Minería tiene en ascuas a Sopetrán: quejas de ilegalidad y destrucción
Las explotaciones de material de arrastre estarían dañando el paisaje y hasta un puente antiguo en este corregimiento colonial San Nicolás, en Sopetrán. Informe habla de posible responsabilidad de Cemex, pero la multinacional lo niega.
Las explotaciones de material de arrastre estarían dañando el paisaje y hasta un puente antiguo en este corregimiento colonial San Nicolás, en Sopetrán. Informe habla de posible responsabilidad de Cemex, pero la multinacional lo niega.
La vía de entrada al corregimiento San Nicolás, si se mira de frente, es como un túnel al pasado: conecta con una historia de más de cinco siglos; si se ve hacia la izquierda es el paraíso del descanso con las parcelaciones, hoteles y casas de veraneo; pero si la vista se dirige a la derecha se asemeja a una zona industrial, algo árida, donde se producen grandes cantidades de material de playa que usan los constructores de Medellín y el Valle de Aburrá.
Ese contraste de paisaje es el reflejo de las fuerzas que se mueven en este rincón del municipio de Sopetrán, en el Occidente Antioqueño, generando un conflicto de intereses entre la gente que se dedica al turismo y los ambientalistas, de un lado, y del otro, los que tienen que ver con la extracción y procesamiento de arena y piedra de los cauces de los ríos Cauca y Quebradaseca.
La zona vive su propia “guerra fría” donde se habla en voz baja o prefieren callar frente a extraños que pregunten, aduciendo el riesgo de posibles represalias de grupos ilegales que ejercen una autoridad paralela a la del Estado. Por eso este relato estará lleno de fuentes sin identificar, ya que la mayoría solo así accedieron a contarle a un medio de comunicación su posición.
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En enero de 2025 un grupo de “profesionales de distintas disciplinas” “afines a la protección y defensa del medio ambiente” –esa fue su única identificación– denominado “Protectores del recurso hídrico”, instauraron una queja ante Corantioquia sobre los graves daños que, en su concepto estaban causando varias explotaciones de materiales a cielo abierto que no contaban con licencia ambiental.
En el texto anónimo invocaban la condición del río Cauca, el segundo afluente de Colombia, como sujeto de derechos, pero además el hecho de que esta es un área que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque Seco del Occidente Antioqueño y por tanto goza de protección especial.
La queja tenía además copias para la Presidencia de la República, Fiscalía, Procuraduría y hasta para la organización Ríos Vivos que ha estado encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta.
Los “Protectores del recurso hídrico” relataron cómo empezaron a observar las explotaciones mecanizadas del material de arrastre desde enero de 2023 con la entrada de retroexcavadoras y trituradoras que se posaron sobre el cauce del Cauca y el Quebradaseca (también llamada La Sucia), afectando el ambiente y a la población cercana con la generación de ruidos y polvos.
Adujeron –y aún lo hacen– que aparte de la contaminación auditiva al encender las máquinas trituradoras, está el depósito de sedimentos, la ocupación del lecho y el cambio del régimen del río; igualmente señalaron que se estaría destruyendo parte de la vegetación y espantando peces y aves. Los otros perjuicios, según relataron, tenían que ver con las incomodidades para la comunidad por el deterioro de la vía de ingreso a San Nicolás con el paso reiterado de vehículos pesados.
Entre los afectados más directos estarían las 280 personas que han habitado 30 casas de la parcelación Hacienda Remolinos, muy cercana a las explotaciones mineras. Pero también los propietarios de cabañas y varios hoteles que se han construido a lo largo del carreteable aprovechando las bondades del clima cálido y la atracción que ejerce un poblado como San Nicolás, con una historia que viene desde la época de la Colonia, con una iglesia de las más antiguas que se conocen en el país, sus calles empedradas y, por supuesto, su puente colgante en madera.
En este caso lo quejosos se centraron específicamente en las consecuencias de la explotación dentro de dos títulos concesionados a las empresas Cemex y Agregados San Nicolás y según dijeron, a pesar de otras quejas que ya habían interpuesto ante organismos de control ambiental y llamados a autoridades locales, no habían hecho nada para resolver la situación.
El 21 de julio pasado, los mismos “Protectores del recurso hídrico” le solicitaron a la Procuraduría Regional una acción preventiva, al manifestarle que “en reiteradas ocasiones, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, emite respuestas evasivas frente a los Derechos de Petición presentados” y (coincidencia o no) el 22 de agosto, mediante varias resoluciones, esa autoridad ambiental ordenó que cesaran las actividades de Arenas y Triturados Sahara, Agregados San Nicolás y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de San Nicolás.
Las decisiones tuvieron como base una visita en terreno del 14 de julio en la que Corantioquia constató que había una retroexcavadora que sacaba material de Quebradaseca y horadaba su cauce, para cargar las volquetas que estaban prestas. Los operarios se identificaron como miembros del Consejo Comunitario de Afrodescendientes y dijeron desarrollar una actividad ancestral, un argumento que ya habían controvertido desde antes los “Protectores del recurso hídrico” porque se hace con maquinaria especializada, mientras que la minería de subsistencia se entiende como la “desarrollada por personas naturales o grupos de personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas, gravas del río destinadas a la industria de la construcción por medios manuales y herramientas manuales (como palas y coches), sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque”.
Otra unidad productiva vecina la identificaron como de la Cooperativa de Areneros San Nicolás, Codecsan, y dijeron tener la misma condición de los anteriores.
Posteriormente entraron a Triturados Sahara, la más grande, para lo cual, según el informe, los funcionarios tuvieron que ingresar por Agregados San Nicolás. Pero aparte de eso, evidenciaron que más adelante había otra planta con una retroexcavadora dragando el lecho del río Cauca.
Cada una de las empresas, a su manera, de acuerdo con lo que vieron los técnicos de Corantioquia, generaba una afectación ambiental diferente, dependiendo de su tamaño y grado de mecanización. “La alteración del paisaje como consecuencia de la extracción del material de arrastre es común y proporcionada a todas las unidades de producción minera”, anota el documento.
Y señala que se está produciendo una socavación en la base del puente histórico que puede convertirse en crítica y hasta ocasionar su colapso.
El informe trae dos apuntes importantes porque comprometerían a Cemex. Por una parte, señala la inexistencia de amparos administrativos (quejas para que sacaran a los presuntos invasores) por parte de esa multinacional como dueña del título donde se asientan los anteriores montajes industriales, con los cuales pudieran “exonerar la posible responsabilidad que le compete” por las actividades ilegales; esto considerando que la ley establece que el dueño de un título debe responder por el pasivo ambiental que se genera por las explotaciones que se hacen en sus predios.
Afirma que “Cemex Colombia S.A. está permitiendo o patrocinando actividades de explotación y beneficio de minerales dentro del área de su título minero sin pronunciarse de manera alguna y con la omisión de su debida diligencia, fomenta la informalidad de las presentes explotaciones, ya que revisadas nuestras bases de datos no se observa la existencia de amparo administrativo del titular minero que haga concluir que quiere hacer valer sus derechos ante los explotadores irregulares”.
Además, la versión que dieron los presentes como para indicar la importancia de su labor, es que los materiales de arrastre y arenas procesados allí habían sido usados en la construcción del proyecto de Hidroituango.
¿No obedecieron?
Aunque las resoluciones del 22 de agosto de 2025 ordenan suspender las actividades dentro de los montajes industriales, en visitas, Corantioquia habría comprobado que no han cumplido y por eso está preparando posibles sanciones, según el subdirector de Sostenibilidad y Gestión Territorial de la entidad, Arbey Osorio.
También, EL COLOMBIANO viajó a San Nicolás el 5 de febrero y constató una intensa actividad minera alrededor de Quebradaseca y el río Cauca.
A lo largo de la vía a San Nicolás –parte pavimentada y parte destapada–, después de cruzar el puente amarillo de la carretera principal, había por lo menos tres entables, cada uno con retroexcavadoras y trituradora. De ellos salían de forma incesante volquetas con capacidad para 6 metros cúbicos o doble troques a las que les caben hasta 16 metros cúbicos.
Hay cálculos de que por la vía secundaria circulan más de 130 vehículos pesados por día, aunque solo está hecha para tráfico liviano. Además, solo el 20% del material se obtendría con todos los requisitos legales y ambientales.
El único entable minero que tenía una identificación era más próximo al puente colgante de madera, correspondiente a Codecsan, donde efectivamente había una trituradora en plena acción y por lo menos dos máquinas circulando entre los montículos inmensos de piedra triturada y arena.
Ante los antecedentes de intimidaciones y hasta amenazas a personas que se han quejado por los perjuicios de la minería, las motos que pasaban en actitud vigilante y personas atisbando desde lo alto, no hicimos contacto con parceleros, hoteleros y dueños de otros hospedajes, con el fin de no comprometer su seguridad, pero después los llamamos y estos contaron cómo se están viniendo a pique sus inversiones porque hay clientes que los buscan con la promesa de disfrutar de un lugar tranquilo y natural, pero hallan algo diferente y por eso no vuelven.
Un hotelero relató que antes era común ver guacamayas y otras aves por la tarde, pero se espantaron. Un punto crítico son las polvaredas que se levantan al paso de las volquetas raudas, pero ahí no para todo.
“Muchas veces los huéspedes nos han manifestado que aunque la vía está en buenas condiciones, es complejo porque esos carros van a altas velocidades y les da temor porque en las curvas cerradas se las encuentran de frente”, dijo uno, quien recordó que ha habido varios volcamientos y el año pasado un vehículo de carga atropelló una moto y murió el conductor de esta.
El otro inconveniente, dicen, es que las volquetas transitan incluso desde muy temprano, de lunes a viernes, haciendo retumbar el suelo con su peso, y como si fuera poco pitan cada que se encuentran a un colega a modo de saludo; así le quitan el sueño al vecindario.
Las insatisfacciones se ven reflejadas en los comentarios y calificaciones –o descalificaciones– que luego los clientes ponen en redes sociales y en la sugerencia para que otros no los visiten.
Varios habitantes del centro poblado de San Nicolás dieron conceptos contrarios, en el sentido de que el Municipio ni entidades gubernamentales le hace mantenimiento a la vía, sino los areneros, y que estos aportan dinero cuando son requeridos para campañas y fiestas.
Este medio trató de contactar a las tres empresas mineras contra las que recayeron las decisiones de Corantioquia.
La actitud de Codecsan y Triturados San Nicolás fue hostil y evadieron las respuestas. Un representante de la segunda accedió luego a un encuentro para dar su versión, pero luego se disculpó de asistir por enfermedad, según dijo, y no volvió a contestar mensajes de Whatsapp. Los directivos de Arenas y Triturados Sahara, en cambio, estuvieron prestos a responder y defendieron que su trabajo es legal.
De acuerdo con ellos, debido justamente a que son visibles y transparentes, las autoridades han puesto el foco en ellos, pero el daño real lo ocasionan quienes extraen el material de forma ilegal.
“Nosotros no arrojamos vertimientos a la quebrada ni al río porque tenemos unas piscinas para el lavado de material y recirculamos el agua, además, instalamos barreras antirruido para no molestar a los vecinos con la trituradora”, dijeron.
Sahara, apuntaron, no es invasora del título de Cemex, aunque funcione sobre él, ya que la concesión le otorga a la multinacional el permiso sobre el subsuelo. Sin embargo, al no explotar ellos sino beneficiar el material de arrastre que les compran a otros, lo que les toca es pagar un canon al dueño del predio.
Y frente al hecho de haber seguido funcionando después de la medida preventiva de Corantioquia dijeron: “Lo que hacemos tampoco necesita licencia ambiental; la resolución es un adefesio legal y por eso estamos esperando a ver si nos formulan cargos para defendernos”.
Buscamos igualmente la posición del gobierno local, al que señalan de no haber hecho nada por resolver la problemática de ilegalidad en la minería, pero la alcaldesa Tatiana Alexandra Carballo no contestó. Su comunicador respondió una primera llamada pero no volvió a atender en otros múltiples intentos.
Los empresarios de Sahara coincidieron con varios dueños de hoteles y hospedajes en que sus actividades deben convivir y estarían dispuestos a llegar a acuerdos, pero faltan espacios para un encuentro respetuoso.
Hidroituango y cemex dicen no tener que ver
Cemex indicó que no realiza ninguna explotación en el título a su nombre en Sopetrán y que cualquier presunta afectación ambiental que pueda presentarse en dicho territorio no les es atribuible a ellos sino a terceros que realizan actividades sin autorización y por fuera del marco legal vigente.
También contradijo a Corantioquia al indicar que desde el año 2013 ha interpuesto las debidas solicitudes de amparo ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), siendo la más reciente de noviembre de 2025.
Con respecto a la supuesta utilización de material de arrastre de esta zona en Hidroituango, EPM, que construyó y opera ese complejo, contestó que todos los suministros que usan los adquieren mediante “procesos formales, auditables y con trazabilidad” y les exigen a los proveedores que cumplan los respectivos requisitos legales y ambientales, pero que para confirmar o negar el caso concreto necesitarían que les presenten soportes verificables como facturas, contratos o actas de recibo.
Finalmente, indicó que estará disponible para el caso en que una autoridad competente adelante alguna verificación o investigación.