Hablar de la Justicia en un país sitiado por la violencia, la corrupción, la criminalidad organizada, los abismos de clase, el desgobierno y la pasividad, es una de las tareas más complejas que se le pueden asignar a un analista, máxime si cualquier reflexión arranca con Colombia que -según la ONU, aunque otros organismos son más optimistas-, ocupa el “honroso” tercer lugar en el ámbito planetario en materia de desigualdad social, después de Angola y Haití.
Por ello, con semejantes desajustes no es de extrañar que las instituciones estén despedazadas y la inseguridad jurídica se campee por doquier, tanto que la actual Administración de Justicia -en contravía de la Constitución Política, artículos 229 y 230- no les posibilita a todos los ciudadanos...
