A la cárcel integrantes de banda que cobraba por el agua en Bello
Periodista. Amo viajar, leer y hacer preguntas. Me dejo envolver por las historias.
Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.
Un juez penal municipal de Medellín envió a prisión a 15 hombres señalados de pertenecer a la banda “la Avanzada”, organización señalada de controlar las tuberías de agua del barrio El Pinar, y cobrar $5.000 a los vecinos a cambio de tener acceso al agua que además no es potable.
La Fiscalía y la Policía recopilaron elementos que demostrarían que además de los cobros por el agua, la estructura delincuencial le exigió un millón de pesos a un comerciante de la zona, a cambio de permitirle trabajar con su negocio legal.
“La Fiscalía tiene elementos materiales probatorios que comprometen a la mencionada estructura delictiva en el desplazamiento forzado de cuatro familias en El Pinar y cinco en la zona nororiental de Medellín, entre las víctimas hay varios menores de edad”, reportó el ente investigador en un comunicado.
A ese prontuario se suma una investigación por el secuestro de un hombre y su sobrino de 17 años de edad. Al joven, al parecer, lo habían reclutado para vender drogas pero hubo problemas con el dinero y por eso, en noviembre de 2017, fueron retenidos. Los investigadores reportaron que la familia tuvo que pagar $700.000 a cambio de su liberación.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento simple y agravado, extorsión simple y agravada, secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
Al momento de la captura de los procesados, identificados con los alias de “Chumilo”, “Aserrín”, “Manyoma”, “Frentón”, “el Mono” o “la Rata”, “Nene”, “Rosco”, “Presión”, “Tufer”, “Morocho”, “el Costeño”, “la Tata”, “Figura”, “Alex” y “Alexito”, las autoridades decomisaron 350 gramos de drogas, un arma de fuego y cinco celulares.
El drama de la comunidad
Además de la ausencia de agua potable en El Pinar y otras zonas como Manantiales y la vereda Granizal, no hay servicio adecuado para la recolección de basuras y tampoco hay alcantarillado para la disposición de aguas servidas.
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Apoyados por el Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, la comunidad presentó una acción popular el 17 de noviembre de 2015, conocida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se pedía declarar la vulneración de los derechos al ambiente sano, la seguridad, la salubridad pública, la prestación de los servicios públicos y, el más importante, el derecho fundamental al agua potable.
Habitantes de la zona contaron que las juntas comunales administraron el precario suministro de agua hasta 2018, cuando los grupos ilegales les arrebataron el manejo. Entonces, la cuota semanal, que era de $2.000, y era invertida en mantenimiento de tuberías, accesos y drenajes, subió a $5.000 y fue anexada a las rentas de las organizaciones criminales.
“Si no pagamos, mochan las mangueras y la reconexión es bastante alta, vale como $150.000”, contaron. “Llega puro pantano, igual el agua se utiliza para bañarnos y hacer comida. Hasta para trapear hay que hervir el agua. Ya nadie se asoma a ver de dónde captan el agua”, añadieron.
La acción popular fue fallada favorablemente y se ordenó suministrar el agua en carrotanques, pero el consultorio apeló ante el Consejo de Estado para exigir que se construyan un acueducto y una red de alcantarillado.