Suboficial del Ejército habría accedido a una investigación para extorsionar a finquero en Antioquia
Un militar fue imputado por la Fiscalía por presuntamente aprovecharse de su autoridad para intimidar a un finquero de Copacabana.
Un juez envió a la cárcel bajo medida de aseguramiento a un suboficial del Ejército por presuntamente utilizar información reservada de una investigación para extorsionar a un finquero en Antioquia.
Según narró la Fiscalía, el caso se remonta a mayo del año pasado, cuando el uniformado, un cabo primero, habría accedido a información de una investigación que adelantaba el CTI.
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El caso se asociaba al desmantelamiento de un matadero ilegal ubicado en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.
Según estableció el ente acusador, el militar habría revisado la información del proceso y se habría puesto en contacto con el finquero involucrado, para exigirle que le pagara $6 millones.
En caso de no consignar el dinero, el militar le habría asegurado que movería el proceso para que le realizaran un allanamiento en uno de sus inmuebles.
Así mismo, según la Fiscalía, el procesado también le habría dicho que en el pasado ya había asesinado a un hombre que no había accedido a sus pretensiones.
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Todas estas intimidaciones habrían ocurrido entre el 9 y el 18 de mayo de 2025.
La situación llegó a conocimiento de las autoridades, quienes abrieron una investigación y lograron obtener una orden judicial para detener al presunto militar corrupto.
Fue así como el suboficial fue sorprendido por la Dijín en un operativo realizado en Samacá, en el departamento de Boyacá.
Tras ser presentado ante un juez, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le imputó los delitos de revelación de secreto y concusión.
Aunque el implicado no se allanó a los cargos e insistió en su inocencia, el juez al frente del caso lo envió a un centro de reclusión con una medida de aseguramiento.
Este no es el primer caso que se conoce en días recientes de miembros de la Fuerza Pública que son enviados ante la justicia por presuntamente aprovecharse de su investidura para cometer extorsiones en Medellín y su área metropolitana.
Otro caso sensible que se conoció esta semana involucró a cinco expolicías aduaneros, señalados de intimidar sistemáticamente a comerciantes a cambio de no incautarles mercancías de contrabando.
Este último caso, por el que cuatro exuniformados fueron enviados a prisión, se remonta a agosto de 2021.
Según la Fiscalía, los uniformados irrumpían vestidos tanto de civil como en uniforme para exigirle a los comerciantes pagos de entre $4 millones y $40 millones.
Para evitar quedar registrados en cámaras de seguridad, los implicados presionaban presuntamente a sus víctimas para que les dieran el dinero en baños.
Pese a que la investigación involucra a cinco expolicías, solo cuatro han sido capturados y una restante estaría prófuga de la justicia.
De igual forma, en septiembre de 2024, otro mayor del Ejército fue capturado tras ser señalado de extorsionar a uno de sus compañeros dentro de la misma institución, presuntamente usando información de un proceso de contrainteligencia.
Este último caso, ocurrido en Bogotá, fue rechazado por la institución entonces, desde donde se expresó la intención de colaborar con el esclarecimiento del caso.