Devastador: una mujer perdió su casa en Antioquia por “confiar” en el cartel de la insolvencia
Para solucionar problemas económicos tras la separación de su pareja, una mujer terminó en manos de una firma de abo-gados que, además, la dejó reportada en centrales de riesgo.
Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.
Después de darle fin a su matrimonio, Nora* terminó en una encrucijada con su apartamento, producto de las múltiples deudas adquiridas durante su relación. Para salir de ellas –sin entender mucho del tema– acabó en manos de unos abogados que prometían arreglarle todos sus problemas mediante la declaratoria de insolvencia, un mecanismo legal para renegociar deudas. Sin embargo, el remedio salió peor que la enfermedad y terminó sin casa y sin poder prestar ni $1.000.
La situación se originó luego de que esta mujer, junto con su compañero sentimental, contrajeron entre 2012 y 2015 deudas que superaban los $897 millones con el banco Itaú, las cuales no pudieron ser pagadas e, incluso, ya habían llegado a instancias legales.
Dentro del patrimonio de esta mujer se encontraba la mitad de un apartamento en el municipio de Rionegro, situación que habría sido clave para una firma que, al parecer, se dedicaría a crear insolvencias con deudas falsas con el fin de defraudar a los bancos.
“A ella la contactaron sin que previamente se le hubiera puesto en conocimiento de la situación. Los contactos iniciales fueron hechos a través del esposo, a quien habrían convencido para realizar los servicios jurídicos mediante esta entidad”, dijeron familiares de Nora.
Uno de los argumentos con los que habrían aceptado la oferta de esta firma que prometió salvarlos de las deudas es que se encargarían no solo de pagar todas sus acreencias, sino que también les darían un dinero adicional, teniendo en cuenta que la casa sería incluida en el proceso.
“La promesa es que le creaban algunas deudas, las cuales no tenía que pagar, porque serían directamente con ellos. La idea era que existieran esas deudas para que la casa no quedara en manos del banco, sino de estos abogados, quienes después les darían la plata”, señalaron los parientes de la mujer.
El proceso de “insolvencia” comenzó el 20 de enero del año pasado, y cinco días antes ya le habían creado las deudas para que fueran integradas al proceso y que todo quedara en manos de la firma de abogados que lideraba el proceso.
Perdió la casa
A partir de ese instante comenzaron las presiones para que firmara los pagarés y demás documentos de las deudas falsas.
“Estos trámites tienen un costo, nosotros estamos asumiendo la totalidad, este proceso de insolvencia vale más o menos $40 millones, de los dos, entonces es una inversión que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál era la rapidez de hacerlo, mandarlo y firmarlo? Que todo se presentó un día antes del remate”, le dijeron a Nora, en un audio que dio a conocer sobre el tema.
Cuando finalmente entraron al proceso de insolvencia y se logró el remate de la propiedad, que quedó a cargo de la firma de abogados, comenzaron las evasivas por parte de los integrantes de estos.
Cuando le respondieron, dijeron que ellos se habían quedado con su casa y que estaban en mora con ella, pero que en algún momento le entregaban el remanente de lo obtenido en el proceso y los paz y salvos de las deudas adquiridas tanto con el banco como con la empresa. Ninguno de estos llegó.
Ante esto, la mujer decidió interponer acciones legales por lo ocurrido con la casa donde compartió con su pareja, para recuperarla de esta oficina de abogados. Allí se encontró con que no solo las deudas estaban vigentes, sino que también –por la declaratoria de insolvencia– le cancelaron su única tarjeta de crédito.
“Ella tenía una tarjeta de crédito con un cupo muy bajito de deuda, y se la cancelaron en este proceso de una manera arbitraria”, dijeron sus familiares.
Alerta de Asobancaria
Ante situaciones como esta, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió una alerta: en el país está operando un “cartel de la insolvencia”, que afectaría a miles de familias y a los bancos.
“Cuando (la insolvencia) funciona bien, cumple un propósito social valioso. Permite reorganizar deudas, preservar patrimonio y facilitar un nuevo comienzo. Pero cuando se utiliza de manera indebida, como está pasando, pierde su esencia y termina generando efectos contrarios a los que busca corregir”, señaló Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
Esto ha provocado que se generen, según esta asociación, una serie de prácticas abusivas que estarían afectando a los acreedores, y hasta a las víctimas, mediante el aprovechamiento de los vacíos normativos de la ley.
El abogado Jhon Jairo Morales, director de la firma Dumed Abogados, destacó: “Tengo conocimiento de estas prácticas desde hace un año en la ciudad, siendo una estructura organizada que no solamente busca defraudar a las entidades financieras sino también a sus propias víctimas”.
Pero finalmente quienes terminan pagando los platos rotos en este proceso son los acreedores, porque además de los líos judiciales que se puedan presentar por el uso irregular de este mecanismos, también hay afectaciones a largo plazo.
Por ejemplo, ante esta declaratoria, son al menos cinco años los que se deben esperar para empezar un proceso lento de reactivación financiera, mientras que para el sistema económico los golpes son mucho más duros.
“El impacto se traslada al conjunto de la economía. Las pérdidas no desaparecen. Se reflejan en mayores tasas, en condiciones más exigentes y en menores niveles de inclusión financiera. Es importante recordar que los recursos que intermedian las entidades financieras provienen del ahorro de los ciudadanos”, indicó Malagón.
Además, en este proceso hay muchos inescrupulosos que al final se terminan adueñando de lo poco que las personas tienen, abusando de esta figura, tal y como le ocurrió a Nora.
*Nombre cambiado.