Gobierno Petro no dio ni un peso para salvar la Universidad de Antioquia en el presupuesto del 2026

El debate por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2026 ha dejado marcadas diferentes posturas de rechazo en el Congreso Nacional, centradas en la preocupación por su financiación y el manejo de prioridades.

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El representante por Antioquia, Daniel Carvalho, al justificar su voto negativo, argumentó que el plan aprobado es “desfinanciado y riesgoso”, teniendo en cuenta que ni se preocuparon por los $160.000 millones que necesita la Universidad de Antioquia para salvarla en medio de su crisis financiera.

Carvalho fue enfático al señalar las consecuencias del proyecto. “Con una ejecución baja, un déficit del 7,5% y una deuda desbordada, el presupuesto dejará en aprietos a los próximos gobiernos”. Su crítica no solo apuntó al déficit general, sino que lo considera un “gasto global desenfrenado e irresponsable”.

La polémica escaló por los movimientos de recursos en plena época preelectoral. Daniel Carvalho denunció un aparente desequilibrio en las asignaciones a las entidades y prioridades en el país.

“En plena época electoral se aumentan $300 mil millones al Dapre y se recortan $150 mil millones a la Defensoría”, dijo. Aunque reconoció avances en recursos para deporte e infraestructura 4G en Antioquia, su desaprobación se mantuvo por el manejo general de las finanzas.

Por su parte, la representante a la Cámara por Dignidad, Jennifer Pedraza Sandoval, se sumó a las críticas, señalando lo que calificó como “prioridades increíbles” del Gobierno. Pedraza contrastó el aumento de recursos para entidades con el recorte a otras de interés social.

“Increíble las prioridades de este Gobierno en el Presupuesto: $343 mil millones más para el Dapre (politiquería) y $600 mil millones para la Procuraduría, mientras tanto le quita $116 mil millones a la Defensoría y no asigna $160 mil millones para salvar a la Universidad de Antioquia. ¿Y la excusa es que NO hay plata? ¡Paja!”, sentenció la congresista.

Y es que ambos representantes coincidieron en que la no asignación de $160.000 millones para aliviar la crisis financiera de la Universidad de Antioquia es una de las fallas graves del presupuesto nacional para el próximo año.

Así está la crisis de la Universidad de Antioquia

La diferencia entre los ingresos y los gastos de funcionamiento para cerrar este año está entre los $140.000 y los $160.000 millones, que se necesitan para pagar nómina y proveedores. Particularmente, durante el periodo del presidente Gustavo Petro, los ingresos anuales por parte del gobierno a la Universidad de Antioquia y demás universidades públicas del país, no alcanza para mucho.

Todo esto es debido al aumento de la cobertura, la expansión, el crecimiento de la investigación, la cualificación de los profesores, y en ese sentido los costos de operación de la universidad. Por eso los recursos, a pesar de haber aumentado las transferencias, no alcanzan.

La brecha entre ingresos y gastos estaría lejos de cerrarse. El año pasado, la Nación le giró a la Universidad $590.000 millones que corresponden no solo a lo que está obligada por ley a girar, sino a un 2,82% adicional.

Pero los salarios ese año (2024) subieron un 10,88% y los gastos de funcionamiento fueron de $827.000 millones, un hueco de $237.000 millones del que no se van a recuperar, según lo explicado por el rector John Jairo Arboleda, quien está en el cargo desde 2018 y fue reelegido el año pasado con los votos del Gobierno Nacional.

“Aquí no pasa como en la salud que las clínicas u hospitales hacen una factura que algún día les van a tener que pagar. Esa plata ya no la recibimos”, detalló el rector, quien reveló que, a pesar de todo, la universidad logró cerrar el año pasado con recursos que pudo gestionar por su cuenta y a créditos que todavía está pagando.

Es por eso que, a pesar de que la Nación está obligada a financiar el funcionamiento de las universidades públicas, desde la U. de A., aseguraron que han reducido los gastos sin afectar la calidad educativa y que para este año se han apretado casi en $25.000 millones, que no fueron suficientes porque todavía queda un hueco de hasta $160.000 que todavía no está claro cómo se va a cubrir.

Pero todo no acaba ahí, debido a la situación, se conoció que el Consejo Superior Universitario había aprobado un préstamo de $54.000 millones (el del año pasado fue de $90.000), de manera que todavía quedaban $100.000 millones por resolver.

Asimismo, tiene el compromiso de reducir en un 11% (unos $100.000 millones) los gastos de funcionamiento para el próximo año, sin afectar la calidad educativa. “No es cierto que vamos a recortar la mitad de los profesores de cátedra, pero sí tenemos que reducir gastos”, explicó el rector Arboleda.

Sin plata, pero hay “optimismo” por dos razones

A pesar de toda esta situación financiera, desde la universidad hay cierto “optimismo” por dos razones específicas: una es que no es la primera vez que se quedan sin plata. La otra es porque parece que, por fin, se reformarán los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Con el cambio de estos dos artículos, se espera que la brecha entre los ingresos y los gastos de las universidades públicas deje de crecer en el corto plazo y se reduzca en el mediano y en el largo.

La modificación de esos artículos consiste en que las transferencias de la Nación a las universidades ya no se van a regir por el dato del IPC, como se hace desde 1992, sino por un indicador llamado ICES, índice de costos de la educación superior, que, generalmente, está por encima del IPC.

Por eso se espera es que las transferencias aumenten al mismo nivel de los gastos en todos los años. Y es que las universidades llevaban décadas pidiendo esa reforma a la ley y parece que por fin se va a dar: ya pasó dos debates en Senado y faltan otras dos en Cámara.

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