Así lideraron Bonilla y Velasco la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía, ¿qué viene?

Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) se sumaron ayer al grupo de 16 funcionarios y exfuncionarios que, hasta ahora, han sido judicializados por uno del entramado de corrupción más grande del gobierno Petro. Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas” a punta de sobornos y así poder aprobar las reformas sociales de Petro impulsadas en el Legislativo.

Los exfuncionarios, que durante más de un año lograron eludir su vinculación al proceso, aparecen señalados por testigos como los arquitectos del plan criminal que desvió, sin vergüenza, recursos públicos destinados a las poblaciones más vulnerables, incluida la gente que en La Guajira sigue muriendo de sed. Todo habría ocurrido dentro de la Casa de Nariño, entre despachos y pasillos donde se deciden los asuntos del Estado. Allí, sostiene la Fiscalía, se creó una empresa criminal que funcionaba en paralelo a la institucionalidad. Velasco y Bonilla, advierte la imputación, idearon y coordinaron el desvío de recursos y convirtieron las ayudas públicas en combustible político.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNRGD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, leyó la Fiscalía en la audiencia.

Los dos exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El ente acusador, además, pidió casa por cárcel. Ambos se declararon inocentes.

Pero las cifras son escandalosas. Dice la investigación que a través de 74 proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones, Velasco y Bonilla habrían logrado mover más de $612.000 millones como moneda de cambio para asegurar apoyos políticos durante la discusión de las reformas del Gobierno.

Lo más grave es que ambos exfuncionarios, cercanos al presidente Petro, habrían estructurado la empresa del saqueo “con vocación de permanencia y durabilidad en el tiempo”, capaz de operar durante casi un año, desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, cuando finalmente se destapó la cloaca.

“Velasco dio la orden a Olmedo López”

Luis Fernando Velasco dijo lo obvio, que nunca imaginó terminar sentado en el banquillo por este caso: “Estoy confundido, señoría”, respondió a la pregunta de la magistrada sobre si tenía claridad de la imputación. Antes de eso, la delegada de la Fiscalía, María Cristina Patiño, había leído con sumo detalle las acciones aparentemente ilegales en las que habría incurrido como jefe de la cartera política.

En la investigación se destaca que Velasco tenía la misión de alcanzar mayorías para las reformas del Gobierno, aun si eso implicaba cruzar la línea de la legalidad. Según el ente acusador, todo comenzó con una instrucción directa que Velasco le habría dado a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD. La orden, según los testimonios, era asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías.

Ese día, López se reunió con la senadora Martha Peralta (Partido MAIS), quien coordinaba la estrategia del Gobierno, y acordó gestionar proyectos dentro de la UNGRD para beneficiar a congresistas. La Fiscalía afirmó que Peralta también pidió direccionar contratos hacia varios congresistas de la coalición que reclamaban mayor participación.

Tras ese encuentro, Olmedo y el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, revisaron, ajustaron y movieron la contratación relacionada con cuatro proyectos en Puerto Concordia (Meta) para obras en el río Ariari, por $5.458 millones; Aguazul (Casanare) para intervenciones por las afectaciones del río Únete; Mistrató (Risaralda), obras para mitigar riesgo hídrico en la quebrada Rayanal, por valor de $4.811 millones y en La Guajira para contratación de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes por $2.125 millones, adjudicado a Isaac Francisco Riscala.

Meses después de los primeros movimientos, el engranaje que, según el ente acusador, lideraba Velasco junto a Ricardo Bonilla siguió avanzando. En esa segunda fase apareció nuevamente la senadora Peralta, quien habría presionado para que se cumplieran compromisos adquiridos durante la negociación de apoyos para la reforma pensional. Su exigencia fue direccionar contratos en La Guajira para beneficiar a Riscala, mediante la asignación de recursos para maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes, obras claves en zonas afectadas por la sequía. De acuerdo con el testimonio de Olmedo, la senadora insistió repetidamente hasta que la orden se concretó.

La operación terminó formalizándose a través de una orden de proveeduría por más de 2.125 millones de pesos, un movimiento que, según el expediente, se suma a la cadena de decisiones que amarraba votos en el Congreso con contratos provenientes del Estado. Esta presión, narró López, fue una muestra más de cómo el esquema se sostenía sobre exigencias permanentes de congresistas que buscaban asegurar sus cuotas dentro del reparto.

Otro episodio que ilustra el rol activo de Velasco ocurrió el 27 de noviembre de 2023, en la reunión que varios asistentes bautizaron como el “cónclave”. Ese día, el entonces ministro habría tomado la palabra para explicar ante otros altos funcionarios cómo se estaban armando las mayorías legislativas y cuál era la mecánica que sostenía el respaldo a las reformas del Gobierno.

Según la reconstrucción que hizo la Fiscalía, Velasco detalló que el apoyo político se estaba asegurando mediante contratos entregados a congresistas, un mecanismo que, habría dicho en ese encuentro, implicaba compromisos económicos millonarios. En esa conversación, explicó que las negociaciones incluían un monto que rondaba los 83.500 millones de pesos, y que ese dinero se movía para garantizar los votos necesarios en las reformas a la salud y pensional.

Esa reunión, de acuerdo con el expediente, sirvió para que los demás miembros del Gobierno entendieran cómo se estaban “alineando” las voluntades políticas dentro del Congreso, especialmente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La Fiscalía sostiene que el esquema se extendió también a la Comisión Primera del Senado. En ese capítulo, la acusación apunta a que Velasco coordinó con el entonces ministro Bonilla, para que la asesora María Alejandra Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien llegó en nombre de un grupo de congresistas con una lista de solicitudes de cupos indicativos tanto en la UNGRD como en el Invías. Tras esa reunión, según la versión de la exfuncionaria, recibió la instrucción de tramitar los proyectos que garantizarían el respaldo político de esa comisión. Dos meses después, el trámite se concretó en una adición presupuestal por más de 4 mil millones para el municipio de Los Córdobas (Córdoba).

Con esa secuencia de testimonios, documentos, reuniones y movimientos contractuales, la Fiscalía afirma que Velasco no solo estaba al tanto del funcionamiento interno del esquema, sino que fue uno de sus principales articuladores.

“Usted (Bonilla) lideró el pacto criminal”

Ricardo Bonilla es hasta ahora el único exfuncionario del Gobierno Petro en asistir de manera presencial a su propia imputación de cargos. Llegó al Tribunal Superior acompañado de sus abogados y, antes de que la Fiscalía iniciara la audiencia, aseguró que era inocente y que respondería a todas las acusaciones en su contra.

Así como a Velasco, a Bonilla la Fiscalía le atribuye un papel determinante en el direccionamiento de millonarios contratos del Invías y de la UNGRD para beneficiar a congresistas. Durante la imputación de cargos, la fiscal María Cecilia Patiño explicó que el economista habría delegado en una de sus funcionarias de confianza, María Alejandra Benavides Soto, la misión de gestionar recursos y orientar convenios hacía proyectos respaldados por legisladores, entre ellos el senador Julio Elías Chagüi Flórez. Esta coordinación añadió, no habría sido aislada. También participó Andrea Ramírez, entonces asesora del despacho, quien entregó a Benavides un listado de 71 iniciativas diseñadas para favorecer a congresistas mediante los llamados cupos indicativos, autorizados por el propio ministro.

Las actuaciones atribuidas a Bonilla encajan en un patrón que, según la Fiscalía, operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024. En ese periodo, desde el Ministerio de Hacienda y el Invías se habría dado trámite preferencial a 74 proyectos por más de 561.000 millones de pesos, además de otros cinco en la UNGRD por más de 40.000 millones, para un total que supera los 612.000 millones de pesos dirigidos estratégicamente a parlamentarios de varias comisiones.

La distribución de los proyectos direccionados siguió un mapa político cuidadosamente trazado para conquistar apoyos en distintas comisiones económicas del Congreso. La Comisión Cuarta de la Cámara habría recibido 13 iniciativas orientadas a los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por un total de 142.658 millones de pesos.

En paralelo, a la Comisión Cuarta del Senado se le habrían asignado 19 proyectos destinados a Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, que sumaban 80.816 millones. A la Comisión Tercera del Senado, por su parte, se dirigieron 14 proyectos enfocados en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por 155.145 millones.

La estrategia también alcanzó a la Comisión Tercera de la Cámara, que terminó con 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle y Arauca. El valor total de este paquete ascendió a 177.380 millones de pesos.

En conjunto, los recursos involucrados en este entramado sumarían 556.473 millones de pesos, todos direccionados, según la acusación, para favorecer a los senadores y representantes Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Otro episodio clave ocurrió el 18 de septiembre de 2023, en una reunión en la sede del Ministerio del Interior conocida como La Giralda. Allí, según la imputación, Bonilla y el entonces ministro Velasco discutieron el panorama electoral y la urgencia de garantizar apoyos políticos mediante la agilización de proyectos locales. En ese encuentro quedó pactado que Benavides atendería directamente las solicitudes del senador Chagüi y acompañaría la aceleración de convenios en Córdoba.

Los contratos mencionados por el ente investigador incluyen tres convenios interadministrativos firmados entre 2021 y 2022 con los municipios de Lorica, Los Córdobas y Tierralta, todos en Córdoba, que posteriormente recibieron adiciones, prórrogas y desembolsos sustanciales en 2023 y 2024. Para la Fiscalía, estos movimientos evidencian un interés indebido para satisfacer compromisos políticos y asegurar respaldos en el Congreso mientras avanzaban las reformas del Gobierno.

Patiño fue enfática al afirmar que los entonces ministros Bonilla y Velasco “ignoraron los principios de la función pública” al autorizar y promover estas gestiones, que terminaron en una red de direccionamientos operada desde dentro del Ejecutivo.

En la audiencia de imputación, el exministro se declaró inocente y aseguró que este caso está basado en acusaciones “infladas” y en falsos testimonios. Adelantó que no huirá del país.

La audiencia continuará el 18 de diciembre con la lectura de la medida en contra de los dos exministros.