Contraloría advirtió que las APPA de Petro tienen problemas financieros y legales
El ente de control revisó la filigrana de esas figuras declaradas por el Gobierno Nacional, que han causado fricciones especialmente en Antioquia.
Para la Contraloría General de la República las controvertidas APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) que viene declarando el Gobierno Nacional en varios municipios del país tienen cabos sueltos en materia financiera, legal y ambiental.
La advertencia emergió como parte de un proceso de control preventivo que ese ente abrió a la controvertida iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, que está bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
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En su análisis, la Contraloría sostuvo haber encontrado riesgos sociales, ambientales y económicos.
A nivel ambiental, una de las conclusiones a las que llegó el órgano es que en la definición y declaratoria tanto de las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos) como de las APPA, el Gobierno Nacional habría tenido debilidades al darle prevalencia a asuntos como prevención de amenazas y riesgo de desastres.
Revisando las normas con las que se crearon esas figuras, la Contraloría consideró que esa situación podría impactar el uso del suelo.
“Se encontraron debilidades en la aplicación del ítem d) del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, relativo a las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio climático”, sostuvo la Contraloría.
Por otro lado, desde el punto de vista financiero, la Contraloría consideró que las fuentes de financiación de las APPA no estaban claras, ni garantizadas, dado que los recursos para estas figuras no dependían del Ministerio de Agricultura, sino a varios programas transversales.
“De conformidad al principio de la universalidad presupuestal se configura una desfinanciación de las APPA en el presupuesto de inversión 2023-2026 del PND, lo que pone en riesgo financiero el cumplimiento de los objetivos y metas del numeral 2, artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 PND”, planteó la institución.
“En cuanto a los lineamientos por fuera del presupuesto de inversión emitidos con las declaratorias de las APPA a las entidades territoriales, contravienen el principio de legalidad del gasto, por ello, el esquema presupuestal que asumió el Ministerio de Agricultura sin aplicar los parámetros de coordinación previa y las debilidades legales anteriormente expuestas, generan un riesgo de afectación negativa de sus recursos”, agregó.
Finalmente, desde el punto de vista legal, la Contraloría también consideró que en la declaratoria se habrían quedado por fuera información técnica, jurídica y geoespacial clave, en un problema que demandaba la coordinación del Ministerio de Agricultura y la UPRA con otras entidades como Planeación Nacional, el Instituto Agustín Codazzi y el Ministerio de Vivienda.
Así mismo, y en uno de los hallazgos más álgidos, la Contraloría también aseguró encontrar falencias en la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, que podrían a su vez acarrear otros riesgos.
“Se concluye entonces, que las decisiones emitidas por el MADR para la declaración de las APPA presentan observaciones que generan un riesgo de legalidad tanto por la falta de competencia funcional por el desarrollo de un procedimiento que puede afectar el debido proceso y la ausencia coordinación con los entes territoriales”, estableció el organismo de control.
Por esta razón, la Contraloría invitó a la Nación a subsanar esos y otros problemas, advirtiendo que en caso de dejarse esos cabos sueltos se podrían generar afectaciones de múltiple índole.