“Una cosa es el control judicial, otra sustituir al Gobierno”: De La Espriella sobre fallos contra bombardeos y fumigaciones

El presidente Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar las decisiones judiciales que han puesto freno a algunas de las principales apuestas de su Gobierno en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.

Entre los casos mencionó los fallos que suspendieron los bombardeos ante el riesgo de que en los operativos resultaran afectados menores de edad, así como la decisión de un juez de Putumayo que frenó el plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos.

Durante su alocución de este domingo, el mandatario aseguró que acatará las decisiones de los jueces y mantendrá el respeto por la separación de poderes. No obstante, dejó claro que esto no implica que su Gobierno renuncie a controvertir jurídicamente aquellos fallos con los que no esté de acuerdo.

“Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado. Respetar no significa renunciar a controvertirlas, especialmente cuando considero que unas medidas riñen con las competencias del presidente de la República”, aseguró.

En ese sentido, reveló que acudirá a la Defensa Jurídica del Estado y a los mecanismos judiciales que considere necesarios para defender las facultades que la Constitución le otorga al jefe de Estado.

En el caso de los bombardeos, advirtió que las restricciones judiciales podrían terminar siendo aprovechadas por los grupos criminales. Según planteó, las organizaciones armadas podrían encontrar en la presencia de menores dentro de sus estructuras una forma de dificultar las operaciones de la Fuerza Pública.

“La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado. Nuestra respuesta tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos”, aseguró.

El presidente también defendió su estrategia frente a los cultivos ilícitos y sostuvo que el Estado debe disponer de las herramientas técnicas, ambientales, sanitarias y territoriales necesarias para enfrentar este fenómeno, al considerar que hace parte de sus responsabilidades en materia de seguridad nacional.

De la Espriella insistió en que el pulso con los jueces no debe convertirse en una confrontación personal o institucional. Sin embargo, sostuvo que es necesario mantener el debate sobre los límites y competencias de cada rama del poder público, especialmente cuando están en juego la seguridad y la protección de los ciudadanos.

“Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad. Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi gobierno”, concluyó.

Los fallos, sin embargo, tienen al rojo vivo la discusión sobre si la justicia se está convirtiendo en una talanquera para el Ejecutivo o si, como ya lo califican algunos sectores, se trata de un supuesto “saboteo judicial”.

Incluso hay quienes en redes empiezan a hablar de un “gobierno alterno o de los jueces”.

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La discusión tiene dos posiciones muy marcadas y casi sin punto medio. De un lado están quienes defienden la autonomía de la Rama Judicial y el derecho de los ciudadanos a acudir a ella. Del otro, quienes creen que los jueces están dejando de ser árbitros para empezar a tomar partido y meterse de lleno en decisiones que corresponden al Ejecutivo.

“Esta situación es preocupante y por eso insisto en que las tutelas contra el presidente de la República deberían ser tramitadas por el Consejo de Estado. De esta forma habrá garantías jurídicas para la ejecución de tareas importantes, como las relacionadas con la seguridad nacional”, consideró el exministro de Justicia Wilson Ruiz.

Pero hay matices en el debate. Los jueces, en efecto, están en la obligación de responder a los recursos que presentan los ciudadanos, como las tutelas. De ahí que Colombia sea un país democrático y con separación de poderes.

Y eso es justamente lo que defienden quienes consideran que estos fallos no significan que los jueces estén gobernando. “Lo que esas decisiones judiciales han hecho es garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los menores. Eso no es el gobierno de los jueces, sino el control constitucional que ellos deben hacer en una democracia. El poder del presidente no puede ser absoluto y está sujeto a control judicial”, analizó el abogado Ramiro Bejarano.

Por ahora, el Gobierno acude a la misma justicia para intentar revertir los fallos que le han sido adversos, mientras avanza por las vías legales para defender sus decisiones y evitar que estas medidas terminen frenando su agenda.

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