Gobernador de Antioquia pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las APPA

En la tarde de este lunes 29 de septiembre, el gobernador Andrés Rendón estuvo en la Corte Constitucional, en Bogotá, en el trámite jurídico ante el alto tribunal con el que se busca que se declare inexequible el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que da vida a las polémicas áreas de protección para la producción de alimentos APPA y su futura aplicación en el Suroeste antioqueño.

En su intervención ante los jueces, Rendón comentó algunas de sus posturas frente a las APPA. Inicialmente dijo que para él hay una contradicción “evidente e insalvable” entre la norma demandada y las competencias que por ley se asignan en materia de ordenamiento territorial y planeación agropecuaria a la Nación, los departamentos y los municipios.

Según Rendón, las leyes de Colombia le otorgan la potestad de ordenar el suelo a los Concejos y a las Alcaldías. Mientras que a la Nación, solo le permite realizar políticas generales en este asunto y a los departamento brindar directrices y orientaciones.

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“Las APPA no son un orientación general. Son una directiva que da al Ministerio de Agricultura la competencia de ordenar el suelo con efectos que, como consecuencia de su implementación, son de obligatorio cumplimiento. Por esto la norma es claramente inconstitucional”, señaló Rendón.

En otro aparte, Rendón comentó que a su juicio las APPA son innecesarias en Antioquia, toda vez que el departamento es el que más le aporta al PIB agropecuario del país con el 12.9% gracias al trabajo en 246.406 predios en los que se generan 237.455 empleos. De hecho, el Suroeste –donde el Gobierno Nacional busca a toca costa implementar las APPA– es la tercera subregión en producción agrícola del departamento, según las cuentas del gobernador.

Rendón también comentó que para él las APPA no permiten la coordinación y participación efectiva de las entidades territoriales porque no ofrece mecanismos para ello. De hecho fue más lejos y dijo que ni siquiera la misma Corte Constitucional podría darle esa potestad a las APPA toda vez que la única vía para hacerlo sería por medio de las leyes emanadas desde el Congreso.

Posteriormente Rendón señaló que la APPA no sería necesaria toda vez que el departamento ya tiene varias directrices para garantizar la seguridad alimentaria en el territorio. Para demostrarlo citó las ordenanzas que han implementado en el departamento el Sistema Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan decenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia 2020-2031, el Plan de Desarrollo 2024-2027 y su aparte de “Seguridad Alimentaria, nutricional y alimentación escolar”; así como la Ordenanza 4 de 2024 que permitió destinar hasta el 100% del recaudo del impuesto vehicular para financiar la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.

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Y para demostrar que estas políticas han servido mencionó que a hoy Antioquia presenta una disminución de 78% en muertes por desnutrición en niños menores de 5 años; así como una inversión de casi $220.000 millones de pesos en el PAE Indígena; la quintuplicación de recursos para el PAE que ha permitido la entrega de alimentos durante 63 días adicionales; así como el pago a 5.300 manipuladoras de alimentos y la realización de 30.000 tamizajes nutricionales a población vulnerable.

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Finalmente, Rendón señaló dos cosas la primera, que no es desde un escritorio en Bogotá donde se puede decidir el futuro de las regiones. De hecho trajo a colación que –según él– con las APPA se buscaría producir arroz en puntos del departamento donde prácticamente es imposible hacerlo.

“Concordia es tal vez el segundo municipio de mayor producción cafetera en el Suroeste. Hoy, con las APPA dicen que el café es un alimento, y se podría cultivar, ¿pero qué pasa si el día de mañana alguien desde el Ministerio en Bogotá dice que el café ya no lo es?”.

Por el otro, el gobernador comentó que en vez de coordinación y participación con las APPA, lo que ha habido es toda un complique en el que incluso se ha tenido que recurrir a la justicia para acceder a información básica.

“El Departamento de Antioquia ha sido un convidado de piedra a la imposición de una decisión unilateral y arbitraria por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por estas razones, reiteramos la solicitud a la Honorable Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023”, indicó.

Según se conoció el alto tribunal tendría hasta el mes de diciembre para decidir si declara o no como inexequibles las APPA.