En columnas anteriores he tratado el asunto del desajuste financiero en que están actualmente las universidades públicas, que ocasiona movilizaciones y asambleas. El grupo actual de rectores de estas (SUE) considera que este hueco en el presupuesto es el efecto del impacto económico de la Ley 30 de 1992, que genera un desbalance entre el aporte dado por el Estado y los gastos de las universidades.
Algunos burócratas del gobierno afirman que el déficit se debe a los altos salarios de los profesores. Otros piensan que la desfinanciación es estrategia neoliberal para cambiar la naturaleza de la universidad que conducirá a someterla al mercado.
Contra estas ideas, el exrector Mauricio Alviar escribió en su Carta de renuncia a la U. de A., que las...
