Habitantes de Turbo pusieron a trabajar al Dane: sentencia ordena a la entidad revisar la población proyectada para este municipio de Urabá

Una decisión judicial en el Urabá antioqueño volvió a poner sobre la mesa un tema que suele parecer lejano, pero que impacta directamente la vida diaria de miles de personas: cómo se cuentan los habitantes de un territorio y qué pasa cuando las cifras no reflejan la realidad.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo falló a favor de los lugareños al considerar que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por inconsistencias en las cifras oficiales de población.

En su decisión, ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revisar sus proyecciones poblacionales en un plazo de tres meses, incorporando información local y teniendo en cuenta la realidad social y migratoria del territorio.

El origen del caso está en una diferencia significativa entre los datos oficiales y los registros locales. Mientras el DANE estimaba que Turbo tendría en 2024 alrededor de 134.517 habitantes, entidades como la Secretaría de Salud del municipio reportaban más de 146.000 personas. Es decir, una brecha de más de 12.000 personas que, en la práctica, sí viven o reciben servicios en el municipio, pero no están reflejadas en las cifras oficiales.

Esta diferencia no es menor. En Colombia, buena parte de los recursos que reciben los municipios para financiar servicios básicos como salud y educación dependen de cuántos habitantes tienen registrados oficialmente. Si la cifra es menor a la real, el dinero que llega también lo es. Y eso, según el fallo, termina afectando directamente a la comunidad.

El proceso fue impulsado por la Alcaldía de Turbo, que argumentó que esta situación estaba limitando la capacidad del municipio para atender a su población. En especial, en una región como Urabá, donde el movimiento constante de personas hace más difícil tener cifras exactas. Por ello se pedía modificar el Censo de 2018.

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Por su parte, el DANE defendió su trabajo señalando que las cifras oficiales no pueden cambiarse con base en un solo tipo de registro. Explicó que los datos de salud, aunque útiles, no están diseñados para medir población de manera precisa, ya que pueden incluir personas que no residen permanentemente en el lugar o que aparecen duplicadas en el sistema.

Además, la entidad insistió en que las proyecciones de población no son simples conteos, sino análisis complejos que tienen en cuenta factores como nacimientos, muertes y migraciones, siguiendo metodologías que se aplican de forma uniforme en todo el país. Por eso, sostuvo que no era posible hacer ajustes directos sin un estudio más amplio.

¿Qué dijo el juez?

En su decisión, el juez fue más allá de la discusión técnica. En su análisis, planteó que el problema no es solo de números, sino de derechos. Según el fallo, cuando las cifras no reflejan la realidad, se afecta el acceso a servicios básicos y se limita la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

El juez incluso introdujo una idea clave: la importancia de ser contados. Es decir, que aparecer en las estadísticas oficiales no es solo un asunto administrativo, sino una forma de reconocimiento.

El fallo también destacó que la información estadística es fundamental para el funcionamiento del Estado: si los datos no son exactos, las decisiones que se toman con base en ellos tampoco lo serán. En este caso, la diferencia de más de 12.000 personas fue considerada una señal de que algo no estaría funcionando correctamente.

Otro punto clave del análisis fue el contexto particular de Turbo. El juez calificó la situación como única debido a las condiciones de la región. Urabá es una zona con una alta dinámica migratoria, lo que significa que constantemente llegan y salen personas. Esta realidad, según el fallo, no habría sido suficientemente tenida en cuenta en las proyecciones oficiales.

Esa migración tiene efectos concretos. Por ejemplo, aumenta la presión sobre los servicios de salud. Lo mismo ocurre con el sistema educativo y otros servicios públicos.

Además, al no estar plenamente reflejada en las cifras, esa población “invisible” no se traduce en más recursos, lo que causa un obvio desbalance.

A pesar de darle la razón a los habitantes de Turbo en varios puntos, el juez dejó claro que no es posible modificar el censo nacional de 2018.

Explicó que estos ejercicios, una vez finalizados, no pueden reabrirse ni cambiarse, ya que siguen reglas técnicas específicas. Sin embargo, sí consideró necesario hacer ajustes hacia adelante.

Eso sí, ordenó una revisión técnica de las proyecciones actuales, en la que el DANE deberá incluir información local y tener en cuenta factores como la migración.

También dispuso la creación de mesas de trabajo entre la entidad y la Alcaldía de Turbo, con el fin de mejorar la calidad de los datos en el futuro.

La idea es que ambas partes trabajen juntas para que las cifras nacionales y la realidad del territorio estén más alineadas. Para ello, la Alcaldía deberá aportar información y apoyar el proceso.