Debía 10 años de cárcel y $9.100 millones en multas: Corte Suprema tumba sanciones a exgerente de Nueva EPS por ‘falla estructural’
La exgerente regional Noroccidente de Nueva EPS, que tenía bajo su responsabilidad a Antioquia y otros departamentos, llegó a acumular casi 2.000 sanciones por desacato equivalentes a 3.853 días de arresto y multas por más de $9.131 millones.
La crisis de Nueva EPS volvió a quedar en evidencia tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, además de ordenar un plan nacional para cumplir miles de fallos de tutela incumplidos, reveló la dimensión del colapso que enfrentan los directivos regionales de la entidad.
El caso gira alrededor de Salomé Henao González, quien se desempeñó como gerente regional Noroccidente de Nueva EPS entre junio y septiembre de 2025. Esa regional tenía a cargo Antioquia y otros departamentos del noroccidente del país, como Córdoba y Chocó.
Durante los pocos meses que ocupó el cargo, Henao recibió 1.997 sanciones por desacato provenientes de 481 despachos judiciales, que en conjunto equivalían a 3.853 días de arresto —más de diez años de privación de la libertad— y multas por $9.131 millones. La exfuncionaria acudió a la Corte Suprema argumentando que, aunque era representante legal en los procesos judiciales, no tenía capacidad para ordenar pagos, contratar servicios o disponer de recursos que permitieran cumplir las órdenes impartidas por los jueces.
Una “falla estructural”
Al estudiar el caso, la Sala de Casación Penal concluyó que las sanciones no obedecían a una conducta atribuible exclusivamente a Henao, sino a una crisis estructural de Nueva EPS.
Explicó que existe “la imposibilidad física y material de cumplir con un número masivo de órdenes” de tutela encaminadas a tratamientos, entregas de medicamentos y asignación de citas, lo cual fue calificado en el fallo, de 38 páginas, como “una falla estructural”.
El ponente de la sentencia fue el magistrado Diego Corredor, acompañado por unanimidad por la magistrada Myriam Ávila y el expresidente de la Corte, Gerson Chaverra.
El alto tribunal señaló que resulta “constitucionalmente inaceptable” trasladar a un funcionario las consecuencias de una problemática que supera completamente sus competencias, y recordó que la exgerente permaneció apenas tres meses en el cargo.
El desacato a las tutelas “no son el producto de incumplimientos atribuibles a su gestión en particular, sino la expresión acumulada de una crisis institucional”, señala el fallo. Por esa razón, la Corte dejó sin efectos todas las multas, órdenes de arresto y procesos de cobro que existían en su contra.
60 días para hacer un plan de acción
Más allá del caso individual, la Corte emitió una orden de mayor alcance. Tanto la EPS como la Superintendencia —al mando de Daniel Quintero— y el Ministerio de Salud deben diseñar “un plan de acción institucional” con medidas concretas para superar gradualmente el incumplimiento de las órdenes de tutela dictadas contra Nueva EPS, en un plazo máximo de 60 días.
El Gobierno, que está concentrado en el empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y la entrante de Abelardo de la Espriella, deberá presentar el documento a los jueces que actualmente tramitan incidentes de desacato.
En dicho plan, tendrá que priorizar la atención de “pacientes en grave e inminente riesgo” y de personas con especial protección constitucional. La Corte insistió en que reconocer la crisis estructural no libera al Estado de garantizar el derecho a la salud de millones de afiliados.
Continúan las demoras y desacatos
La decisión llegó a la par de la de otro juez que ratificó una sanción de tres días de arresto contra el actual agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y contra el encargado de la gerencia regional Centro Occidente —que abarca Caldas, Risaralda y Quindío—, Luis Carlos Velandia.
Ambos fueron declarados en desacato por incumplir una tutela que ordenaba garantizar el tratamiento integral de un menor con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita, luego de que la entidad no autorizara varias consultas, terapias y exámenes médicos requeridos por el paciente.
En total, Nueva EPS atiende a más de 11 millones de afiliados y atraviesa una profunda crisis financiera y operativa. En las últimas semanas, además, la Superintendencia Nacional de Salud la identificó como la EPS con mayor número de quejas relacionadas con demoras en la asignación de citas médicas, motivo por el que le ordenó implementar un plan de choque junto con otras tres aseguradoras.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué la exgerente regional de Nueva EPS acumuló más de 3.800 días de arresto?
- Salomé Henao González, quien fue gerente de la regional Noroccidente (con jurisdicción en Antioquia, Córdoba y Chocó) entre junio y septiembre de 2025, acumuló 1.997 sanciones por desacato emitidas por 481 juzgados. La razón fue el incumplimiento masivo de órdenes de tutela para entrega de medicamentos, citas y tratamientos a los afiliados.
- ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las órdenes de arresto y multas?
- La Sala Penal de la Corte concluyó que los desacatos no respondían a una negligencia personal de la exgerente, sino a una ”falla estructural” e institucional de Nueva EPS. El tribunal consideró “constitucionalmente inaceptable” sancionar penal o económicamente a un funcionario por una crisis generalizada que desborda sus competencias.
- ¿Qué le ordenó el alto tribunal a Nueva EPS, a Supersalud y al Ministerio de Salud?
- La Corte dictó un plazo máximo de 60 días para que la EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud diseñen e implementen un plan de acción institucional. Este documento deberá presentarse a todos los jueces con incidentes de desacato y tendrá que priorizar la atención de pacientes en riesgo inminente o de especial protección constitucional.