En Bajo Cauca y Nordeste preocupa declaratoria de la Serranía San Lucas como zona protegida de reserva
En la zona protegida de la Serranía de San Lucas quedaría el 23% de El Bagre y el 10% de Segovia. Los pobladores y las autoridades se precupan porque crecería más la minería ilegal y criminal.
Dos municipios antioqueños están considerados dentro de una inmensa franja de 484.270 hectáreas que sería declarada como Distrito Nacional de Manejo Integral (DNMI) o zona protegida en la Serranía de San Lucas.
En el Nordeste y Bajo Cauca existe preocupación pues aducen que esto limitaría la posibilidad de ejercer una minería formal y sería una traba más para los procesos de legalización (uno de los propósitos del Gobierno) de quienes llevan a cabo la actividad extractiva de metales preciosos.
En el área de protección están considerados diez municipios del Sur de Bolívar: Montecristo, Morales, Arenal, Orosi, Río Viejo, Santa Rosa del Sur, Tiquisio, Cantagallo, San Pablo y Simití. Los dos antioqueños serían Segovia (Nordeste) y El Bagre (Bajo Cauca). Alrededor de la zona se nota zozobra.
“Por parte de las comunidades mineras, campesinas, agropecuarias y entre los comerciantes, hay un descontento. No es que no se quiera la protección del ecosistema, la gente es consciente de que hay que generar mecanismos de protección, sino que es una medida que no ha sido enteramente consultada ni construida con las comunidades, aunque el Gobierno diga que sí”, expresó un abogado que representa a una de las mineras de la zona y que pidió anonimato por lo sensible del tema.
El representante de la Mesa Minera del Nordeste, Yarley Marín, recordó que de este asunto se viene hablando desde hace diez años con algo de fondo: la Ley 2 de 1959 creó siete grandes Zonas de Reserva Forestal Nacional para proteger los suelos, aguas y la vida silvestre, con el propósito de que se conserven las selvas; en ella se basa el borrador de esta nueva declaratoria que se viene auscultando desde 2015.
En estas no se pueden talar árboles, hacer ganadería y muchas otras actividades productivas, ni mucho menos expedir títulos mineros. Bajo esa condición quedarían 35.984 hectáreas de El Bagre, y 11.262 de Segovia, equivalentes respectivamente a 23,16% y 10,07% de su territorio.
El problema es que, según acotan, en una década el mapa ha cambiado tremendamente, de manera que en sitios que antes eran selva se han desarrollado entables para la extracción de oro –algunos legales, otros ilegales–, potreros o en otros casos hasta se han construido poblados.
La consecuencia es que incluso empresas como esta en que trabaja la primera la fuente referenciada, que está ubicada en la zona rural limítrofe entre los dos departamentos, que posee títulos, licencia ambiental, no utiliza mercurio y emplea a 200 personas con todas las prestaciones sociales, se verían abocadas al cierre.
“No estamos de acuerdo con el DNMI porque, aunque diga que permitiría minería, sería una de carácter manual y poco mecanizada, lo cual es incompatible con los sistemas de explotación actuales, que ya son más industriales y mecanizados”, dijo el abogado, quien defendió que aunque toda minería tiene impacto sobre el ambiente, en la que se hace por estos lados es menos agresiva no solo por los cuidados que se tienen sino por ser subterránea.
Amplio territorio afectado
De acuerdo con el vocero de la Mesa Minera del Nordeste, de hecho el 87% del área de Segovia estaría dentro de los parámetros de la Ley 2 y finalmente aproximadamente el 10% fue incluido de manera preliminar en el área de la futura reserva, como también lo estarían por ejemplo el 23,1% de El Bagre, el 82% de Montecristo, el 47,7% de Arenal, 42,4% de San Pablo y el 42,1% de Santa Rosa del Sur (ver gráfico).
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Plantea además que en vez de declarar una nueva zona de reserva especial que desconoce la realidad, lo que deberían es actualizar la Ley 2 de 1959.
Debido a que la mayor parte de la población en la zona se dedica a la minería, la declaración de la reserva agravaría su situación, ya que técnicamente bajo la norma citada no está permitida esta actividad extractiva.
“Estamos de acuerdo en proteger los ecosistemas, pero debe haber un desarrollo sostenible que permita formalizar la minería, la ganadería y los temas agrícolas. Si el minero no tiene ingresos, se afecta toda la cadena, incluyendo al agricultor y al ganadero que le venden sus productos”, recalcó el abogado.
Marín, por su parte, fue enfático en que esto generaría desplazamiento del territorio y una mayor criminalización de las comunidades que tradicionalmente la han ejercido.
Adicionalmente, cuestiona por qué el Gobierno ha entregado títulos mineros en el pasado si se trataba de una zona considerada de protección, señalando que dichos documentos representan derechos adquiridos que deben respetarse.
Cuestionan participación
El otro elemento central por el que no aceptan las organizaciones la declaratoria de la zona de protección es que consideran que ha fallado la concertación, pues no les habrían dado la debida participación dentro de las mesas técnicas que se han creado para discutir todas las aristas de la propuesta de este DNMI.
Estas mesas se dividen por temáticas: hay una Metodológica, para definir cómo difundir las conclusiones; de Gobernanza para explicar la administración de los recursos; de Minería, para dejar claro dónde y bajo qué condiciones se permitirá esta actividad, y una mesa de Medio Ambiente, para definir las áreas que se tienen que recuperar.
La Mesa Minera del Nordeste se queja de que si bien había once organizaciones en la interlocución con el Gobierno Nacional, no estaban ni siquiera las alcaldías y los concejos municipales, y no se había escalado la información hasta las comunidades.
“El referido proceso de declaratoria, que al día de hoy ajusta más de diez años (...) no ha contado con la participación ACTIVA de las comunidades y Entes territoriales directamente afectas con el proyecto, particularmente los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo Bolívar”, aseguran en un derecho de petición interpuesto en noviembre de 2025 por los mandatarios de estas localidades, Milton Olaya y Luis Carlos Baldovino, ante la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales Minero Energéticos.
En el documento, esos mandatarios locales expresan el rotundo descontento ante la declaratoria de área protegida en la Serranía de San Lucas y piden que no se tome una decisión al respecto hasta que haya un diálogo real, a la vez que argumentan que las restricciones ambientales impuestas carecen de sustento técnico y consenso social.
Posterior a esa reclamación y a varias acciones de tutela interpuestas, en los diálogos se aumentó recientemente la participación a 35 organizaciones, incluidas algunas que representan los intereses de los mineros.
Y si bien consideran que esto es positivo, persiste la inquietud de que no vaya a ocurrir lo que aconteció con la elección de un área amplia del Suroeste antioqueño como APPA (Área de Protección para la Producción de Alimentos) mediante un “decretazo” del Gobierno.
“Están pensando hacer una declaratoria de manera unilateral, cuando se había acordado socializar con la comunidad las figuras, el impacto y la forma de gobernanza”, es la sensación que tiene por ejemplo Mauricio Muñoz, vocero de la Asociación de Víctimas Agroambientales de Puerto Claver.
Además, ve con preocupación las consecuencias para la integridad de las organizaciones que han estado en el proceso, pues dos años atrás circuló el rumor de que estas se le habían “vendido” al Gobierno nacional traicionando los intereses de la población local.
“Dirán que si se declara es porque nosotros vendimos ese territorio o nos pusimos de acuerdo con el Estado”, apuntó Muñoz.
La cercanía del final del periodo presidencial aumenta esa suspicacia, ya que temen que el presidente Gustavo Petro quiera cerrar su mandato, a como dé lugar, con anuncios de este tipo para mostrar ejecuciones.