Gral. (R) Henry Medina Uribe
Columnista

Gral. (R) Henry Medina Uribe

Publicado el 13 de octubre de 2017

MINERÍA Y POSCONFLICTO

Las campañas políticas actuales y los comicios del primer semestre del próximo año pueden verse como un distractor y una amenaza para los propósitos de los acuerdos de paz, pero igualmente generan oportunidades de cambios en el direccionamiento estratégico de las políticas públicas y su impacto en lo económico y en lo ambiental.

Los resultados en la etapa de posacuerdos no solo hay que verlos en términos de silenciamiento de los fusiles, reducción de muertes violentas, desaparición del desplazamiento forzado y extensión de áreas de cultivos ilícitos, entre otros indicadores, sino también en función de perspectivas de mejoramiento de calidad de vida y niveles en dignidad de la población colombiana. Una buena medición será la que se haga a la luz de los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas que Colombia debe alcanzar con tal propósito.

Quiero enfocar en esta ocasión mi preocupación hacia la forma como la minería informal e ilegal y los cultivos ilícitos afectan el logro de dichos objetivos, especialmente en cuanto al agua y su gestión sostenible, la producción y consumo responsables y la gestión sostenible de la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 6, 12 y 15). Resulta para mí obvio que tales actividades afectan negativamente el cumplimiento de tales objetivos y, por lo tanto, deben ser de atención prioritaria en la implementación de los acuerdos de paz.

Existe evidencia de que los cultivos ilícitos y la minería ilegal han estado ligados simbióticamente a economías ilegales, han sido fuente de sostenibilidad financiera para la subversión y oxígeno para el conflicto armado, al punto de constituirse en problemas atados a la seguridad nacional. Adicionalmente, tanto los municipios cultivadores de coca como los de minería ilegal comparten altos índices de necesidades básicas insatisfechas y degradación del medio ambiente.

Los actores armados ilegales han utilizado la minería ilegal, al igual que la producción y tráfico de drogas ilícitas, no solo como fuente de financiación, sino como estrategia de poder y mecanismo de control y dominio de poblaciones, tierras y mercados. La consecuencia es la pérdida de legitimidad y gobernabilidad de las instituciones, y el incremento de niveles de violencia y pobreza (contrario a los objetivos 1 y 2 de los ODS).

El tema de los cultivos ilícitos ha sido más y mejor analizado que el de la minería ilegal e informal. Ella burla los sistemas de control de los recursos naturales renovables, evade el pago de impuestos y regalías destinados a salud y educación en los municipios mineros y excluye a buena parte de su población de sus derechos en cuanto a seguridad social y ocupacional.

A Colombia debemos verla como un país con vocación minera y el posconflicto debe estar apalancado en tal actividad. Ello solo será viable si se logra la aplicación de políticas públicas efectivas que motiven la inversión extranjera, exijan y hagan posible buenas prácticas ambientales, responsabilidad social por parte de las empresas extractoras y eficiente control de las comunidades privilegiadas con dicha riqueza.

Así como el propósito de eliminar los cultivos ilícitos exige políticas efectivas en términos de sustitución y desarrollo alternativo con enfoque territorial, la minería requiere políticas que incentiven y regulen la explotación minera responsable y ambientalmente sostenible. Es por todo ello que los aspectos relativos a la minería y el narcotráfico deben ser parte fundamental del debate electoral.

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