Investigan a exgerente de empresa de aguas por presuntas irregularidades con alcantarillado en Puerto Berrío
La Procuraduría indicó que el exgerente habría expedido un concepto de disponibilidad para prestar este servicio en una zona donde no había la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. Aquí la historia.
Comunicadora Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé en Blu Radio y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Apasionada por las políticas públicas, la cultura y el reportaje social.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exgerente general de la Empresa Aguas del Puerto SA- ESP, en Puerto Berrío, Antioquia, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en ese municipio del Magdalena Medio.
Según el ente de control, Cristóbal Sánchez Serrano habría expedido en 2022 un concepto de disponibilidad para la prestación del servicio de alcantarillado en el sector de La Malena, pese a que, presuntamente, en la zona no existía la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento.
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Esta actuación, al parecer, se habría realizado en contravía de las normas que regulan el ordenamiento jurídico y la planeación de los servicios públicos.
La Procuraduría Provincial de Puerto Berrío adelanta la verificación del caso y evalúa una posible vulneración del principio de legalidad en las decisiones adoptadas por el entonces funcionario. Por estos hechos, la entidad calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima, atribuida a título de culpa gravísima.
Otras investigaciones contra exfuncionarios en Antioquia
En Antioquia, la Procuraduría mantiene abiertas varias investigaciones disciplinarias contra exfuncionarios y servidores públicos por presuntas irregularidades en la contratación estatal y la gestión de recursos públicos.
Uno de los procesos más recientes fue anunciado el pasado 21 de enero de 2026, cuando el ente de control formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, quien estuvo al frente del municipio durante el periodo 2020–2023, así como contra la exsecretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata Cano. Ambos son investigados por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato bilateral por un valor de $654.771 millones.
De acuerdo con la Procuraduría, el entonces mandatario municipal habría firmado en abril de 2022 un contrato bajo la modalidad de contratación directa entre la Alcaldía de Copacabana y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte). El convenio administrativo contemplaba la ejecución de servicios técnicos, investigativos, administrativos y financieros, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 2020–2023 “Copacabana con seguridad”, pese a que, presuntamente, existía una prohibición vigente por los entes del Estado,
En el mismo proceso disciplinario, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá investiga a la exsecretaria de Gobierno por, presuntamente, haber expedido los estudios previos que sirvieron de soporte para la celebración del contrato, omitiendo el impedimento establecido en la ley. Por estos hechos, el ente de control calificó provisionalmente las conductas como faltas graves, a título de culpa gravísima.