No hubo irregularidades en la vaca por El Toyo: justicia ratificó inocencia de congresistas que donaron

Luego de un pulso de más de dos años, la justicia concluyó que los congresistas que donaron dinero a la “vaca por las vías de Antioquia” no incurrieron en ninguna irregularidad.

La absolución quedó en firme este martes 11 de agosto, luego de que el Consejo de Estado negara en segunda instancia una demanda con la que se buscaba que esos parlamentarios perdieran su investidura.

Según trascendió, el alto tribunal concluyó que los aportes realizados en el marco de esa iniciativa no configuraron una incompatibilidad para los corporados.

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La ponencia aprobada este 11 de agosto fue firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y avalada por esa corporación.

Un pulso de más de dos años

El pleito judicial de la vaca por Antioquia se remonta a marzo de 2024, mes en el que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lideró una campaña de solidaridad ciudadana para terminar las obras del Túnel del Toyo.

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La iniciativa surgió luego de varios meses de tensiones con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que desde 2023 empezó a expresar no estar dispuesto a seguir financiando con recursos del gobierno central la construcción de esa conexión vial.

Desde hace más de diez años, la región y el Gobierno Nacional habían hecho un acuerdo para hacer posible esa obra, clave para conectar las autopistas Mar 1 y Mar 2, y hacer eficientes las nuevas vías que acortan la distancia entre el interior del país y la nueva zona portuaria del Golfo de Urabá.

Mientras la Alcaldía y la Gobernación se comprometieron a construir el primer tramo de la conexión –que incluye el tubo principal–, la Nación asumió el compromiso de construir la vía de acceso.

Pese a que el primer tramo se concluyó, la vía de acceso se quedó a medio camino, cuando el expresidente Gustavo Petro sostuvo que financiarla no estaba dentro de sus prioridades, a pesar de que el Invías ya tenía firmados y andando varios contratos.

En medio de ese pulso, desde diferentes sectores políticos y de la sociedad civil se hizo un llamado a buscar alternativas para que la obra no fuera un elefante blanco.

Dentro de las voces que entonces participaron de ese debate estuvo la del expresidente Álvaro Uribe, quien propuso hacer una colecta ciudadana voluntaria.

El gobernador Andrés Julián Rendón decidió llevar esa idea a la práctica y el 22 de marzo de 2024 firmó un decreto para legalizar esos aportes ciudadanos.

Pocos días después, decenas de congresistas se sumaron a la iniciativa y empezaron a mostrar en las redes sociales sus aportes, instando a otros ciudadanos a hacer lo mismo.

Senadores como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Andrés Guerra, Paloma Valencia y Paola Holguín, junto con representantes como Juan Espinal y Hernán Cadavid, publicaron sus comprobantes de transferencia, la mayoría por un valor de un millón de pesos.

Sin embargo, el 1 de abril de 2024, críticos de la iniciativa presentaron una demanda contra diez congresistas, alegando que habían violado el régimen de incompatibilidades.

Según argumentaron en la acción, al realizar las donaciones, los congresistas habían supuestamente firmado un contrato de donación con el departamento de Antioquia, violando así la ley.

El 9 de abril la demanda fue admitida para ser revisada y el 22 de mayo de 2024 se hizo una audiencia en la que comparecieron integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los senadores y hasta el subsecretario de Hacienda de Antioquia.

En aquella cita, la Gobernación señaló que más de 15.000 ciudadanos habían aportado a la iniciativa y los representantes de los congresistas señalaron que sus aportes no eran un contrato, sino un gesto de civismo.

El 19 de junio de ese año se llevó a cabo una segunda audiencia, en la que mientras los demandantes insistieron que los congresistas habían actuado con dolo, la Procuraduría se pronunció y señaló no ver procedente que se les quitara la investidura.

El 26 de junio de 2024, el Consejo de Estado emitió una sentencia de primera instancia, en la que estableció que los congresistas no habían infringido la ley.

Además de concluir que en las donaciones no se había configurado la firma de un contrato, el alto tribunal consideró que los congresistas solo querían dar un aporte solidario para una obra pública, que buscaba el interés general.

Vale recordar que, a pesar de toda esta controversia, al final la vaca por las vías de Antioquia no alcanzó su meta, pero tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín decidieron asumir con sus propios recursos la terminación del Túnel del Toyo, luego de que el Gobierno Nacional accediera a ceder los contratos.

Hoy la obra se espera esté entregándose entre noviembre y diciembre de este año, quedando solo pendiente la instalación de los equipos electromecánicos, cuya autorización se dio a escasas horas del fin del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre los congresistas que donaron a la “vaca” por Antioquia?

El alto tribunal falló en segunda instancia a favor de los parlamentarios, ratificando su inocencia y negando la demanda que buscaba decretarles la pérdida de su investidura por haber aportado dinero a la iniciativa cívica.

¿Por qué habían demandado a los políticos que aportaron dinero a la colecta?

Los críticos que interpusieron la acción judicial alegaban que los congresistas habían violado el régimen de incompatibilidades, argumentando que al donar dinero estaban firmando un “contrato de donación” con el departamento de Antioquia.

¿Cuál fue el argumento de la justicia para absolver a los congresistas?

l Consejo de Estado concluyó que los aportes económicos no configuraron la firma de un contrato estatal, sino que se trataron estrictamente de un gesto cívico y un aporte solidario para financiar una obra pública de interés general.