Al fin, la Fiscalía llama a Roa por “trampas” en la campaña Petro

Después de meses de espera y de investigaciones que parecían estancadas, la Fiscalía General finalmente dio un paso concreto en los procesos relacionados con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, confirmó ayer que radicarán dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos.

La decisión del ente acusador aterriza sobre un terreno ya abonado: en noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto con multas por $5.922 millones, tras confirmar que la campaña “Petro Presidente” violó los topes por más de $3.042 millones entre primera y segunda vuelta presidencial.

Fue ese fallo el que activó la compulsa de copias penales que hoy cobra vida. Sin embargo, la Fiscalía tardó meses en traducir esa certeza administrativa en acción judicial. Pese a que el CNE ya había perfilado a Roa como el “dueño del bolígrafo” con potestad absoluta sobre gastos de la campaña (y quien admitió en versión libre su reporte directo a la plataforma Cuentas Claras), la imputación se postergó durante un tiempo tras la conclusión del tribunal de que la campaña se había saltado las reglas de juego.

El expediente administrativo, madurado entre 2024 y 2025, sobrevivió incluso a la decisión de la Corte Constitucional de abril de 2025, que apartó al presidente Gustavo Petro de la investigación por su fuero presidencial. Finalmente, la sanción contra Roa quedó en firme el pasado 27 de noviembre gracias a los votos de los ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, respaldados por los magistrados Baquero, Campo y Martínez, quienes superaron la oposición del bloque conformado por Quiroz, Márquez y el conjuez Acuña.

Las demoras para imputar

El primer proceso, anunciado finalmente este lunes tras un largo proceso investigativo, ataca la violación de topes de campaña. Roa tendrá que responder por el presunto desborde de los límites legales de financiamiento, un hecho sobre el cual —según el fiscal delegado González Flechas— hoy existen pruebas “contundentes”. El fiscal aclaró que no se solicitará medida de aseguramiento por el momento y que por ahora no se ha proyectado ninguna acción adicional ni se contempla compulsar copias a la comisión de acusación en el caso del presidente Gustavo Petro.

Lo que la Fiscalía presenta hoy es, en buena medida, la confirmación que el CNE ya había dibujado con precisión meses atrás. El fallo administrativo detalló una financiación subterránea de $1.552 millones solo en primera vuelta: $500 millones de Fecode, $121 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) y una partida masiva de $931 millones de Ingenial Media. Para la segunda vuelta, la maquinaria irregular tampoco se detuvo, sumando otros $556 millones (USO e Ingenial) que ya estaban plenamente identificados en el expediente electoral.

En total, el equipo del hoy presidente operó con $2.109 millones de origen vetado o gris, una ventaja financiera que desequilibró la balanza frente a sus competidores y que la Fiscalía tardó en procesar penalmente hasta ayer que anunció que radicarán imputación de cargos contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa. Pero el CNE no solo había alertado sobre los ingresos, sino sobre el ocultamiento.

La investigación administrativa ya había destapado una “caja negra” de gastos no reportados por la escandalosa cifra de $3.698 millones, un hallazgo que permaneció en el escritorio de los investigadores penales mientras la sanción política ya estaba en firme. Entre las facturas que el CNE sacó de “bajo la alfombra” y que la Fiscalía retomó, aparecen los pagos de pauta en Caracol Televisión y el polémico evento en el Movistar Arena.

Aunque el tribunal electoral determinó técnicamente que este último costo de $100 millones no contó como gasto de campaña, fue el propio CNE quien advirtió el delito desde el principio: compulsó copias contra Ricardo Roa por fraude procesal al haber solicitado reposición de votos por un dinero que jamás declaró. El patrón era sistemático y conocido: donaciones como la de la USO, por más de $120 millones, desaparecieron de los reportes contables.

“No hemos sido notificados”

El segundo frente judicial, anunciado ahora por la Fiscalía, aterriza con rezago, es el de tráfico de influencias. Aquí la Fiscalía entra a investigar lo que las pesquisas periodísticas ya habían destapado: el presunto beneficio a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo un contrato en Ecopetrol tras haber participado en la compra del apartamento de Roa.

Para los investigadores, esta “coincidencia” no fue tal, sino un uso indebido del cargo para presuntamente pagar favores privados con recursos públicos, una hipótesis que tardó demasiado en formalizarse pese a la trazabilidad de los pagos. El ente acusador se tomó su tiempo para conectar una cronología que saltaba a la vista: en diciembre de 2022, Roa compró el apartamento 901 en Bogotá; menos de cuatro meses después, en abril de 2023, asumió la presidencia de Ecopetrol. El punto crítico que la justicia tardó en procesar es si esa operación inmobiliaria, cerrada justo antes de su ascenso, funcionó como un “peaje” para garantizar decisiones contractuales dentro de la petrolera estatal.

El apartamento pertenecía a una firma del inversionista petrolero Serafino Iacono, pero los pagos los realizó una empresa del coronel (r) Juan Guillermo Mancera. Este nexo, se reactivó en marzo de 2024 —ante la pasividad inicial de los entes de control— cuando una empresa ligada a Iacono recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, un activo estratégico del sector energético que terminó adjudicado en medio de esta red de favores cruzados siendo presidente Ricardo Roa en Ecopetrol.

Frente al anuncio de la Fiscalía, la defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, salió al paso afirmando que hasta el momento no han sido notificados por el ente acusador. A través de un comunicado, el litigante aseguró que ni él ni el presidente de Ecopetrol han sido citados formalmente a las audiencias de imputación por las presuntas irregularidades en la campaña ni por la adquisición del apartamento 901.

León advirtió que la diligencia solo se entenderá como surtida una vez se realice a través de los “canales institucionales legalmente establecidos” y no por medios. Agregó que avanzan en recolección de evidencias en el caso desde su defensa.

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