¿Por qué le dieron más recursos de la tasa para canchas a Envigado?

La repartición de los recursos de la tasa de seguridad fue objeto de cuestionamiento en la Asamblea de Antioquia, en donde líderes políticos discutieron con la administración los criterios tenidos en cuenta para financiar las intervenciones en los escenarios deportivos, uno de los frentes de inversión de ese nuevo tributo. La discusión ocurrió en medio del debate por las vigencias futuras de ese impuesto, en el que, para algunos, existe una especie de “ley del embudo”, como la que habla el compositor Hernando Marín en su célebre canción.

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En la sesión, el diputado Jonathan Roldán, ponente de la tasa, llamó la atención sobre la forma en la que se repartieron entre subregiones y municipios los recursos para los escenarios deportivos y tomó el caso de Envigado –municipio de primera categoría y uno de los de mejor calidad de vida–, que se quedó con $16.000 millones para obras en el Polideportivo Sur.

En contraste, en todo el Bajo Cauca, con sus problemas de reclutamiento de menores y control de grupos armados, apenas le asignaron casi $2.000 millones. ¿Qué criterio tuvo en cuenta la Gobernación para dicha decisión?

Ese interrogante puntual le planteó EL COLOMBIANO a la gobernación de Andrés Julián Rendón, que aseguró por escrito que a través de Indeportes se hizo una convocatoria abierta a los alcaldes para que presentaran sus proyectos. Señaló que 108 municipios respondieron a la convocatoria y quedaron viabilizados allí 171 proyectos “que debían tener viabilidad desde el punto de vista técnico, estructural, legal, predial, de ingeniería, social y ambiental. Bajo estos criterios se asignaron los recursos”.

Apuntó que estas serán placas y escenarios deportivos a los que se les hará “mejoramiento, adecuación y construcción, dependiendo lo que se requiera, siempre basado en la postulación”.

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Aseveró que el Valle de Aburrá recibirá el 16% de los recursos asignados por vigencias futuras para las vigencias 2025 y 2026.

La misma respuesta dice Roldán que recibió después de su intervención y que él la encuentra legítima. Y señala que el gobierno Rendón esgrimió en la Asamblea otro argumento, una visión que respeta, pero sobre la cual tiene serios reparos: que es necesario apelar en esa asignación de recursos a la “sensatez” y a la “justicia” de que la ciudadanía que habita en los municipios que más aportan al recaudo (estratos del 4 al 6 e industrias), vea materializada la ejecución de ese recaudo en los componentes de seguridad y convivencia que propone la tasa.

Pero aunque también le parece legítima esa postura, dice el diputado que ésta deja de lado algo fundamental en el objetivo de la tasa y es llegar a los municipios donde actualmente se debate quién es el Estado, es decir, donde la institucionalidad se disputa la legitimidad con el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, municipios sin margen de inversión ni recaudo, como sí lo tienen los del área metropolitana que, por ejemplo, pueden quedarse con el 20% del impuesto vehicular por las matrículas que se registran en jurisdicciones como Envigado, Rionegro, Medellín y Bello, por citar algunos, recalca el corporado.

Esa perspectiva del gobierno Rendón, sostiene Roldán, impacta en la necesidad de que el recaudo tenga una ejecución palpable en seguridad y bienestar en las entrañas de Antioquia. Y cita el ejemplo de Ituango, en zonas rurales como Santa Rita, Pascuitá y La Granja, donde realizó unos recorridos recientes y él mismo evidenció cómo esas fuerzas que acechan a los jóvenes en esas veredas merodean por canchas, que son más bien peladeros. “Ahí ve uno lo que implica una buena cancha, en estas lejanías, para estas comunidades, para congregarse los fines de semana, por ejemplo”.

A Ituango, golpeado por desplazamientos masivos, confinamientos y deserción escolar, le fueron asignados cerca de $1.000 millones para escenarios deportivos. Sin embargo, en este caso hay que tener en cuenta por ejemplo, que Envigado tiene 10 veces más habitantes que Ituango.

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En defensa del trabajo que adelanta la Gobernación en torno a la tasa de seguridad, Roldán señaló que ante las contingencias que ha sufrido el gobierno Rendón ha echado mano de herramientas como las vigencias futuras, mientras el segundo y tercer recaudo se consolida, así como la logística para repartir facturas y llegar de una manera más eficiente a la ciudadanía.

De fondo, plantea que sigue existiendo un grave problema de pedagogía en torno a la funcionalidad de la tasa. Dice que en subregiones por fuera del Oriente cercano y el Valle de Aburrá persiste una desconexión con el objetivo de la tasa. Entonces es frecuente encontrar al comerciante del bar, del billar, hablando de dicho recaudo únicamente porque le llega la factura al negocio, pero entre el ciudadano de a pie prácticamente no hay conocimiento de que dicho recaudo busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en su entorno. Concluye que mientras no se avance en una pedagogía efectiva que disipe tanto ruido alrededor de la tasa, su recaudo y ejecución van a seguir sumando dificultades.