Demandarán la venta del lote donde se construiría la Arena Primavera
Expropietario asegura que compró “de buena fe” y que el predio resultó en lío de un narco. Asegura que SAE, Fiscalía y Municipio de Sabaneta cometieron errores.
Dos semanas después del anuncio de la venta del lote donde quedará la Arena Primavera, el escenario de espectáculos más grande que tendrá el Valle de Aburrá, ya hay anunciada una demanda contra ese acto que busca incluso afectar la licencia de construcción de ese proyecto.
Acá es importante recordar que el terreno en mención entró hace ya varios años en un proceso de extinción de dominio a un narcotraficante extraditado y ha estado en manos de la Sociedad de Activos Especiales, que a finales de 2023 lo alquiló al grupo empresarial CLK para comenzar el proyecto y hace apenas unos días anunció la venta al mismo conglomerado. Un negocio que resultará beneficioso para la firma adquiriente, pues ya no tendrá que pagar $80 millones mensuales de arriendo e invertir $85.000 millones en infraestructura para devolverla en 30 años, cuando vence el contrato de arriendo, sino que por $51.000 millones se podrá quedar con las ganancias.
Además, surgen inquietudes por dos de los tres competidores en el martillo, pues una era una entidad sin ánimo de lucro que difícilmente tendría con qué apalancar una inversión de ese tamaño (la Asociación de Desplazados de Granada-Meta), otra era una empresa que estaría en liquidación y otra no alcanza el tamaño como para hacer una propuesta de la envergadura para esta adquisición.
Sin embargo, esa es una arista que, por lo pronto, no tiene que ver con la anunciada acción jurídica, la cual viene de Diego Alejandro Arango Duque, dueño de la firma Ideas & Co S.A.S., que fundó en 2004 para procesar madera reciclada de las cajas en las que una concesionaria traía partes y repuestos del exterior.
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Cuenta que el negocio iba tan bien que en 2009, cuando le apareció el negocio de un terreno sobre la avenida Las Vegas, en Sabaneta, a unos pocos pasos de un importante centro comercial, lo compró con el fin de ampliarse pero además, montar un parqueadero y alquilar bodegas y maquinaria. La transacción, según papeles, se cerró en la notaría 8 de Medellín el 25 de junio de ese año por $8.431 millones. El sueño se empezó a derrumbar en abril de 2012, cuando la Fiscalía decretó el embargo del predio porque, presuntamente había hecho parte de los bienes de Franzul, la firma ligada con Pedro Antonio Bermúdez, alias El Arquitecto, un narco incluido en la llamada Lista Clinton.
Según Arango, el fiscal de entonces le dijo que la medida buscaba simplemente verificar que él lo había adquirido de buena fe, pues el predio era parte de un listado de más de 400 inmuebles más vinculados con el mismo proceso por narcotráfico y asegura que se la ha pasado todo este tiempo tratando de demostrarlo. Como en 2020 llegó una reclamación por predial atrasado sobre el terreno, le transfirió a la división de Activos y Bienes de la SAE $1.200 millones con el fin de que se pusieran al día.
“Como yo consideraba que esa seguía siendo mi propiedad, para mostrar la buena fe y la decencia, les digo: Les entrego esto como secuestres y paguen impuestos; pero no los pagaron y ahí entraron los juzgados”, añade. La alarma fue mayor cuando escuchó del arriendo a CLK por 30 años para construir la Arena Primavera, luego en 2024 cuando anunciaron que saldría a un martillo para venta y aún más el 10 de julio, cuando dijeron que ya era hecho cumplido.
La abogada de Arango, Valeria Castaño, explicó que están preparando la demanda al respecto, que busca anular lo actuado y que se les restablezcan los que considera derechos de su representado.
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El argumento es que la SAE no cumplió los requisitos legales, ya que, en su concepto, el bien no se podía vender bajo la figura de enajenación temprana pues no generaba perjuicio para el medioambiente, ni para los vecinos o para la sociedad y tampoco ocasionaba detrimento para el Estado, los cuales son requisitos en esos casos, y en cambio era rentable porque estaba arrendado. El otro argumento es que para la venta se debía contar con varias autorizaciones. Una de ellas sería la de la Fiscalía, porque el inmueble está inmerso en un proceso penal de extinción de dominio. La otra sería del agente liquidador de Ideas & Co, por tratarse igualmente de un bien que hace parte del inventario de un proceso de insolvencia que culminó con la liquidación, a finales de junio pasado, sin que se hayan pagado acreencias por $8.738 millones, es decir, una cantidad similar al valor de compra del lote.
En este caso, según la jurista, incluso se pudo haber generado daño patrimonial para el Estado, pues la firma se quedó sin pagarle tanto deudas a la Dian como a Sabaneta, al Municipio de Medellín y a la Superintendencia de Sociedades. Otro de los acreedores que quedó en el aire fue una entidad bancaria que tenía el lote en una fiducia, al cual le adeudaban varios millones por manejo y que Castaño da por sentado que podría interponer otra acción para que se le reconozca su derecho.
¿Peligra la licencia?
La abogada elaboró varios derechos de petición a la SAE, la Fiscalía, la Oficina de Instrumentos Públicos, la Superintendencia de Sociedades y la Alcaldía de Sabaneta pidiendo aclarar la situación del predio. Por lo pronto, la única respuesta que ha recibido vino de la administración de Sabaneta. Al preguntar qué acciones se adelantaron para verificar la situación jurídica de este predio sobre el cual ya se ha aprobado el Plan Parcial Ciudad Cristal y la respectiva licencia de construcción, el secretario de Planeación, Javier Humberto Vega, contestó que “este despacho no ha adelantado ningún tipo de verificación” atendiendo al principio de buena fe que ya está consagrado en providencias de la Corte Constitucional.
No obstante, de acuerdo con la abogada Castaño, tratándose de una entidad oficial, ese principio no se aplica a secas sino que tiene que ser una “buena fe cualificada”, o sea que no basta con la palabra sino que se debía verificar la veracidad de los documentos de los promotores de la Arena. Castaño apunta que si la acción legal que interpondrán llega a surtir efecto, podría incluso estar en riesgo la licencia de construcción sobre la cual la Arena lleva avance del 25%.
EL COLOMBIANO consultó a Eduardo Olea, una de las cabezas de CLK, con respecto al anuncio de demanda. Según él, “hay suficiente materia legal para decir que tanto la SAE como todas las entidades, incluida la Alcaldía de Sabaneta, han actuado con estricto rigor dentro del marco de la ley”; además, recordó que si se llegara a dar un fallo judicial en favor del reclamante, existe un mecanismo a través del cual el Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen) entra a responder. “Esta es una ley casi de punto final para los bienes. No existe ningún recurso que apela a eso”, recalcó Olea. Arango recalca que el daño sería grande para el Estado y ya está siendo inmenso para él, que está quebrado.
¿Quiénes más pujaron por lote?
EL COLOMBIANO le preguntó a la SAE qué firmas estuvieron en la puja y la respuesta fue que habían sido Asociación de Desplazados de Granada Meta, Inversiones & Reservas SAS., Legal Consultant Associates y Ticket Fast. De por sí sonaba extraño que una asociación de víctimas pujara por un bien de más de $50.000 millones. El representante legal contestó que sí han hecho trámites en la SAE para que les asignen tierras, pero que la última vez que vino al Valle de Aburrá ni siquiera existía el metro, por lo tanto no conoce el lote de la Arena. El nombre de Legal Consultant Associates resultó ser el mismo de una firma con sede en Barranquilla cuyos movimientos, según el último reporte, si acaso llegan a los $2.000 millones anuales. El único registro en el RUES con el nombre de Inversiones & Reservas S.A.S. corresponde a una empresa con domicilio en Medellín que estuvo en proceso de liquidación y la reactivaron en 2020. El último balance público corresponde a 2023, año en el que no facturaron ni un peso.
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