Contraloría archivó los procesos de los CAI contra el gobernador Rendón

La Contraloría General de la República ordenó el archivo de dos procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionados con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro durante su periodo como alcalde (2016-2019).

La Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal determinó la inexistencia de daño patrimonial al Estado en las obras de los CAI de los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Las investigaciones indagaban sobre un presunto detrimento que sumaba cerca de $1.270 millones, bajo la hipótesis inicial de que las infraestructuras no estaban prestando el servicio de seguridad para el cual fueron contratadas.

Además del Gobernador Rendón, la medida cobija también a Hernán Darío Álvarez Suárez, exsecretario de Gobierno de Rionegro.

Los argumentos del archivo

El ente de control fundamentó su decisión en nuevas pruebas documentales y visitas técnicas que corroboraron que las obras no solo fueron ejecutadas conforme a los diseños, sino que actualmente se encuentran en funcionamiento y ocupadas por la Policía Nacional.

En el caso del CAI Cuatro Esquinas, cuyo presunto daño se estimaba en más de $433 millones, la Contraloría concluyó tras la inspección técnica que “la infraestructura ejecutada guarda una congruencia técnica y arquitectónica con los planos de diseño aprobados, materializando las áreas operativas necesarias para el servicio policial”.

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El fallo subraya que la obra cumple con su finalidad pública, desvirtuando la hipótesis de una gestión ineficaz. Al respecto, el auto señala:

“La obra se encuentra en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fue contratada”.

Para el caso del CAI San Antonio de Pereira, donde se investigaba un presunto detrimento superior a los $836 millones, el organismo de control llegó a una conclusión similar tras verificar la entrega formal del bien mediante contrato de comodato y su operatividad. El informe técnico citado en la decisión destaca:

“La obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos. Se destaca que la unidad policial ocupa actualmente el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional”.

En ambos expedientes, la Contraloría aplicó el principio de que sin un daño cierto y cuantificable no existe responsabilidad fiscal. El documento concluye que “no existe un daño cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud”, por lo cual se procedió al archivo y a la desvinculación de las aseguradoras implicadas.

Fiscalía chuzó al gobernador por este caso

Más allá del archivo fiscal, el caso mantiene un frente activo en la justicia penal. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación que generó controversia tras conocerse que el teléfono del gobernador Rendón fue interceptado durante al menos 71 días a partir de mayo de este año.

Esta polémica medida de vigilancia no solo cobijó al mandatario, sino también a otras nueve personas, entre las que figuran miembros de su actual gabinete departamental, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y contratistas vinculados a la ejecución de las obras. Aunque en una primera instancia una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró la medida desproporcionada por tratarse de hechos antiguos, una sala posterior avaló las escuchas argumentando la necesidad de recolectar material probatorio sobre la contratación con la empresa Edeso.

Frente a estas actuaciones, la defensa del gobernador y el propio mandatario han denunciado una presunta persecución política, cuestionando la necesidad de intervenir comunicaciones privadas por contratos que fueron liquidados hace varios años y cuyas obras están construidas.

Rendón reaccionó con vehemencia a las interceptaciones y a unas declaraciones previas de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien erróneamente se refirió a él como “imputado” cuando el proceso aún permanece en etapa de indagación. Al respecto, el gobernador cuestionó públicamente el actuar del ente acusador: “¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia”.