El nombre de Jaime Ramírez Cobo está asociado a dos de los principales escándalos del gobierno de Gustavo Petro: la red corrupta detrás de la compra de los 40 carrotanques de la UNGRD y la controversia por las hojas de vida de quienes a la postre fueron designados interventores de EPS, en la que es señalado como el puente con Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y hoy embajadora de Colombia en Reino Unido.
Ramírez Cobo ha vuelto a ser nombrado recientemente luego de que a finales de enero, Petro acusara a Sarabia, su antigua mano derecha, de recomendar varias hojas de vida para ser interventores. Según el mandatario, los designados llegaron a hacer negocios con el dinero público de la salud.
“Yo le dije a usted que por política no se mete ni un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero Laura dijo que era yo”, le dijo Petro a Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. “Eso se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Usted creyó en ella. Esos interventores fueron a hacer business (negocios). Debe perder la ingenuidad”, concluyó.
Según Leal, las hojas de vida fueron entregadas por Ramírez Cobo, padrino de matrimonio de Sarabia, quien negó los señalamientos y ha dicho que tanto el exsuperintendente como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conocían el detalle de las hojas de vida cuestionadas.
Ramírez Cobo, enlace entre Presidencia y Congreso, aparece también mencionado en el escándalo de la UNGRD por los cuestionamientos a unos contratos que suman $92.000 millones para los municipios de Carmen de Bolívar; Saravena, en Arauca, y Cotorra, en Córdoba. A pesar de tener un rol “bisagra” de dos escándalos, la justicia poco ha avanzado en investigarlo, aun cuando su nombre aparece en expedientes de otros exfuncionarios que aceptaron sus delitos.
Chats y audios
EL COLOMBIANO accedió a parte del expediente del caso de la UNGRD y obtuvo chats de WhatsApp y audios de una de las audiencias del principio de oportunidad firmado por Sneyder Pinilla. El ex subdirector —hoy condenado y uno de los testigos estrella de la Fiscalía— menciona de forma directa al exasesor de Presidencia, Ramírez Cobo, como la persona mediadora en la gestión de contratos que terminaron bajo la lupa del ente acusador. Ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, Pinilla lee una a una las conversaciones que sostuvo por WhatsApp con Ramírez.
En ese relato, el exsubdirector ubica a Ramírez como un interlocutor que se presentó ante él como “asesor de Presidencia” y que, en plena coyuntura interna de la entidad, le pidió “ayuda” para destrabar una serie de contratos.
Pinilla dice a la Fiscalía que no conocía a Ramírez hasta ese día, cuando le escribió, el 14 de diciembre de 2023 por WhatsApp, presentándose con un cargo de alto nivel: “Hola, Sneyder, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia de la República”. El mensaje le llegó, según su versión bajo gravedad de juramento, mientras él intentaba contener una marcha que había llegado a la entidad para respaldar al entonces director, Olmedo López.
“Necesitamos de tu ayuda”
Ramírez Cobo dejó una llamada perdida y, cuando Pinilla respondió, encontró una petición directa: “Necesitamos de tu ayuda”, le dijo Ramírez Cobo, de acuerdo con la declaración y tal cual se lee en el chat obtenido por EL COLOMBIANO y que hace parte de la matriz de colaboración judicial del ex subdirector de la UNGRD. Pinilla preguntó por el tema y la respuesta fue concreta: “A Carolina le envié un cuadro”.
Pinilla procede a explicar a la fiscal que Carolina era en ese momento la secretaria de Olmedo López, director de la entidad y jefe directo de Pinilla, quien le contestó: “Dr., ese tema lo deben hablar con el director”.
El ex subdirector de la UNGRD le dice a la fiscal del caso que tal como se lo dijo a Ramírez por escrito, “él (Olmedo López), ese día en la noche, llamó al ministro Velasco (Luis Fernando)”, quien hoy está detenido por el caso a la espera del juicio.
El entonces asesor de Presidencia le asegura que “es con el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla, también detenido por el caso)”. Pinilla explica que le dijo a Jaime Ramírez que “el ministro Velasco no confirma ningún tema y que a él le dieron otra instrucción sobre los $700.000 (millones) que llegaron. Así que debe el ministro hablar con el director para que sepan la situación real”.
Después de eso, Pinilla dice que habló con el corrupto Olmedo López. Le advirtió que no debía “dejar meter mano” a los $700.000 millones que ya tenían un destino especifico para atender el fenómeno de El Niño.
El intercambio de mensajes entre ambos siguió: “Yo le digo a él que la instrucción que tenía el doctor Olmedo era otra para esos 700.000 (millones de pesos). Me dice: ‘ya le digo al ministro Bonilla, es vital ese tema’. Le digo (otra vez): claro, sí señor, porque él tiene otra instrucción con esos 700”.
“Se van a caer los créditos”
Acto seguido, le dice Pinilla a la Fiscalía, al sábado siguiente llega a la UNGRD la “hojita” con el cuadro de contratos a los que hacía referencia Ramírez que le había compartido a la asesora de Olmedo López. “Ohhh sorpresa cuando llegó el sábado la hojita”, indica Pinilla.
“Él (Jaime Ramírez) me envía el teléfono del ministro Bonilla, yo no había hablado con el ministro, no lo conocía, sabia quién era por fotos. Y me dice (por escrito) a las 6:01 que el ministro está tratando de conectar con el director (Olmedo López) pero no ha podido. Le digo: ‘Hola, doctor, dile que estamos en la marcha calmando la gente’. El doctor Jaime Ramírez Cobo me dice ‘lo entendemos de verdad, pero se van a caer los créditos de la Nación, por eso la urgencia’”.
Pinilla remarca ante la fiscal, tal cual se escucha en la audiencia reservada a la que accedió EL COLOMBIANO, que la UNGRD “no tiene absolutamente nada que ver con los créditos de la nación”, que ese es un asunto del Congreso, y que la explicación parecía apuntar —en sus palabras— a “la hojita”, la lista de contratos que terminó en el centro del escándalo.
El contacto con Bonilla
Minutos después, Pinilla acota que recibió desde el WhatsApp de Ramírez el contacto del ministro Ricardo Bonilla y que, por primera vez, tuvo un intercambio directo con él. “Yo nunca en mi vida había hablado con el ministro, doctora”, insiste en la audiencia.
Bonilla le escribió y luego lo llamó, y en esa llamada —según Pinilla— volvió el mismo argumento: si esos contratos no salían, “se iban a caer los créditos de la nación”. Pinilla asegura que el ministro terminó dando una orden: que Olmedo estuviera “mañana (15 de diciembre de 2023) a las ocho de la mañana” en Hacienda. Pinilla buscó al director, le trasladó el mensaje y, horas después, confirmó la cita.
Al cierre, Pinilla volvió a Ramírez para reportarle el resultado: “El ministro de Hacienda quedó de verse mañana a las ocho con el director en Hacienda”. La respuesta, según su versión, fue breve: “Muchas gracias, quedo pendiente de cualquier cosa”.
La comunicación continuó luego con María Alejandra Benavides, asesora del despacho de Bonilla y quien hoy tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía en este caso. Según conoció este diario, la exfuncionaria junto a la dupla Olmedo y Sneyder han entregado evidencias en sus compromisos judiciales señalando a Ramírez en el caso de la UNGRD. Este periódico intentó buscar al exfuncionario de Presidencia, pero no respondió.
Hay que recordar que en mayo de 2024, tres meses después de reventar el escándalo de los carrotanques de La Guajira, Ramírez presentó, junto con su pareja Daniela Andrade, una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara el origen de unas cadenas de WhatsApp en las que aparecían sus nombres.
Esos mensajes —revelados en ese momento por EL COLOMBIANO— lo vinculaban con Andrés Sarabia, el hermano de su entonces jefa, Laura Sarabia, cuando era directora del Dapre y sugerían que el asesor se habría beneficiado de su trabajo como enlace con congresistas. En su momento, Ramírez negó las acusaciones y divulgó el radicado de la denuncia como parte de su defensa.
“Fiscalía no avanza con Cobo”
Mientras el expediente de la UNGRD tiene cinco personas con preacuerdos (Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; Luis Eduardo Rosero, contratista, y Pedro Rodríguez, exasesor jurídico), Ramírez sigue mencionado en el caso sin que su vinculación al mismo pase de estar indagado, pese a haber rendido un interrogatorio con el ente acusador hace un año, como lo reveló El Tiempo.
Desde entonces, en medio de la trama corrupta que persigue la Fiscalía, los cuestionamientos han aumentado tras el capítulo de los interventores de las EPS que habrían llegado a la Superintendencia de Salud a través de su intermediación a hacer negocios, como dijo el propio jefe de Estado.
Pablo Bustos, vocero de la Red de Veedurías y acreditado como víctima dentro del proceso por el escándalo de la UNGRD, sostiene en diálogo con EL COLOMBIANO que el caso de Ramírez Cobo se ha convertido en una prueba incómoda de cómo la investigación se “traba” cuando toca el anillo de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
“Este es el segundo derecho de petición que enviamos y, aun así, no hay respuesta. Lo más grave es el silencio cómplice de la Fiscalía, que no ha actuado de manera coherente con el material probatorio que obra desde tiempo atrás en su despacho”, afirma Bustos.
Para él, ese silencio ha mantenido “impune” la actuación de quien él describe como “el hombre de enlace” en una fase clave del escándalo. Según Bustos, Ramírez aparece mencionado en el expediente no por una versión aislada, sino por un conjunto de señales que incluyen declaraciones de Pinilla y López y “algún material de chats” que serviría como soporte documental.
Bajo su lectura, esa evidencia lo conecta con el “manejo del Congreso”, en especial con el capítulo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde, asegura, se habría facilitado la asignación o direccionamiento de recursos “sin debate previo”, en un escenario que hoy tiene a varios congresistas presos y demandados ante el Consejo de Estado en procesos de pérdida de investidura.
El rol bisagra de Ramírez
Bustos sostiene que el rol de Ramírez no fue menor ni accidental. Lo presenta como un operador político de alto nivel: “el cargo quizá más importante de relacionamiento entre la Presidencia y el Congreso”, encargado de “transmitir propuestas, prebendas y beneficios” para asegurar respaldos legislativos.
“No se trataba de un mensajero”, insiste, sino de “un protagonista” que habría intervenido para que los compromisos se cumplieran y para que la UNGRD funcionara como “instrumento” de pago y ejecución de favores políticos.
Frente a los chats anteriormente mencionados entre Pinilla y Ramírez, el líder de veedurías sostiene que estos mostrarían el uso de la entidad para “materializar acuerdos” y mover recursos “con nombre propio”, bajo una lógica de “feria de favores” entre Ejecutivo y Legislativo.
Por eso, insiste, no entiende que la Fiscalía no haya dado el paso de vincularlo formalmente a la investigación, pese a haberle hecho algunas entrevistas judiciales en el caso. Bustos habla de una dilatación deliberada. Dice que la Fiscalía “no ha formulado imputación, no ha pedido medida de aseguramiento, no ha acusado”, pese a que el proceso ya se apoya en testimonios y piezas documentales que han sido determinantes para llevar tras las rejas a varios de los implicados en el caso de la UNGRD.
Además, Bustos encadena el caso con lo que describe como un patrón: “lo que ha venido ocurriendo con Carlos Ramón González, con César Manrique y otros más que están prófugos”, en una especie de “anillo de impunidad” que, según él, termina protegiendo a figuras cercanas al poder. En el caso específico de Ramírez, afirma que el principal “beneficio” ha sido no haber sido imputado ni limitado a tiempo, lo que le permitió “gozar de una especie de libertad incondicional”, hasta el punto de que, dice, “se perdió el foco” sobre su paradero.
Precisamente, hace unos días, El Tiempo reveló que, en el marco del escándalo de los interventores de las EPS, Ramírez daría sus explicaciones debidas, como se lo indicó a ese diario su defensa, y que actualmente el exasesor del Dapre estaría trabajando en un emprendimiento de café en el Huila.
Bustos insiste en que el punto de fondo no es solo el nombre de Ramírez, sino su rol: ser el puente político que conectó decisiones del alto Gobierno con operadores, trámites y acuerdos que luego terminaron convertidos en contratos, giros o cupos corruptos. “Es una de las piezas que la Fiscalía ha venido protegiendo y dilatando”, remata, y advierte que mientras no se resuelva ese eslabón, el caso UNGRD seguirá teniendo un capítulo de impunidad estructural.
Por lo pronto, hasta que la justicia no avance, Ramírez Cobo es uno de los grandes “intocables” que une dos escándalos del Gobierno Petro.
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