación de la Fiscalía, que había acusado al religioso por concierto para delinquir agravado. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El padre Óscar edificó la parroquia San José del Limonar, según él con donaciones de la feligresía. Archivo El Colombiano.

El CTI había capturado a Ortiz Henao en 2010, en el marco de una operación contra una banda autodenominada “los Desmovilizados del Limonar”. Esta estructura, conformada en su mayoría por reinsertados del bloque Cacique Nutibara de las Auc, delinquió durante una década en los barrios El Limonar 1 y 2, Las Bifamiliares y Aragón, dedicándose al sicariato, el desplazamiento forzado, la extorsión, el tráfico de armas y estupefacientes y la usura mediante el sistema de pagadiario.

A juicio de la Fiscalía, el entonces párroco de la iglesia San José de El Limonar era el cabecilla político de “los Desmovilizados”.

El arresto fue criticado en aquel momento por la feligresía, que calificó lo sucedido como un montaje. Otro habitante del barrio Limonar 1 narró hace un par de meses a El Colombiano que allá “no se movía una hoja sin que el padre lo autorizara, él era como el jefe de ellos”.

Luego de un juicio de dos años, el juzgado absolvió a Ortiz, quien fue recibido en su comunidad con una marcha de alegría.

Fuentes judiciales relataron que a la audiencia de ayer solo asistieron dos abogados, mas no el implicado. “Se cree que uno de sus defensores lo va a presentar a la Fiscalía, si no lo hace toca expedir orden de captura”, narró un investigador cercano al caso.

Con la del sacerdote, ya son 11 condenas proferidas contra “los Desmovilizados del Limonar”, entre los cuales están Jairo Alonso Jaramillo, mensajero de 32 años apodado “La Vaca”; Róbinson Andrés Velásquez Acevedo, un minusválido de 25 y alias “El Mocho”; John Jairo Gallego, comerciante de 52, con el mote de “Osama”; y los hermanos Jorge William y Neiser Cardona Grisales, apodados “Los Montañeros”, de 32 y 29, respectivamente.

El Inspector.

El Tribunal Superior de Medellín, en su fallo de segunda instancia, confirmó la condena contra el cabecilla de ‘La Oficina’, pero modificó el monto. En consecuencia, la sentencia inicial de 32 años y 7 meses se redujo a 13 años y 3 meses de cárcel.

Escena de la presentación de 'El Cebollero', tras su captura en 2008 en El Poblado.

Los magistrados que respondieron a la apelación de la defensa, consideraron que en principio hubo una aplicación inadecuada de los agravantes del delito, y al reestructurar el caso se benefició al procesado. El alivio para Rendón también cobijó su bolsillo, pues antes debía pagar una multa de 28.335 millones de pesos, y ahora la suma está en 7.402 millones 235.400 pesos.

Teniendo en cuenta que ‘El Cebollero’ está en la cárcel desde el 21 de mayo de 2008 (hace cuatro años y cinco meses), le quedarían 8 años y 10 meses de condena por cumplir. Con seis años tras las rejas alcanzaría el tiempo suficiente (75% de la pena) para solicitar la libertad condicional, igual que han hecho otros cabecillas del crimen organizado como ‘El Patrón de Bello’, ‘Elkin Triana’ y ‘Bolillo’.

Esta situación podría variar si le aplican otras rebajas o, en contraposición, se ejerce presión política para prolongar su encarcelamiento, pues Rendón Hurtado tiene poderosos enemigos en ese gremio, desde el presidente Juan Manuel Santos (que ya hizo sancionar a un juez que le cambió la detención intramural por domiciliaria) y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar.

El sentenciado continúa afirmando que es inocente, víctima de las envidias de otros comerciantes, y su defensa está decidida a sacarlo una vez más de la cárcel. El abogado Gustavo Salazar Pineda apeló otra vez e instauró un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal le conceda la libertad a su prohijado.

La condena por lavado de activos surgió de una investigación de la Fiscalía iniciada en el 2000. El ente acusador demostró que ‘El Cebollero’ blanqueó dineros de ‘La Unión’, una banda criminal al servicio de ‘La Oficina’ en el municipio de Itagüí y el sur del Valle de Aburrá.

El exdirectivo de la Central Mayorista de Antioquia posee también en su prontuario una condena por concierto para delinquir (de 4 años y 4 meses), tras aceptar que había financiado actividades de ‘La Unión’. Hoy en día está en la cárcel El Pedregal.

Para retomar este caso desde el principio, les recomiendo leer las siguientes NOTAS RELACIONADAS: Sentencian a ‘El Cebollero’ por lavado de activos, El hospital de ‘La Oficina’ y Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

El Inspector.

El Juez Promiscuo del Circuito de la localidad lo sentenció a 50 años de cárcel por el homicidio agravado de Valentina Arias González, de 6 años, cometido el pasado 6 de julio en dicho municipio. Tras la audiencia, finalizada a las 11:30 a.m., el procesado apeló la decisión porque la pena le pareció muy extensa. El caso pasará entonces al Tribunal Superior de Antioquia.

Héctor Julio Londoño Flórez.

El crimen ocurrió en el hotel Residencias El Viajero, ubicado junto al parque principal. A las 3:00 a.m. del sábado 5, en un cuarto dormían la pequeña, su madre y la abuela. Un sobresalto hizo despertar a la mamá y con horror notó que Valentina ya no estaba. En la pieza no quedó rastro de ningún intruso, tampoco señales de lucha o chapas forzadas.

La menor fue reportada como desaparecida y la Policía inició las pesquisas en el hotel. Revisaron una a una las habitaciones, menos la número 3. La puerta estaba trancada y adentro se escuchaba un ruido de regadera, como si el inquilino se estuviera bañando y no escuchara los golpes en la puerta. Los uniformados salieron entonces de la residencia y comenzaron las labores de campo en los alrededores.

Esta fue el arma homicida.

Pasaba el tiempo y la posibilidad de hallar a la niña se desvanecía. Al siguiente domingo, una comisión de agentes de la Sijín regresó a la habitación 3. La puerta estaba abierta y el cuarto perfectamente arreglado. No había nadie en el interior y todo parecía normal, hasta que entraron al baño.

Lo que vieron los investigadores, seguro les dejó la sangre helada. El cuerpo de Valentina había sido tratado de una forma atroz, indeseable para cualquier ser vivo.

Según la evidencia, el asesino utilizó un cuchillo ‘matacaballos’ para decapitarla y desmembrarla. Luego le arrancó la piel, con excepción del rostro y la dermis de los pies. Le quitó todas las visceras y a cada miembro lo mutiló por las articulaciones y le sacó los músculos.

En este hotel de Amalfi ocurrió el crimen.

En el inodoro los técnicos hallaron restos, lo que supone que el agresor trató de deshacerse de los pedazos botándolos por el sanitario. Tras reponerse del fatal hallazgo, comenzó la cacería del infanticida. El acta de ingreso al hotel dio la primera pista, era lógico que el inquilino de la habitación 3 era el sospechoso.

Las autoridades no tuvieron que ir muy lejos para capturarlo. A las 8:20 p.m. el asesino regresó a la escena del crimen, para terminar de desaparecer el cadáver. El reporte policiaco indicó que llevaba una caja de cartón, dentro de la cual habían piedras, bolsas de plástico negro y un costal. De inmediato lo apresaron.

En la audiencia preliminar, el campesino Héctor Londoño aceptó el cargo en su contra. Sin embargo el analfabeta soltero, de 28 años y residente en la vereda amalfitense La María, admitió con cierta ironía que “si algo pasó, no me acuerdo”.

El 10 de julio los habitantes del pueblo realizaron una multitudinaria marcha pacífica, protestando por la muerte de Valentina y rechazando la violencia contra los menores.

El pueblo marchó protestando contra el acto violento.

Durante el proceso la Fiscalía trató de obtener una confesión de Londoño, en la cual explicara porqué hizo tal atrocidad. El destripador dijo que solo lo explicaría a cambio de una reducción de la condena. No obstante, las nuevas leyes dicen que los agresores de niños no tendrán ningún beneficio judicial.

Entonces, como el agricultor no obtuvo su rebaja, se negó a decir porqué lo hizo. Por desgracia, el Sistema Penal Acusatorio le permite ese derecho a callar, pues ningún acusado puede declarar contra sí mismo. Qué difícil es llegar a la verdad.

Ahora el destripador espera en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a que el Tribunal Superior asigne una fecha para la revisión de la apelación. Y la familia de Valentina, y Amalfi, y el país, esperan que al menos la justicia no deshonre la memoria de la niña.

NOTA RELACIONADA: MONSTRUOSA VERDAD, adiós al niño

El Inspector.