40 minas ilegales en Cáceres fueron destruidas por el Ejército
Tropas del Ejército Nacional intervinieron 40 unidades de minería ilegal en zona rural de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, donde destruyeron motores, clasificadoras e insumos utilizados para la extracción ilícita de oro.
En una nueva ofensiva contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional intervinieron 40 unidades productoras mineras en zona rural del municipio de Cáceres, el mismo municipio en el que una mina ilegal en un predio de 2.000 hectáreas cerca al mismo batallón.
La operación se desarrolló en el sector de La Mandinga, ubicado en la vereda Río Man de Cáceres, por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército y el CTI de la Fiscalía, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.
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Durante el procedimiento destruyeron de forma controlada 40 motores, 20 motobombas, 28 clasificadoras, 1.800 metros de manguera y 280 galones de gasolina. Según el Ejército, el golpe representa una afectación superior a los 300 millones de pesos a las economías ilegales de la zona, y evitó la extracción mensual de cerca de 34.500 gramos de oro, cuyo valor comercial superaría los 18.000 millones de pesos.
El Bajo Cauca es una de las regiones más golpeadas por la minería ilícita en Antioquia, actividad que históricamente ha servido como fuente de financiación para grupos armados.
El operativo se produce además en medio de recientes cuestionamientos sobre la expansión de la minería ilegal en esa misma zona del Bajo Cauca. Una investigación reveló que durante cerca de cuatro años se realizaron explotaciones auríferas ilegales en el mismo sector de La Mandinga, en Cáceres, a pocos metros del Batallón Rifles 31 del Ejército. Según los reportes, en el lugar llegaron a operar entre 2.000 y 2.500 mineros informales bajo la influencia del Clan del Golfo, en un predio que perteneció al exjefe paramilitar alias “Macaco”.
El caso desató investigaciones del Ministerio de Defensa por posibles omisiones y volvió a poner en evidencia cómo la extracción ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación de estructuras criminales en la región.
Las consecuencias, sin embargo, van más allá de lo económico: el uso de mercurio y combustibles contamina fuentes hídricas y degrada los suelos, mientras que la deforestación y el daño a los ecosistemas pueden tardar más de tres décadas en revertirse.
Las autoridades afirmaron que las operaciones contra la minería ilegal continuarán en distintos puntos del Bajo Cauca, subregión donde persisten disputas armadas y economías criminales ligadas a la extracción de minerales.
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