2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año
Corantioquia atendió 2.328 animales en 2025 y solo pudo liberar a 1.700. Amenazas a la biodiversidad siguen en alza.
Periodista. Cubro temas de medio ambiente.
Un día satisfactorio en un centro de atención de fauna es cuando ningún animal cruza la puerta necesitando ayuda. Pero eso nunca ocurre.
Los centros de atención y hogares de paso de fauna no son lugares agradables, son trincheras donde biólogos, veterinarios y zootecnistas intentan mitigar los daños que no debieron suceder: animales con su existencia trastornada por el tráfico ilegal, animales cuya vida pende de un hilo después de ser víctimas por acción u omisión de las personas; atropellados, atacados, amenazados o expulsados de su hábitat.
Lo que pasa en esos sitios ofrece uno de los principales termómetros para determinar el estado de la biodiversidad en el departamento. Y el balance que arroja la operación del Hogar de Paso de Corantioquia en 2025 entrega un panorama desalentador.
El año pasado, el Hogar de Paso de dicha autoridad ambiental, cuya jurisdicción se extiende a 80 municipios, recibió 2.328 animales de especies de fauna silvestre. De estos casos, 1.702 animales ingresaron tras ser rescatados en situaciones de riesgo o vulnerabilidad; otros 457 ingresaron después de meses o años de estar sometidos a condiciones indignas convertidos en mascotas; otros 165 individuos fueron incautados después de ser recuperados en medio de operativos contra el tráfico ilegal; y los casos restantes fueron por una aprehensión y tres animalitos que nacieron allí mismo.
Es una tragedia que toma mayor relieve frente a la cifra de animales que, en ese mismo periodo, lograron volver a su hábitat después de complejos procesos de rehabilitación: 1.717 individuos pudieron retornar a la vida silvestre tras padecer el comercio ilegal, el cautiverio, ataques o atropellamientos.
El Nordeste y Magdalena Medio son las regiones donde más se liberó fauna rehabilitada, con 567 individuos; les siguieron el Bajo Cauca, con 530 liberaciones y el Occidente cercano con 263.
Pero para el resto de esos animales ingresados no habrá libertad o la habrá de manera restringida. Al arrastrar secuelas que les impide valerse por sí en entornos silvestres, terminarán sus vidas en espacios semicerrados, en predios reubicadores o en colecciones zoológicas nacionales. En promedio, según cifras entregadas por las autoridades ambientales, solo el 12% de la fauna que llega a los centros de atención vuelve a su hábitat, el 53% tiene que ser reubicado y la restante queda sometida al encierro permanente.
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Es la derrota final de una larga tragedia que comienza con la decisión de extraer de su hábitat a un animal para comercializarlo, para obligarlo a vivir miserablemente en una casa. O que se desata cuando un conductor prefiere pasarle el carro por encima a un animal desorientado que intenta cruzar una vía en lugar de frenar o disminuir la velocidad; o cuando la tenencia irresponsable de perros y gatos termina en ataques brutales a animales silvestres.
A pesar de los esfuerzos, Antioquia sigue siendo uno de los cinco departamentos más golpeados por el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, junto a Santander, Córdoba, Cundinamarca y Sucre.
Según reporte entregado por Policía Ambiental, cada año entre 2.500 y 3.000 animales víctimas de tráfico quedan en manos de las autoridades en el Valle de Aburrá. Pero para la mayoría ya es tarde. El 80% de la fauna extraída de su hábitat con fines de comercialización muere prematuramente ya sea durante el traslado, al llegar a cautiverio o incluso en el proceso mientras son atendidos en procura de su posible rehabilitación.
Lamentablemente, Medellín y el Valle de Aburrá siguen siendo un punto álgido en las redes de tráfico ilegal de especies. En los dos corredores que conectan a Medellín con la Costa Atlántica y el Eje Cafetero se incauta el 80% de los animales víctimas de este flagelo que llegan al Valle de Aburrá desde las subregiones para salir del departamento o hasta del país, o que arriban al área metropolitana después de atravesar buena parte de Colombia. Según el Área Metropolitana, la mayoría de la fauna traficada que ingresa al Valle de Aburrá proviene del Bajo Cauca, Suroeste y Urabá.
A mediados de 2025, el Área Metropolitana (Amva) y Cornare firmaron un convenio para llegar con estrategias de prevención y monitoreo a los zonas de las cuales se extrae parte de la fauna que llega al Valle de Aburrá, en un intento por combatir los nichos de cacería y los corredores de tráfico ilegal que utilizan al Aburrá como punto receptor, según señaló la directora del Área, Paula Palacio.
Aunque el departamento ha fortalecido sus estrategias frente al comercio ilegal de fauna y flora y se han diseñado, entre otras medidas, bloques de búsqueda que han golpeado a las redes de tráfico en toda su cadena, también los traficantes han sofisticado sus operaciones.
Según la Policía Ambiental, hace al menos una década era más frecuente que las redes criminales movilizaran animales por decenas de un departamento a otro para que al llegar a destino se distribuyeran a su vez en sitios como plazas de mercado, como si se tratara de mercancía cualquiera. Ahora el negocio es más personalizado. Los traficantes crean páginas y grupos por redes sociales como Telegram, Whatsapp, Instagram y hasta TikTok que desaparecen en cuestión de días una vez se concretan las ventas. Luego envían en encomienda personalizada a los animales que una vez “empaquetados” solo les queda ser hallados en medio de operativos en carretera o entregados voluntariamente a alguna autoridad ambiental por parte de los compradores al ver el daño que les han causado.
Y como si el tráfico interno no fuese ya suficientemente devastador, el Amva, Corantioquia y Corpourabá han denunciado la presencia de traficantes internacionales. No hay que pasar por el alto que el tráfico de fauna es el cuarto comercio ilegal más rentable del planeta, después de las armas, drogas y trata de personas.
Y bajo ese panorama, Antioquia, que alberga la mitad de las especies reportadas en Colombia y es el único departamento con cinco puntos de endemismo de aves en el país, es un foco de extracción para las redes de tráfico de fauna. En mayo del año pasado, por ejemplo, fueron capturados dos extranjeros que pretendían sacar seis monos titíes sedados desde el aeropuerto José María Córdova, dos de los primates murieron.
Otra amenaza que atenta severamente contra la fauna en Antioquia son los atropellamientos que siguen en aumento a pesar de las campañas de sensibilización y las exigencias normativas para las concesiones y autoridades responsables de vías.
En los 80 municipios bajo jurisdicción de Corantioquia se reportaron 163 atropellamientos en 2025, una cifra que arrastra un subregistro enorme por la cantidad de casos de los que ninguna autoridad ambiental se entera.
El corredor más mortal es la vía a la Costa en el tramo que atraviesa a Caucasia. Pero también la nueva vía al mar entre Vegachí y Remedios dejó en apenas dos meses de operación a finales del año pasado una estela de muerte y enormes pérdidas para la biodiversidad.
En apenas cuestión de semanas, murieron en ese pedazo de la autopista Magdalena II individuos de especies vulnerables como el yaguarundí, un enigmático felino que todavía desconcierta a la ciencia por su comportamiento escurridizo, que apenas en los últimos años se ha dejado ver en cámaras trampas instaladas en bosques de Antioquia, por lo cual es un triste absurdo perder uno de ellos en medio de accidentes que son completamente evitables.
Un esfuerzo invisible
Intentar revertir parte de esos daños, causados muchas veces por una sola persona, requiere generalmente de equipos conformados por hasta 30 personas y meses de esfuerzos para intentar devolver cada individuo al hábitat del cual no debió ser arrancado.
Solo superar el proceso de cuarentena, el filtro necesario para evitar riesgos biológicos que atenten contra el personal y los demás animales, puede tardar hasta dos meses según la especie. Los primates, por ejemplo, que están entre los más traficados en Colombia, deben pasar un aislamiento de 60 días antes de iniciar una rehabilitación que en muchos casos no tiene final feliz.
En las semanas y meses posteriores a la rehabilitación, los animales tienen que evidenciar progreso contundente para reconocer depredadores (incluyendo seres humanos), tienen que mostrar ser capaces de hallar refugio, de proveerse su propio alimento, de reconocerse como individuos de una especie y socializar con los suyos, solo así son candidatos para la liberación que también reviste otras complejidades.
Para la fauna que no logra su rehabilitación total para volver a su entorno, quedan dos caminos. Uno de esos es el confinamiento indefinido en el hogar de paso o centro de atención a la espera de un cupo en alguna colección biológica, zoológico o parque de conservación.
En esos casos, la normativa en Colombia, a través de la resolución 2064, define los parámetros bioéticos para aplicarles la eutanasia a los animales silvestres cuyo diagnóstico definitivo es un daño irreversible que les impide volver a la vida salvaje y cumplir sus funciones ecosistémicas. Autoridades ambientales como Cornare optan por esta vía cuando después de agotar meses y opciones no encuentran reubicación confinada y no son aptos para liberación semicontrolada, y así poder emplear los recursos en individuos rehabilitables. Otras corporaciones autónomas mantienen por años a estos animales esperando, quizás, un milagro.
El otro camino es el traslado a sitios monitoreados que les ofrecen un entorno seguro y adaptado a sus capacidades. De esta última opción Antioquia tiene un programa ejemplar a nivel nacional: los predios reubicadores, terrenos privados donde sus propietarios han acordado garantizar unas condiciones específicas para que decenas de individuos de especies silvestres tengan una segunda oportunidad.
En 2025 ese programa completó 30 años conformado por 60 predios que entre 2020 y 2025 recibieron 10.000 animales liberados, garantizando la presencia de 16 especies sensibles o amenazadas, como el conejo (Sylvilagus nicefori), el tití gris (Oedipomidas leucopus), el venado locho, el grisón o el armadillo cola de trapo. En esos predios reubicadores resisten especies en vía de extinción, como la guagua de montaña, el tití gris y el mono capuchino. Todas estas son especies fundamentales para mantener equilibrios ecosistémicos y que en estos predios están bajo monitoreo constante con cámaras trampa y recorridos técnicos.
Según Néstor Tascón, propietario de un predio reubicador, esta es una manera de devolver parte de lo que actividad productiva le ha arrebatado a los bosques nativos.
Liliana Taborda, directora de Corantioquia, aclaró que la meta prioritaria como autoridad ambiental sigue siendo evitar que el animal sea extraído de su entorno de manera que la atención de fauna en hogar de paso sea cada vez más una medida complementaria y no el primer frente de batalla. Para intentar tener mayor eficacia en esa tarea, Taborda apuntó que la entidad logró instalar este año 375 cámaras en 38 municipios aumentando el monitoreo científico con el cual reciben insumos para tomar decisiones como en qué zonas focalizar trabajos preventivos pedagógicos y de sensibilización con las comunidades o en qué zonas emprender acciones de vigilancia e intervención con las demás autoridades.
Habrá que ver si las cifras de este 2026 evidencian al menos una leve transformación cultural de una sociedad más compasiva, menos cruel y más agradecida con la biodiversidad con la que convive.