¿Castigo? Por qué Corantioquia le quitó los poderes ambientales a Envigado

Envigado tenía un privilegio entre los 80 municipios donde actúa la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia (Corantioquia): esta entidad que ejerce como autoridad ambiental en la mayor parte del departamento le había delegado facultades dentro del territorio a esa alcaldía.

Eso implicaba que los habitantes no tenían que ir a otras partes para tramitar licencias ambientales, concesiones de agua, permisos de vertimientos, de emisiones atmosféricas y de ocupación de cauces; permisos y autorizaciones de aprovechamientos forestales y de la flora silvestre con fines comerciales. Igualmente, registros de plantaciones y de libros de operaciones de las industrias o empresas forestales.

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Ello ocurrió desde el 14 de diciembre del año 2000 cuando la Corporación expidió la Resolución 3710. Sin embargo, Corantioquia acaba de expedir otra norma que le quita casi todas esas funciones.

El acto, que ha sido interpretado por algunos como una muestra de que la Ciudad Señorial se rajó en su gestión ambiental, tiene fecha del 7 de enero y en él la directora de Corantioquia, Liliana María Taborda, hace una pormenorizada exposición de once motivos que tuvieron para revocar casi todas las competencias asignadas hace un cuarto de siglo, dejándole solo la de tramitar y resolver solicitudes de permisos de emisiones atmosféricas.

Entre esos incumplimientos, según el documento, hubo permisos de vertimiento que se dieron para áreas protegidas como humedales, nacimientos y fuentes hídricas, algo que no debía ocurrir; también, se habrían autorizado concesiones de agua y permisos de vertimiento sin una evaluación de los determinantes ambientales y en cambio en otros procedimientos les habrían pedido a los usuarios información que no venía al caso.

Asimismo la resolución advierte “deficiencia en la rigurosidad de los informes de evaluación y de control y seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal” y que se estarían equivocando las exigencias para otros procesos.

De manera concreta, indica que de 91 solicitudes de permisos ambientales que decidió la Delegación en 2023, 41 superaban los tiempos establecidos por la Corporación Autónoma. No habrían faltado tampoco los casos en que los usuarios se fueron para la sede central de Corantioquia ante la falta de información en el punto de atención municipal, de acuerdo con lo que se lee en la resolución.

Corantioquia igualmente habría hallado falencias en la radicación y digitalización de los documentos que se manejaban en la Delegación.

Estas dificultades, al parecer, no eran nuevas; de hecho, apunta que ya se las habían comunicado al Municipio desde junio de 2024 y existía un compromiso de resolverlas.

Pero de nuevo, ocho de los contratiempos enunciados seguían sin ser atendidos, de acuerdo con un memorando que le enviaron a la Alcaldía desde la Oficina Territorial Aburrá Sur y la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión de Corantioquia el 29 de diciembre pasado.

El tema es que Corantioquia consideró que era ella la que estaba asumiendo un riesgo jurídico y reputacional por la reincidencia en las presuntas fallas y la falta de ejecución, y por eso determinó reasumir las funciones.

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En un video que circuló en las redes sociales, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado, Beatriz Lema, explicó que ahora los trámites deberán hacerse en las oficinas de Corantioquia y afirmó que “la administración de Envigado es respetuosa de las decisiones de esta entidad y acata las disposiciones establecidas a través de su comunicación”.

¿Hay algo más detrás de esto?

Adolfo León García, de la Veeduría Concejo Envigado Visible, ha criticado el presunto manejo político de la delegación ambiental. Hace poco también, en una controversia en redes, el exalcalde Braulio Espinosa señaló que el concejal Juan Uribe tendría cuotas en la dirección de esa dependencia.

Y con relación a la revocatoria de funciones, García señaló en una columna publicada en El Envigadeño que le estarían cobrando a la administración local una falta de operatividad, pero en especial escándalos recientes como los ocurridos por los cierres de la Loma del Escobero por derrumbes, o el acaecido por el impacto visual tras la construcción del edificio Quantum.

“Envigado no perdió la autoridad ambiental por mala suerte, la perdió por mala gestión”, puntualizó a la vez que anunció que pedirá a la Contraloría que investigue.

Al ser indagado al respecto, el subdirector de Sostenibilidad de Corantioquia, Arbey Osorio, fue más diplomático que la resolución del 7 de enero y aseguró que no es que hubiera quejas sino análisis internos sobre el desarrollo de la gestión, porque “según la ley, las entidades pueden delegar funciones, pero deben ejercer supervisión y vigilancia”.

También negó que se trate de una especie de descertificación del Municipio y que esté ligado a los casos de Quantum y El Escobero.

“Reconocemos que el Municipio realiza una labor importante en la gestión ambiental; sin embargo, en términos de permisos ambientales, se requiere mayor especialización y unicidad de criterios. A veces, las decisiones tomadas en un territorio diferían de las de otro, y buscamos unificar posturas para que las actuaciones de cara al usuario sean coherentes”.

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Agregó que tampoco se trata de falta de personal idóneo, aunque aceptó que entre 2024 y 2025, por problemas de financiación, no se renovó un convenio de apoyo entre las dos partes, lo cual pudo afectar la coordinación.

Informó asimismo que Corantioquia cuenta con canales virtuales para evitar que la gente se tenga que desplazar hasta su sede para efectuar diligencias.

EL COLOMBIANO buscó un pronunciamiento de la secretaria Lema sobre las fallas señaladas, pero contestó que las dos partes están en mesas técnicas para aclarar cada punto y “una vez surtidos estos encuentros con la Corporación podremos dar respuesta”.

Finalmente, Osorio aseveró que la Delegación ambiental puede retornar a Envigado en cualquier momento, cuando se unifiquen los criterios de su actuación.