Marta Lucía Ramírez
Columnista

Marta Lucía Ramírez

Publicado el 16 de febrero de 2017

No dejar a nuestros militares y policías abandonados a su suerte

El capítulo de justicia contenido en el acuerdo de La Habana y la celeridad con la que los temas derivados del mismo para favorecer a las Farc hacen tránsito en el Congreso de Colombia y las facultades que habilitaron al presidente Santos para legislar sobre un sinnúmero de materias, demuestran que tanto la letra menuda del acuerdo como su desarrollo normativo a punta de afanes y pupitrazos, con la complacencia de la bancada de parlamentarios gobiernistas, están dirigidos a lavar la cara y el prontuario a los integrantes de ese grupo para pavimentarles su entrada a la toma del poder a través de la política, mucho más que a reducir los riesgos de la impunidad por sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.

El tema se presentó inicialmente al país dentro del eslogan de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero el punto de justicia se cerró sin modificación alguna, ni espacio para ajustarlo cuando quienes integramos el NO, con posterioridad al plebiscito, quisimos contribuir a un acuerdo bien hecho, que fortaleciera instituciones y no doblegara al Estado ni a la sociedad frente a los intereses de ese grupo.

Hoy todo está consumado, o casi todo. Sin embargo, aún hay un margen de seguimiento por la sociedad civil, la academia y los empresarios para evitar que a través del fast track se consoliden las asimetrías de la negociación.

Mientras la amnistía de los guerrilleros ya se tramitó a las carreras por el Congreso, la legislación y condiciones que permitan solucionar la situación jurídica de nuestros militares y policías investigados y de quienes estén condenados por la justicia se encuentran congeladas. Si a los guerrilleros no se les va a aplicar ninguna pena de reclusión, lo obvio sería que ya se hubiera tramitado la libertad de los miembros de la fuerza pública que llevan detenidos más de 5 años, tal como les prometieron, para obtener el apoyo de la jerarquía castrense durante la negociación.

Cuántos soldados y policías, oficiales y suboficiales se encuentran detenidos con procesos que han avanzado a paso de tortuga en la justicia ordinaria durante 4 y 5 años, dizque porque la negociación traería la solución integral a su situación. Cuántos condenados sin pruebas suficientes tienen condenas de 40 años cuando los miembros de las Farc no han pasado, ni pasarán un solo día detenidos

Ante la asimetría que viven nuestros militares frente a la guerrillerada que pronto saldrá a las calles a reclamar sus derechos y a apoyar la protesta social que el acuerdo abre como forma de acción política de las Farc y sus amigos, debemos alzar voces de apoyo para que la fuerza pública no quede abandonada a su suerte en este momento de incertidumbre para la nación.

La fuerza pública está integrada por hombres y mujeres que deben ver con desconcierto cómo más de 6.000 hombres investigados por operaciones para proteger a todos los ciudadanos y evitar acciones de terrorismo, han sido abandonados a su suerte.

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