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Publicado el 30 de agosto de 2018

LOGROS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DESFINANCIAMIENTO

Por RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS*
ramon.mesa@udea.edu.co

Los resultados alcanzados por el Sistema Universitario Estatal –SUE– en lo que va corrido de este siglo en materia de ampliación de la cobertura educativa, nivel de formación de los docentes, fortalecimiento de la investigación, creación de programas de estudio, crecimiento en la infraestructura física y tecnológica, movilidad e internacionalización y regionalización; representan los principales logros de la educación pública superior a la construcción de un mejor país.

Entre 2004–2017, la cobertura estudiantil en pregrado creció 57,9 % y en posgrado 184,8 %; los programas de estudio de pregrado y posgrado crecieron 34 % y 96 %, a nivel de maestría 148,4 % y de doctorado 355,6 %; los grupos de investigación aumentaron 103,6 %; el número de artículos publicados en revistas indexadas creció 19,7 %; las patentes otorgadas crecieron 4.160 %; el número de metros construidos para nueva infraestructura física aumentó 86,7 % y la movilidad internacional estudiantil y de profesores colombianos creció 4 % y 292,3 %, respectivamente.

Estas cifras se han logrado pese al desajuste financiero permanente de las universidades reflejado entre las transferencias que reciben de la Nación por la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, las cuales crecen al ritmo del comportamiento del IPC, y los gastos de estas para llevar a cabo su misión. Esto ha significado desde hace rato que el aporte en pesos constantes de la Nación a las universidades públicas no se haya ajustado a la canasta de servicios educativos ofrecida, dado que sus gastos doblan los índices de inflación.

Esta situación viene arrastrando unas necesidades de recursos requeridos por las universidades que bordea los $15 billones de pesos, los cuales se han estimado en $1,4 billones de base presupuestal para atender gastos de funcionamiento y $13 billones de recursos para inversión, demostrando con ello que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87 se quedó corta para financiar la educación superior pública.

Hasta ahora no se han tenido soluciones de fondo a esta problemática, incluso, los nuevos recursos generados en la última reforma tributaria, Ley 1819 de 2016 en sus artículos 184 y 102, orientados para financiar la educación pública, se desviaron en un porcentaje importante al Icetex para financiar matrículas en universidades privadas y para el programa Ser pilo paga. Ante este panorama, el mayor esfuerzo lo vienen haciendo las universidades mediante la generación de recursos propios, los cuales pueden representar en promedio cerca del 50 % del presupuesto total de las universidades.

Por todo lo anterior, la necesidad de la reforma a la Ley 30 de 1992 en sus artículos asociados con el financiamiento es más que urgente por parte del nuevo gobierno, demorar su debate eleva aún más los riesgos y compromete la débil sostenibilidad financiera que hoy enfrentan las universidades públicas colombianas.

* Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

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