En 56% aumentaron las eutanasias en Antioquia en 2024

En 2024, 400 personas solicitaron la eutanasia en Antioquia (más de una por día), y de ellas, a 147 se las aprobaron y aplicaron. 76 fueron hombres y 71, mujeres. La mayoría eran colombianos, solo hubo dos venezolanos, un estadounidense y un holandés. En ninguna otra ciudad del país, personas de nacionalidad extranjera recibieron la eutanasia.

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De los 147, apenas 5, es decir, el 3,4% tenía diligenciado un documento de voluntad anticipada y lo usó en la solicitud de la eutanasia. 133 casos ocurrieron en Medellín, 12 en Rionegro, uno en Envigado y otro en Copacabana. Hasta el 2016, en el departamento no se practicó ninguna eutanasia, al menos de manera legal y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. En 2017 se registraron cuatro casos, seis en 2018, en 2019 fueron 24, 20 en 2020, 56 en 2021, 94 en 2022 y 2023; en el 2024 fueron 53 casos más, un aumento del 56%.

Así las cosas, Antioquia es la segunda región del país con más casos, solo detrás de Bogotá, donde se realizaron 163 procedimientos. Solo en Antioquia se realizan cuatro de cada 10 eutanasias que se practican en el país. La información la recogió y la presentó el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Desclab, una ONG que lidera la lucha (porque en Colombia no solo la vida, sino también la muerte es una lucha) por el acceso a la muerte digna en el país.

Según el análisis realizado por DescLAB, entre 2015 y 2024, en Antioquia se practicaron 445 eutanasias, lo que equivale al 42,6 % del total nacional. En años recientes, el departamento llegó incluso a liderar las estadísticas con el 50% de los casos en 2021 y el 48,46% en 2022.

¿Por qué Antioquia lidera?

La razón principal por la cual Antioquia (particularmente Medellín, donde la práctica está altamente centralizada) mantiene un alto volumen de procedimientos y un liderazgo a nivel nacional se debe a la robustez y la claridad de su sistema de salud y al compromiso de los profesionales.

A eso hay que sumarle que las personas, al parecer, tienen mayor acceso a información sobre la muerte digna y además, cultural y socialmente hay una buena percepción, más allá de creencias o arraigos religiosos asociados al dolor o a la culpa. Encuestas y estudios citados por el laboratorio dan cuenta, por ejemplo, de que las personas suelen tener una opinión más favorable frente a la eutanasia que frente a otros temas que suelen ser polémicos, como la adopción para parejas homosexuales o la legalización de las drogas.

Por otro lado, si bien, solo el 36% de las solicitudes de eutanasia son aceptadas por el comité médico que las evalúa, la tasa de aprobación en Antioquia es más alta que en el resto del país, donde en promedio se aceptan 3 de cada 10.

Según la abogada Camila Jaramillo, líder de movilización e incidencia de DescLAB, una alta tasa de rechazo no es necesariamente negativa, pues los procedimientos solo deben aprobarse si se cumplen los requisitos legales: padecer una enfermedad grave incurable o lesión corporal, experimentar sufrimiento incompatible con la dignidad, y manifestar consentimiento libre, informado e inequívoco.

“No creemos que sea deseable que el 100% de las solicitudes sean aprobadas ni que deba haber una tendencia de mayor aprobación, sobre todo porque si no cumples con los requisitos legales no habría por qué aprobar el procedimiento”, señala Jaramillo.

Aún hay barreras por superar

A pesar de los avances en el acceso a la muerte digna en el departamento, el acceso efectivo al procedimiento sigue siendo desigual y concentrado en Medellín. Uno de los retos principales es el acceso a un sistema de salud robusto en zonas alejadas de los centros urbanos.

En cuanto al sistema, inclusive en Medellín, persisten barreras significativas que dificultan el acceso al derecho a morir dignamente. Entre las más importantes se encuentra que hay fallas generalizadas en el trámite, pues hay todavía médicos, clínicas y hospitales que ignoran o demoran o hacen mal el trámite de solicitud después de que el paciente manifiesta su intención de acceder a la eutanasia.

Esto sumado a que hay personal médico y administrativo que hace mal uso de la objeción de consciencia y se excusa en ella para obstaculizar el derecho a morir dignamente. Para estos casos, la Corte Constitucional ha establecido que en los casos de muerte médicamente asistida “los profesionales directamente encargados del procedimiento pueden abstenerse de participar si tienen convicciones personales profundas, siempre y cuando esa objeción no impida el cumplimiento del derecho fundamental de la persona solicitante”.

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Falta el Documento de Voluntad Anticipada

A pesar del liderazgo en procedimientos, en Antioquia todavía hay desafíos en cuanto al uso del Documento de Voluntad Anticipada (DVA), una herramienta legal que le permite a una persona decidir cómo quiere que sea el final de su vida (para más información sobre el DVA visite este enlace).

En 2024, solo el 38,8 % de los procedimientos se realizaron con un DVA diligenciado, una cifra muy inferior a la de Bogotá (71,2 %) y Valle del Cauca (100 %). De hecho, 90 de los 147 casos registrados no contaron con un DVA.

Los investigadores de DescLab señalan que en ese sentido falta más pedagogía y promoción de los actores del sector de la salud para que más personas usen esta herramienta.

“En Colombia, todos tenemos derecho a morir dignamente, pero no significa que en cualquier momento podamos acceder a la eutanasia –la ayuda efectiva para morir provista por un profesional de la medicina– o que podamos desistir o interrumpir tratamientos innecesarios o ineficaces en cualquier momento. Para que se nos garantice el derecho a morir dignamente hay que haber manifestado la voluntad y el consentimiento y es ahí donde debemos y podemos anticiparnos”, agregan desde la ONG.