Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles”

La grave situación financiera que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí quedó al descubierto luego de que su gerente, Luis Fernando Arroyave Soto, visiblemente afectado, rompiera en llanto al relatar las dificultades económicas que hoy ponen en riesgo la atención médica y el bienestar del personal de salud.

Según explicó el directivo, la crisis se agudiza debido a la naturaleza de la especialidad del hospital. El centro de salud se centra en ortopedia, un servicio que depende de insumos altamente costosos como el material de osteosíntesis, los cuales son importados y se pagan a precio de dólar.

Esta situación ha generado millonarias deudas con proveedores, quienes ya suspendieron el despacho de estos elementos indispensables para cirugías y tratamientos.

A esto se suma el incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS. El gerente señaló que solo Nueva EPS, le adeuda cerca de $8.750 millones y no realiza pagos regulares desde agosto del año pasado, lo que ha hecho imposible cubrir obligaciones básicas como el salario del personal.

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“Fue muy duro ver en diciembre a funcionarios llegar llorando, diciendo que no tenían con qué comer, pagar el arriendo o darle un regalo a sus hijos. Y tener que decirles que no había con qué pagarles”, expresó el gerente, quien también denunció que algunos trabajadores han sufrido desmayos por hambre, pese a continuar cumpliendo con sus labores.

El panorama se complica aún más por la alta demanda de pacientes. El hospital opera con una ocupación de urgencias que supera el 200%, obligando al personal a atender a algunos usuarios en sillas plásticas ante la falta de camillas. Una situación que, según el gerente, ha generado señalamientos de supuesta deshumanización por parte de algunos pacientes.

“¿Qué es más inconsciente?, sentar a un paciente en una silla Rimax y quitarle el dolor, porque tengo el 200% de ocupación en urgencias, o devolverla a la casa”, afirmó, al tiempo que explicó que cerrar las puertas a las EPS morosas no es una opción, ya que muchos de los propios trabajadores y sus familias están afiliados a estas entidades.

El directivo aseguró que esta no es una problemática aislada, sino una realidad que golpea a la mayoría de hospitales públicos del país, donde el personal se ve obligado a renunciar ante la falta de garantías, sin encontrar alternativas laborales en el sistema.

“Son muchas las dificultades que tenemos. Una de ellas es el caso de una paciente de 79 años que atendemos en su estabilización desde el pasado sábado. La hemos tratado de remitir a otras instituciones, pero ningún hospital la quiere recibir debido a que Nueva EPS no ha pagado al hospital y tampoco a otras clínicas”, añadió el gerente del Hospital San Rafael.

“Desde el mes de octubre no hemos pagado el salario a 460 funcionarios, entre personal médico y asistencial. El llamado que hacemos a las EPS es que se pongan al día para poder responder con prontitud a pacientes y empleados”, concluyó Arroyave.

Una crisis que tiene golpeado a todo el sistema de salud

El sistema de salud en Antioquia atraviesa una de sus crisis financieras más graves debido a la millonaria deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria pública y privada del departamento.

De acuerdo con cifras consolidadas por la Secretaría de Salud, a septiembre de 2025, la cartera vencida asciende a $8 billones, una situación que pone en riesgo la atención de millones de usuarios.

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“Los hospitales agotaron cualquier posibilidad de sostenibilidad y estamos cada vez acumulando más nóminas, más quincenas sin pago y menos posibilidad de abastecimiento. Hay desabastecimiento de medicamentos en las instituciones hospitalarias para atender a los pacientes”, expresó la secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Según esta cartera, del total de la deuda, $6 billones corresponden a la red privada y $2 billones a la red pública. La mayor presión financiera proviene de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud) que en conjunto adeudan $4,9 billones, afectando de manera directa a cerca de 3 millones de afiliados en el departamento.