Hasta ocho años en centro especializado: la sanción que enfrentaría el adolescente implicado en atentado contra Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, entregó nuevos detalles sobre el avance de la investigación por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según explicó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el adolescente aprehendido en flagrancia como presunto autor del ataque podría enfrentar una sanción de hasta ocho años en un centro especializado para menores, en caso de ser hallado responsable.

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“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione. Sin embargo, esto también sucede en unos sitios, en unos centros especiales que son dispuestos para menores infractores”, afirmó la fiscal.

El caso ha tenido rechazo unánime en todo el país y despertado múltiples interrogantes sobre las sanciones a las que se enfrentaría el presunto responsable debido a la gravedad de los hechos.

Al respecto, la fiscal Camargo precisó que, independientemente del delito, todos los menores aprehendidos son tratados como presuntos infractores, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, que rige el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

“No estamos hablando de un procedimiento por vía ordinaria, sino que estamos hablando del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que tiene una regulación distinta a la de la ley 599 de 2000 que es el código penal o la ley 906 que es el código de procedimiento penal. En este caso, la responsabilidad penal de adolescentes se juzga bajo las reglas de la ley 1098 de 2006”, detalló.

Precisamente por las sanciones menos severas que contempla la ley para los adolescentes, muchas organizaciones criminales recurren a la instrumentalización de menores para cometer delitos. Estos grupos aprovechan su condición de inimputabilidad o las penas más bajas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, utilizándolos como autores materiales en acciones violentas.

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“Los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, infortunadamente, y eso es una realidad. Muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas. Al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, primero, como cualquier ciudadano, lo rige un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar mediante elementos materiales de prueba y evidencia física que él en verdad es el responsable”, añadió la jefe del organismo.

Un detalle que ha despertado especial interés en torno a la aprehensión del adolescente señalado como autor del atentado contra Miguel Uribe Turbay es la supuesta presencia de un teléfono celular en la escena.

Según versiones preliminares, tras ser reducido por varios escoltas luego de presuntamente cometer el ataque, el menor habría afirmado que podía entregar los números de teléfono de sus cómplices. Sin embargo, este lunes, durante una rueda de prensa, la fiscal general Luz Adriana Camargo desmintió esa versión y reveló que en el lugar de los hechos no se encontró ningún celular.

“En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular. Sin embargo, estamos haciendo un rastreo, porque en unas imágenes, anteriores al atentado, se le ve con un celular”, afirmó la fiscal.

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El adolescente permanecerá bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y será alojado en el búnker de la Fiscalía mientras se define su situación jurídica. El ente acusador anunció que le imputará los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Presunto responsable está herido y no ha sido interrogado

La Fiscal general reveló además que el adolescente aprehendido fue operado en las últimas horas y por su estado de salud la Fiscalía no ha podido llevar a cabo el interrogatorio.

La jefe del ente investigador detalló que la operación tiene que ver con el disparo que recibió en una pierna para evitar su huida. Sin embargo, a pesar de que no ha podido hablar con la Fiscalía ya fue legalizada su captura y este lunes se espera que sea imputado ante un juez por los delitos de intento de homicidio y porte ilegal de armas.

También se pedirá medida de internamiento en su contra. Solicitud que tendrá algo particular: la Fiscalía solicitará que esa medida se haga en el búnker de la Fiscalía y no en una institución relacionada con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), para proteger su vida y garantizar que la información con la que cuenta pueda ser revelada.

“No estaría en una celda, acá en el bunker no hay celdas. Su lugar de reclusión estaría en un lugar que se está diseñando donde el menor pueda recibir el acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar”.

La fiscal explicó también que el menor no tenía antecedentes penales y ha mostrado su voluntad de colaborar con la justicia. Agregó que el menor pudo ser captado por una red criminal. Se está investigando, si relaciona con otros atentados. Y concluyó que en el proceso penal en su contra prima el principio de oportunidad. “La regla es llegar a un acuerdo donde se pueda realizar una labor restaurativa y esa es la línea en la que vamos a trabajar”.