La Ley 1908 de 2018, que dice fortalecer la investigación y judicialización de las organizaciones criminales y adoptar medidas para su sujeción a la justicia, resultó ser otro esperpento jurídico porque, además de ocuparse de materias distintas a las anunciadas, utiliza el derecho penal como una herramienta llamada a criminalizar el pensamiento y, en el fondo, el ejercicio de ciertas profesiones (aunque no comprende a los asesores jurídicos farcianos).
En efecto, el texto aprobado (cuya confección idiomática recuerda mucho la del Acuerdo Final) distingue dos tipos de agrupaciones: los Grupos Armados Organizados (GAO), esto es, aquellos que bajo la dirección de un mando responsable “ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les...
