¿Petro quiere meterle la mano al embalse de Hidroituango?

El gobierno del presidente Gustavo Petro podría valerse de la declaratoria de emergencia económica para meterle mano a embalses y a centrales de generación como Hidroituango.

Este escenario fue denunciado por el gremio de los generadores de energía, que vieron con gran preocupación una norma expedida por el gobierno central en la que este se arrojaría unilateralmente la facultad de tomar decisiones en varios embalses del país.

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Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue quien emitió la alerta, advirtiendo que el Decreto 0177 del 24 de febrero pasado, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le estaría dando licencia a la Nación para meterle mano a las disposiciones ambientales de los embalses, en un área geográfica demasiado amplia e indeterminada.

“Estamos revisando en este momento el decreto en detalle, pero en un principio se refiere a las térmicas y a las hidroeléctricas que están en unas cuencas que está definiendo el mismo decreto. En algunos departamentos no vemos la relación con la emergencia. Nosotros reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan unas respuestas eficaces, pero estamos viendo que en los decretos expedidos, no solo este, sino todos los que se han expedido, hay una ausencia de justificación técnica”, aseveró la líder gremial, en una entrevista con Blu Radio.

A un mayor nivel de detalle, Gutiérrez hizo una denuncia por dos frentes. En primer lugar señaló su preocupación por un aporte extraordinario ordenado vía decreto, que consistiría en un 2% adicional sobre las ventas brutas en un horizonte de seis meses, para todas aquellas centrales hidroeléctricas y térmicas ubicadas en las cuencas hidrográficas “afectadas” en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

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Además de ese golpe financiero, la presidenta de Acolgen advirtió que la norma también podría meterle mano a los instrumentos de manejo ambiental, a su juicio, una ventana para intervenir en la operación de los embalses.

Como la regulación de los embalses es una tarea fundamental para que los generadores puedan cumplir con sus obligaciones de confiabilidad –por ejemplo para que en los momentos de sequía haya margen de operar–, Gutiérrez señaló que si un externo incidiera en esa tarea se pondría en riesgo la solidez técnica del sistema.

“Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años y una intervención de estas puede poner en riesgo dos cosas: los compromisos comerciales de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad de energía del país en momentos de sequía”, añadió.

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Para este último caso, alertó la líder gremial, la vaguedad en la delimitación de las zonas era igual de ambigua.

La preocupación de que este instrumento pueda ser utilizado para Hidroituango no es gratuita.

Durante los últimos meses, el proyecto hidroeléctrico ha estado bajo constante bombardeo por parte del Gobierno Nacional, desde donde no solo ha sido señalado de ser inseguro, sino de ser responsable de las inundaciones que han afectado a varios departamentos del noroccidente del país.

La acusación principal provino del propio presidente Gustavo Petro, quien no solo puso en la mira a Hidroituango, sino a Urrá.

“Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar (...) De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”; escribió.

“Es decir, había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia”, aseveró Petro.

Las declaraciones del primer mandatario no se quedaron en una mera controversia, ya que pocos días después, la Superintendencia de Servicios Públicos realizó una visita de inspección exprés a la central, en busca de señales que probaran dichos señalamientos.

Entre tanto, desde EPM, la Alcaldía de Medellín y la Sociedad Hidroituango rechazaron vehementemente los señalamientos de Petro, tildándolos de infundados.

“La central se puede preparar para hacer un desembalse controlado de las aguas, de manera que cuando la creciente ingrese al embalse, este pueda recibirla, neutralizar y amainar las aguas, evitando tragedias aguas abajo”, expresó por ejemplo el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, calificando de “irresponsables, tendenciosas” y de un “marcado tinte político” las declaraciones del líder del Ejecutivo.

Pese a que luego de su visita la Superintendencia de Servicios Públicos no informó de irregularidad alguna, otros parlamentarios y funcionarios cercanos al gobierno han continuado publicando con suspicacia la información sobre caudales del río Cauca y planteando que serían supuestamente irregulares.

“Es un decreto demasiado abierto”, insistió por su parte la presidenta de Acolgen, para quien el decreto no solo estaría abriendo la puerta para arbitrariedades, sino para poner en una incertidumbre inédita el funcionamiento de todo un sector clave para el país.