Prorrogan un año más el cierre del páramo del Sol en Antioquia: ¿la medida sí está funcionando?

Los turistas fueron expulsados de ese inmenso jardín, tan cerca del cielo, que es el Páramo del Sol en Urrao, Suroeste antioqueño. Fueron expulsados no por morder la manzana del conocimiento, sino por tumbar el árbol del que venía para montar campamentos improvisados, dejar basuras y hacer fogatas. Y aún no hacen caso: muchos siguen destruyendo ese paraíso.

Desde 2022, se restringió el paso al Páramo del Sol. Este 1 de septiembre, Corpourabá volvió a extender la restricción mediante una resolución que se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2027.

Ya van cuatro años de cierre y, según explicó Alexis Cuesta, director de la corporación, los estudios técnicos han demostrado que aún persisten daños y riesgos suficientes como para no abrirlo. “Todavía persiste la degradación y persisten muchas presiones, incluso riesgos asociados al uso del tema público, al uso del tema turístico, al uso del tema recreativo”, explicó.

Pese a la restricción —diseñada para hacer estudios de carga y evaluar cómo reabrir el paso—, siguen entrando grupos de turistas a acampar e incluso arrieros con ganado.

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El presentimiento de Diana

Diana Navarro, copropietaria, junto con su familia, de una parte del predio del páramo e hija de Matilde Montañez —la mujer que desde los años 80 ha liderado, junto con su familia, la defensa de estas tierras—, visita el páramo constantemente. En abril de este año, algo, un presentimiento o un llamado, la hizo viajar de urgencia hasta allá.

Primero, le pidió a alguien que fuera a darle una vuelta al predio para ver cómo estaba. Esta persona le contó escuetamente lo que había visto, pero ella, como hija del páramo, tuvo una sensación que la hacía preocuparse. Decidió ir y verlo con sus propios ojos.

Lo que encontró la dejó devastada: musgo levantado, frailejones caídos y pajonales arrasados por el paso del ganado. “Se sintió como si a mí me hubieran ultrajado”, afirmó.

Este páramo conforma la estrella hidrográfica más importante del norte de la Cordillera Occidental. Su valle de frailes, que con sus peludas captan agua y la almacenan, sus depresiones que deslizan el agua hacia las llanuras y sus complejos lagunares garantizan que diez municipios de Antioquia, otro del Chocó, y en total 116 veredas, reciban agua. Además de sus humedales y turberas. Estas últimas, humedales ácidos que se forman a partir de miles de años de capas de musgo, funcionan como esponjas naturales que almacenan grandes cantidades de carbono.

El estudio de carga

Según Cuesta, la extensión del cierre responde a hallazgos concretos: aunque existen condiciones favorables de recuperación ecológica, persisten presiones asociadas al uso turístico y recreativo, y no hay suficiente conciencia ambiental entre los sectores que operan en la zona.

Parte del problema, admite, es la falta de coordinación con las autoridades: “Por los municipios de la jurisdicción de Corantioquia se nos mete mucho turismo de naturaleza. Exageran el concepto: ya lo que hacen son camping, actividades recreativas, inclusive actividades de deporte. Entonces la capacidad de carga se desborda a pesar de que técnicamente estuviera soportada”.

Señaló que la corporación ya adelantó dos o tres mesas técnicas con Corantioquia y la Gobernación para intentar cerrar esa brecha, pero la articulación integral, reconoce, todavía no existe.

Cuesta también aclaró que hay cerca de 15 guardapáramos en proceso de fortalecimiento, articulados con el municipio, contratistas externos y programas de pago por servicios ambientales, además de coordinación con Policía y Ejército.

Sobre el plazo del nuevo estudio de capacidad de carga, se compromete a que esté terminado antes de que acabe este año: “Esos estudios no son estudios complejos, sino que son estudios que determinan parámetros para tomar decisiones”. Aun así, adelanta su postura personal: “hay que mantenerlo cerrado”.

La versión de estos estudios contratada en 2023 con la ONG Funsostenible concluyó que sí es posible hacer turismo en algunas zonas, pero bajo condiciones casi imposibles de cumplir a corto plazo: una inversión de $5.000 millones en infraestructura (puentes, pasos elevados, señalización) y un operador que regule el ingreso con guías certificados y personal de control. En la zona menos sensible, la capacidad calculada era de apenas 22 personas al día; en la más frágil, de solo 8.

¿Ha sido suficiente la medida?

Los datos disponibles sugieren un balance mixto. Por un lado, Corpourabá reporta señales claras de recuperación: mayor presencia de frailejones de la especie Espeletia frontinoensis —afectada en 2018 por larvas y hongos ajenos al ecosistema— y rastros más frecuentes de oso andino, uno de los indicadores más confiables de la salud del páramo.

Por otro, el cierre sigue siendo, en la práctica, poroso. Sin guardabosques permanentes ni control territorial suficiente, cientos de turistas —muchos extranjeros— siguen entrando por accesos alternos desde Caicedo y Frontino, guiados por operadores no certificados.

A eso se suma ahora la denuncia de Navarro sobre el ingreso de ganado, un frente que ni siquiera está contemplado en las restricciones iniciales ni en las de esta nueva resolución.

El propio director territorial de Urrao ha reconocido en el pasado que la corporación no tiene el brazo suficiente para cubrir todo el municipio, el segundo más extenso de Antioquia, y que por ahora solo alcanza a hacer inspecciones dos veces al mes.

Navarro insiste en que la resolución “no tiene dientes”. Ella y su familia, por su parte, han impulsado otro frente de protección: el de la apropiación comunitaria. Han conformado un grupo de Guardianes Juveniles del Páramo, hoy con 31 niños y niñas.

Además, Navarro está impulsando un nuevo frente con un grupo de jóvenes scouts, entre los 12 y 17 años, y a esto le suma el trabajo de dos ambientalistas locales, Daniela Quiroz y Jenifer Urrego, que, cuenta con orgullo, ganaron un premio nacional por su programa radial “Hablemos de Ambiente”.

También celebra que el tororoí de Urrao, un ave endémica en peligro crítico que solo habita en el Páramo del Sol, y la magnolia urraoensis estén en camino de convertirse en especies emblema del municipio.

Entre tanto, lo que sí parece claro, tanto para Corpourabá como para quienes llevan más de una década defendiendo estas 30.000 hectáreas, es que la restricción, aunque insuficiente, ha evitado un daño mayor.

La pregunta que persiste, cuatro años y cuatro prórrogas después, es si el país está dispuesto a invertir lo necesario —los $5.000 millones en infraestructura, los guardabosques permanentes, la articulación real entre corporaciones— para que el Páramo del Sol algún día se abra de nuevo sin condenarse a repetir la destrucción que motivó su cierre en 2022.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo estará cerrado el Páramo del Sol según la decisión de Corpourabá?

Corpourabá emitió una nueva resolución que extiende la restricción de acceso al Páramo del Sol por tres años más, extendiendo la medida hasta el 31 de agosto de 2027.

¿Por qué se mantiene la restricción de acceso al Páramo del Sol?

Según el director de Corpourabá, Alexis Cuesta, los estudios técnicos demuestran que persisten riesgos y degradación ambiental causados por el turismo de naturaleza no regulado, el campismo desbordado y el ingreso no autorizado de personas y ganado.

¿Cuánto costaría reabrir el Páramo del Sol de forma segura?

Un estudio técnico elaborado por la ONG Funsostenible en 2023 estimó una inversión mínima de $5.000 millones de pesos en infraestructura (pasos elevados, puentes, señalización) y un esquema de gobernanza con operadores certificados y guías de control.