El asentamiento más grande del Valle de Aburrá suplica por agua

  • La vereda está ubicada en la parte más alta de la ladera oriental de Bello, en límites con Medellín. Cuenta con un extenso asentamiento dividido en ocho zonas. FOTO Esteban vanegas
    La vereda está ubicada en la parte más alta de la ladera oriental de Bello, en límites con Medellín. Cuenta con un extenso asentamiento dividido en ocho zonas. FOTO Esteban vanegas
Por juan diego ortiz jiménez | Publicado el 19 de abril de 2019
Infografía
Asentamiento más grande del Aburrá suplica por agua
en definitiva

Granizal, el asentamiento urbano más grande del área metropolitana, espera un fallo favorable del Consejo de Estado que ordene la construcción de un acueducto y una red de alcantarillado.

El barro de la carretera que lleva hasta la vereda Granizal, el asentamiento urbano más poblado del área metropolitana, hace más intenso el color habitual de las comunas populares, el color ladrillo. El lodo seco se aferra a las suelas de los zapatos de los al menos 20.000 habitantes de esta zona deprimida, incrustada a la fuerza en la parte más alta de la ladera nororiental del Valle de Aburrá.

Lejos del sosiego que denotan los nombres de los ocho sectores que componen la vereda —Manantiales, Oasis de Paz o El Regalo de Dios, entre otros— el asentamiento, que desde lo alto parece un campo de refugiados, sufre los rigores de ser una zona deprimida, con carencia de espacios públicos, a merced del control de ilegales y, peor aún, obligada a tomar agua contaminada.

Según un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), de 2013, esta es la zona más grande de población desplazada en el área metropolitana, con viviendas construidas principalmente con madera y cartón.

Además de la ausencia de agua potable, no hay servicio adecuado para la recolección de basuras y tampoco hay alcantarillado para la disposición de aguas servidas.

La desatención de la problemática llevó a los habitantes del asentamiento —que se empezó a poblar en 1996— a buscar el agua por sus propios medios y con sistemas artesanales desprovistos de todo componente técnico de salubridad. Este sector se surte del agua cruda procedente del embalse Piedras Blancas, a través de tubería precaria.

El territorio tiene distintas clasificaciones del suelo. Una parte es de expansión, de manera que previos estudios y adecuaciones de infraestructura sería urbanizable; otro perímetro es rural; y otra parte es suelo de protección.

Esa indeterminación de la clasificación del suelo, en la última cuesta de la cordillera metropolitana, tiene en el purgatorio a Granizal.

Agua, bendición y maldición

Apoyados por el Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, la comunidad presentó una acción popular el 17 de noviembre de 2015, conocida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se pedía declarar la vulneración de los derechos al ambiente sano, la seguridad, la salubridad pública, la prestación de los servicios públicos y, el más importante, el derecho fundamental al agua potable.

La acción popular fue presentada por los habitantes de dos de los ocho sectores: El Pinar y Manantiales.

El dictamen clave en el diagnóstico del agua consumida por los pobladores de Granizal fue aportado como estudio pericial, durante el proceso de la acción popular. Se realizaron estudios fisicoquímicos por funcionarios del Laboratorio de Estudios Ambientales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, obteniendo como resultado que el agua tenía coliformes fecales de origen animal y humano, lo que puede producir graves enfermedades, especialmente en niños menores de cinco años, madres gestantes y adultos mayores.

En efecto, las viviendas no conectadas a la rudimentaria red de alcantarillado acuden al uso de letrinas que son vaciadas manualmente. La falta de conexión a la red de alcantarillado provoca su disposición en las quebradas de la zona o en huecos que generan la filtración permanente de aguas.

Según la sentencia del Tribunal, contar con un sistema de acueducto deficiente, con agua contaminada, está relacionado con la transmisión de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y cólera, entre otras.

La OMS afirma que los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada, exponen a la población a altos riesgos de salubridad.

Foco de ilegalidad

La posición estratégica de la vereda Granizal ha sido aprovechada históricamente para la presencia de grupos armados ilegales que ejercen dominio y control social.

La ausencia total de la institucionalidad civil ha favorecido la existencia de dichos grupos.

Habitantes de la zona contaron que las juntas comunales administraron el precario suministro de agua hasta 2018, cuando los grupos ilegales les arrebataron el manejo. Entonces, la cuota semanal, que era de $2.000, y era invertida en mantenimiento de tuberías, accesos y drenajes, subió a $5.000 y fue anexada a las rentas de las organizaciones criminales.

“Si no pagamos, mochan las mangueras y la reconexión es bastante alta, vale como $150.000”, contaron. “Llega puro pantano, igual el agua se utiliza para bañarnos y hacer comida. Hasta para trapear hay que hervir el agua. Ya nadie se asoma a ver de dónde captan el agua”, añadieron.

La precariedad del alcantarillado artesanal se hace más notoria a medida que la cuesta se inclina porque en algunos sectores los residuos biológicos se disponen en letrinas.

La Policía Metropolitana confirmó que los grupos delincuenciales tienen afectadas a las comunidades más indefensas, y contó que cuando el Gaula solicita denuncias nadie las hace.

Sentencia de sinsabores

El pasado 14 de marzo, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal amparó los derechos colectivos requeridos en la acción popular, los cuales están “siendo vulnerados en virtud de las conductas y omisiones de las entidades demandas”, a saber, el Municipio de Bello, EPM y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El fallo ordenó a las dos primeras entidades provisionar a los sectores El Pinar y Manantiales del mínimo vital de agua potable con el acceso a 50 litros de agua diarios por persona. Asimismo, para las zonas más altas de los sectores afectados, el juez señaló que se hará uso de bolsas de agua y bidones (tanques estacionarios de un metro cúbico de agua), ubicados en lugares estratégicos, a través del uso de carrotanques que realicen un suministro periódico.

También instó al Municipio y a EPM que, de manera inmediata, adelantara las gestiones necesarias para proveer pozos sépticos, cumpliendo la normatividad técnica.

El Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, no contento con la determinación judicial, apeló el fallo ante el Consejo de Estado.

Argumentó que el Tribunal era incongruente al ordenar medidas que, presupone, eran inmediatas para conjurar la vulneración de los derechos colectivos y fundamentales. Sin embargo, acotó, estas no son otra cosa más que medidas provisionales, puesto que al ordenar el suministro de agua mediante el uso de carrotanques, bolsas de agua y bidones y la provisión de pozos sépticos, no resolvía de fondo el problema de la comunidad.

“No lo hace de manera permanente y no se cumple con los estándares establecidos en cumplimiento de las condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad en el suministro de agua”, justificó.

En la apelación calculó que, según datos del estudio Alternativas de vivienda y manejo de aguas residuales en la vereda Granizal, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2014, la decisión judicial beneficiaba a 13.300 personas que habitan dos los ocho sectores.

“Así, de un cálculo matemático sencillo, entendemos que para garantizar el acceso al agua potable en los 50 litros diarios por persona, de este número de habitantes, se requeriría de 665.000 litros de agua, es decir 665 metros cúbicos diarios de agua (...) Se necesitará de entre 65 y 95 viajes de camiones cisterna, dependiendo si se usan camiones con capacidad de transportar de 7 o 10 metros cúbicos de agua”, afirmó la apelación.

El problema es que el desplazamiento de 65 o 95 carrotanques en el mejor de los casos, por la carretera destapada, donde impera el barro que se aferra a las suelas de los habitantes de Granizal, es imposible.

El Consejo de Estado deberá resolver la apelación en la que se reitera la necesidad de construir un acueducto y una red de alcantarillado, aunque las precariedades del asentamiento son tantas, que apenas saldrían a flote. Por lo menos podrían, en ese escenario, darse el lujo de abrir la canilla y tomar agua sin pavor .

Contexto de la Noticia

¿Qué RESPONDEN LAS ENTIDADES demandadas?

Contestó que Granizal es un sector que está por fuera del área de prestación del servicio de acueducto. Dijo que en el acompañamiento que realizó a la comunidad, sugirió evaluar, con otras instituciones, opciones como el suministro de agua potable a través de plantas compactas con las redes existentes, instaladas y operadas por la misma comunidad. En la apelación al fallo del Tribunal, añadió que el llamado a intervenir el territorio es el Municipio de Bello.

epm: “granizal está por fuera del área”

Julián Machado Cadavid, secretario de Planeación de Bello, respondió que el Municipio hoy no puede adelantar la regularización de Granizal debido a que el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) considera la zona como suelo rural. “Habría que esperar si con la revisión del POT, que se haría en 2021, se amplía el perímetro urbano. Es un territorio de invasión que hace rato se les salió de las manos al Municipio. Es un tema muy complejo”, señaló Machado.

REGULARIZACIÓN DEBE ESPERAR NUEVO POT

En la contestación de la demanda, el Ministerio aseguró que no tiene injerencia directa en el asunto porque este es externo a sus competencias. Adujo que la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos es de los municipios y, por lo tanto, a estos les compete la solución. Agregó que, de acuerdo con la distribución de competencias, la Nación se encarga del apoyo financiero a los prestadores de servicios públicos, previa gestión de los municipios.

informe venezolanos, los nuevos VECINOS

· Los ocho sectores de Granizal, en su mayoría, están habitados por familias víctimas del desplazamiento, con una población no determinada de entre 20.000 y 24.000 personas.

· En la sentencia, el Tribunal reconoció que la “actitud negligente” de las autoridades, al no controlar el proceso de ocupación ilegal, induce a que cada día la población se incremente con el arribo de más familias

· Ahora los nuevos habitantes de Granizal son los venezolanos que siguen llegando al Aburrá, y que desconocen el contexto del sector, generando escenarios de alto riesgo.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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