Condenan a extesorero de Apartadó a 14 años de cárcel por desfalco de $3.500 millones
El exfuncionario admitió su culpa en el robo a las arcas del municipio del Urabá. Juzgado también lo inhabilitó de por vida.
El extesoreo de Apartadó, Christian Mena Valencia, fue condenado a cerca de 14 años de prisión por el delito de peculado por apropiación, luego de admitir su responsabilidad en el desvío de más de $3.500 millones de la Alcaldía de Apartadó.
Según la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, Mena Valencia,–quien había trabajado durante años en la administración pública de Apartadó– entre mayo de 2024 abril de 2025 autorizó 50 transferencias bancarias que no tenían respaldo contractual, presupuestal, contable ni legal.
Los giros salieron principalmente de cuentas de la Alcaldía y terminaron en cuentas de personas naturales y empresas que no tenían una relación contractual que justificara esos pagos.
El millonario desvío de recursos salió a la luz en el proceso de empalme tras la llegada del nuevo alcalde de Apartadó, Adolfo David Romero Benítez, quien asumió el cargo el 10 de abril de 2025 tras las elecciones atípicas.
Según la sentencia, durante las reuniones de empalme la administración saliente entregó cerca del 90% de la información solicitada. Sin embargo, hubo una ausencia particularmente llamativa: la documentación relacionada con las conciliaciones bancarias y los certificados de las cuentas que estaban bajo responsabilidad del en ese entonces tesorero Mena Valencia.
La falta de esos documentos quedó registrada en el acta de empalme del 11 de abril de 2025.
La situación llevó a revisar de manera detallada los movimientos financieros del municipio. Fue entonces cuando aparecieron las primeras transferencias millonarias que no coincidían con ningún movimiento registrado en el sistema financiero de la Alcaldía.
Inicialmente fueron identificados 49 giros irregulares por $3.354 millones. La revisión posterior permitió encontrar una transferencia adicional de $200 millones, con lo que el número total llegó a 50 operaciones y el desfalco alcanzó los $3.554 millones.
Con la información recopilada, el alcalde Romero Benítez presentó en mayo de 2025 una denuncia penal y señaló al entonces tesorero Mena Valencia como el principal responsable.
Según quedó consignado en el fallo, lo que llamó la atención de los investigadores fue que las transferencias no tenían los documentos que normalmente deben respaldar la salida de recursos públicos. No existían certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, órdenes de pago ni comprobantes de egreso.
Tampoco aparecían registradas contablemente en el sistema de información financiera del municipio.
Las pesquisas arrojaron que los recursos fueron enviados a cuentas de terceros, entre ellos las de los ciudadanos Alexander Bolaños García, Walther Mierth Herrera y Ruth Mery Torres Castillo, además de las empresas Inversiones Diana Uribe G S.A.S., Nutrición Eventos Suministros y Asesorías N.U.E.S.A. S.A.S. y Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S.
Según el fallo, esta última empresa fue la que recibió el mayor volumen de transferencias irregulares.
Aunque Fenomenal tenía nueve contratos legítimos con la Alcaldía, por casi $503 millones, los giros cuestionados no correspondían a esos contratos y carecían de la trazabilidad propia de un pago oficial.
En los casos de NUESA e Inversiones Diana Uribe G S.A.S., la investigación encontró que no existían contratos registrados con el municipio en SECOP II.
Pero el asunto no paró ahí. De acuerdo al documento judicial, la investigación financiera también encontró movimientos de dinero desde algunos de los beneficiarios de las transferencias hacia la cuenta personal de Mena Valencia.
En total, el extesorero recibió directamente cerca de $82 millones en retornos identificados. De ese monto, $14 millones fueron transferidos por Mierth Herrera; casi $10 millones provinieron de NUESA; y $58 millones fueron enviados por Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S. mediante 12 transferencias.
Así habría burlado los controles
Según la sentencia, Mena Valencia tenía bajo su custodia y administración directa los recursos del municipio y, además, manejaba el segundo token de pago de las cuentas oficiales. Esa herramienta era necesaria para materializar las transferencias y le permitía intervenir directamente en la ejecución de los giros.
Pero no solo se habría aprovechado de sus facultades para ordenar las operaciones. La investigación estableció que la funcionaria encargada de las conciliaciones bancarias, detectó inconsistencias y alertó al tesorero. Sin embargo, Mena Valencia habría retenido deliberadamente los extractos bancarios necesarios para realizar las conciliaciones mensuales.
Incluso después de recibir solicitudes escritas para entregar esa información, el funcionario no habría facilitado oportunamente los documentos.
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De esta manera, las operaciones podían permanecer por fuera de los registros contables y dificultar que los controles internos detectaran a tiempo las salidas de dinero.
Pidió “cacao” para reducir condena
Durante el proceso penal, Mena Valencia se allanó a los cargos y aceptó su responsabilidad por el delito de peculado por apropiación. Eso sí, en el juicio, la defensa planteó varias solicitudes con el objetivo de disminuir la pena.
La defensa pidió que la pena se ubicara en el cuarto mínimo, teniendo en cuenta que Mena Valencia no tenía antecedentes penales y que había colaborado con la justicia. La defensa solicitó además la rebaja máxima del 50% por el allanamiento temprano a los cargos, argumentando que la aceptación había evitado un juicio prolongado y representaba un importante ahorro procesal para la administración de justicia.
Otro de los argumentos estuvo relacionado con un supuesto reintegro de $333 millones al municipio, uno de $206 millones, del 21 de noviembre de 2024, y otro de $127 millones del 24 de diciembre de ese mismo año.
Según la defensa, aunque el dinero había sido consignado por la empresa Fenomenal Soluciones, Mena Valencia había gestionado el pago y debía reconocerse como un “acto de reparación”.
La defensa también pidió que Mena Valencia pudiera cumplir la condena en su domicilio bajo la figura de padre cabeza de familia. Para sustentar la solicitud, argumentó que el condenado era el principal sustento económico, afectivo y social de su familia.
Entre las personas que dependían de él estaban su hija recién nacida, su compañera permanente, una suegra adulta mayor y un sobrino de 10 años.
Inhabilitado de por vida
Pese a todo estos “buenos oficios”, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó condenó a Valencia a 168 meses de prisión, equivalentes a 14 años, y le impuso una multa de $167 millones.
Además Mena Valencia quedó inhabilitado de por vida para ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, ser elegido o designado como servidor público y celebrar contratos con el Estado, personalmente o por interpuesta persona.
La jueza tampoco reconoció una reducción adicional por los $333 millones que la defensa presentó como reintegro. El juzgado consideró que no estaba demostrado que ese dinero hubiera sido entregado con la finalidad de reparar el daño causado al municipio. Además, señaló que el supuesto reintegro no había sido actualizado con intereses y que existía un elemento particularmente relevante: el acusado habría continuado desviando recursos públicos incluso el mismo día de las consignaciones presentadas como reparación.
Tampoco fueron concedidas la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria, incluida la solicitada bajo la condición de padre cabeza de familia.
Por ello, Christian Mena Valencia deberá cumplir la condena de manera intramural en el establecimiento penitenciario de Yarumito, en Itagüí.