El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los ecosistemas más estratégicos del país. Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una reserva ambiental de carácter temporal que cubre cerca de 942.000 hectáreas, con el objetivo de blindar este territorio mientras se define una figura de protección definitiva.
La decisión, formalizada a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, extiende por dos años las medidas adoptadas previamente para la zona.
Según explicó la ministra encargada Irene Vélez, la importancia de esta área radica en su papel como reguladora de múltiples cuencas hídricas que abastecen a buena parte del Caribe colombiano.
En contexto: el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada se amplió en 2023 (ver video).
“Reconocemos su significado vital para las comunidades que lo habitan y lo cuidan, avanzando en garantías de gobernabilidad ambiental para la integridad de la Línea Negra”, aseguró Vélez, haciendo énfasis en la necesidad de proteger los recursos hídricos.
Más allá de su relevancia ambiental, la Sierra tiene un profundo significado cultural y espiritual.
Para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa, este territorio —al que llaman Gonawindua— representa el “corazón del mundo”. Desde su visión, cualquier alteración en este ecosistema, desde las zonas de alta montaña hasta el mar, puede afectar el equilibrio de la vida en su conjunto.
En ese sentido, el presidente Gustavo Petro agregó:
“La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, acaba de ser protegida por el gobierno. Casi un millón de hectáreas de reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta son parte de la reserva, una de las más grandes de la historia del país. Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo”.
La resolución establece restricciones claras frente a actividades extractivas. Durante el tiempo que dure la medida no se podrán otorgar nuevos títulos ni contratos para la exploración o explotación minera en el área delimitada.
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Esto implica que la Agencia Nacional de Minería no podrá autorizar nuevas concesiones en la zona. Sin embargo, las operaciones que ya cuentan con título vigente podrán continuar, aunque sin posibilidad de ampliarse ni de prorrogar sus permisos.
La medida también responde a una solicitud directa de las autoridades indígenas de la Sierra, quienes en febrero pidieron al Gobierno avanzar hacia una protección permanente del territorio, puesto que quitarles tierras y dedicarlas a la explotación las deja sin una “herramienta legal efectiva de defensa frente a actividades que puedan afectar gravemente su territorio y su sistema ancestral de conocimiento”.
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