Cinco claves de la alocución de De la Espriella: energía, Fondo Milagro, seguridad y control de protestas
El presidente anunció medidas para enfrentar el riesgo de racionamiento eléctrico, confirmó recursos para la reconstrucción tras el terremoto de agosto y anticipó un decreto sobre protesta social y el estatuto antiterrorista. También presentó un balance de seguridad de sus primeros dos meses de Gobierno.
Estudié periodismo en la Universidad del Rosario en Bogotá, con mención en Relaciones Internaciones. Fui editora del medio universitario Plaza Capital e hice mis prácticas profesionales en la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo. En el periodismo tengo gusto por temas investigativos, políticos, de denuncias y sobre coyuntura internacional. Apasionada por la lectura, los capuchinos y los atardeceres.
En medio de una alocución presidencial este lunes festivo, el jefe de Estado Abelardo de la Espriella, a dos meses de su posesión, hizo un balance de las primeras decisiones de su administración y anunció nuevas medidas en materia energética, seguridad y orden público.
Durante su intervención, el mandatario defendió la gestión de su Gobierno, cuestionó a su antecesor y aseguró que su prioridad es recuperar la autoridad del Estado. “Los problemas no se esconden”, dijo al inicio de sus palabras.
Los cinco asuntos clave
La intervención estuvo marcada por cinco puntos determinantes: el riesgo de racionamiento eléctrico por el fenómeno de El Niño, los recursos para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, los resultados de la ofensiva contra los grupos armados, las nuevas medidas para regular las protestas y el llamado a mantener la movilización de este miércoles 14 de octubre dentro de los límites de la ley.
La intervención inició con una advertencia sobre la situación energética del país.
Según afirmó, Colombia podría enfrentar uno de sus mayores retos sobre el sistema eléctrico por la intensidad prevista del fenómeno de El Niño entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.
Pero aprovechó este tema para responsabilizar al gobierno de Gustavo Petro por no haber dejado suficientes reservas ni un plan de respaldo para responder a la reducción de los niveles de los embalses.
Ante ese panorama, anunció la conformación de un equipo especial con tareas y responsables definidos.
La fecha límite para poner en marcha las medidas de choque es el 31 de diciembre.
“Antes de ese día deberán estar en marcha las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el servicio, especialmente, queridos compatriotas, en las regiones más vulnerables”, confirmó.
Además, aseguró que su Gobierno solicitó al Congreso, con mensaje de urgencia, un traslado de $1,2 billones dentro de la adición presupuestal de 2026 para atender la emergencia energética.
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Fondo Milagro dispone de primer billón de pesos para la reconstrucción
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto fue otro de los puntos centrales de la alocución. El mandatario aseguró que, desde el miércoles 7 de octubre, el Fondo Milagro comenzó a disponer de su primer billón de pesos para financiar obras en viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías.
Nuevamente mencionó que el antioqueño Jaime Uribe asumió la gerencia del fondo y reiteró que los recursos deberán manejarse con controles para garantizar que lleguen a las familias afectadas.
“Cada peso debe tener un destino verificable. Cada contratación debe poder explicarse y cada ayuda debe llegar a las familias que la necesitan”, sostuvo.
El presidente insistió en que las ayudas no deben pasar por intermediarios y advirtió que su administración no permitirá que la tragedia se convierta en un negocio.
“A quien perdió la casa le pido paciencia, no resignación. La paciencia se acaba cuando el Estado no aparece. Como tantas veces durante tantos años no apareció”, remató.
No obstante, el mandatario no se refirió a los cuestionamientos que han surgido por las donaciones que fueron destinadas a la fundación de su esposa, Ana Lucía Pineda, tras el terremoto con epicentro en San José del Palmar.
Balance de seguridad
Después de referirse al Banco de Talentos, mecanismo que impulsó desde su llegada al Gobierno y por medio del cua dijo ya 145 colombianos ya se habían posesionado, el presidente dedicó otro de los segmentos más extensos de su discurso a la ofensiva contra las organizaciones armadas y las estructuras dedicadas al narcotráfico.
De la Espriella defendió la estrategia de la Fuerza Pública y su “mano dura” y aseguró que su administración mantendrá la presión sobre los grupos criminales.
Según el balance presentado por el mandatario, desde su posesión, el 7 de agosto, se han registrado 32.503 capturas por distintos delitos: 27.802 en flagrancia y 4.701 por orden judicial.
En materia de narcotráfico, reportó la incautación de 125.182 kilogramos de cocaína, 60.101 kilogramos de marihuana, 14.607 kilogramos de pasta y base de coca y 109 kilogramos de heroína. También afirmó que 679 infraestructuras utilizadas para producir narcóticos fueron destruidas o inhabilitadas.
El presidente agregó que 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas han sido afectados y que, en operaciones contra grupos armados organizados y estructuras delincuenciales, se registraron 876 capturas, 171 desmovilizaciones, sometimientos o desvinculaciones y 70 muertes en operaciones.
Aunque defendió los resultados, reconoció que los operativos deben traducirse en investigaciones sólidas y procesos judiciales que realmente funcionen.
“Estos resultados muestran una ofensiva sostenida, pero no autorizan a cantar victoria. La seguridad no se mide solamente por el número de operativos, sino por la tranquilidad que recupera una familia, por el comerciante que deja de pagar extorsiones y por el niño que puede ir al colegio sin miedo. Vamos a mantener la presión”, afirmó.
Decreto sobre protesta social y estatuto antiterrorista
Además de lo anterior, el mandatario anunció dos instrumentos para enfrentar los hechos de violencia relacionados con las manifestaciones y combatir la financiación de organizaciones terroristas.
El primero es un decreto sobre protesta social que, según anticipó, firmará esta semana. La norma buscará diferenciar las manifestaciones pacíficas, protegidas por la Constitución, de las conductas que constituyan delitos.
“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, afirmó.
Este decreto ha generado polémica porque, según sus críticos, reduciría el margen de acción para resolver las protestas mediante el diálogo y permitiría a la Fuerza Pública intervenir sin agotar antes esta vía.
El segundo instrumento será un estatuto antiterrorista que el Gobierno radicará ante el Congreso. Según explicó, la iniciativa contempla crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes, restringir la contratación con el Estado y establecer penas severas por el uso de drones para atacar a ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública.
La propuesta también incluiría beneficios penales para quienes entreguen información efectiva antes de la acusación.
De la Espriella fija posición frente a la movilización del 14 de octubre
A un día de la movilización nacional convocada para este miércoles 14 de octubre, De la Espriella aseguró que su Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica y pidió a los organizadores evitar hechos de violencia.
Afirmó que impartió instrucciones para coordinar con los convocantes y las autoridades territoriales las medidas de movilidad, prevención, atención de emergencias y protección de los ciudadanos.
También señaló que la Fuerza Pública deberá actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, advirtió que no permitirá agresiones, destrucción de bienes ni bloqueos que impidan el paso de ambulancias y servicios de emergencia.
“No vamos a confundir bajo ninguna circunstancia la inconformidad legítima con la violencia”, sostuvo.
Al mismo tiempo, cuestionó a quienes promueven el paro, los acusó de buscar desestabilizar a su Gobierno y apuntó contra los funcionarios que dejaron sus cargos hace apenas dos meses, a quienes responsabilizó de haber dejado al “país quebrado”.
“Eso sí, ténganlo muy claro. Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado, de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción, después del terremoto, se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, sentenció.
Por último, al cierre de la alocución, el presidente insistió en que su Gobierno apenas comienza a enfrentar los problemas del país, pero aseguró que no dará marcha atrás en su propósito de recuperar el orden, fortalecer la seguridad y avanzar en la reconstrucción.
“Yo no vine a quejarme, vine a resolver”, concluyó.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuáles fueron los anuncios clave del presidente Abelardo de la Espriella en su alocución sobre seguridad y energía?
- El mandatario advirtió sobre un inminente riesgo de racionamiento eléctrico por el fenómeno de El Niño, reportó más de 32.500 capturas contra la criminalidad, anunció un decreto para regular las protestas y presentó un estatuto antiterrorista ante el Congreso.
- ¿Por qué el Gobierno nacional implementará un nuevo decreto y un estatuto antiterrorista para las protestas?
- La administración busca diferenciar jurídicamente las movilizaciones pacíficas de los actos vandálicos y terroristas. La normativa pretende endurecer las sanciones por el uso de armas como drones en ataques y fijar restricciones operativas durante las marchas.
- ¿Cómo está operando el Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo?
- Gestionado por Jaime Uribe, el fondo dispone de un billón de pesos para financiar obras directas en viviendas, colegios, vías y acueductos, operando sin intermediarios y bajo estrictos controles de veeduría para garantizar que la ayuda llegue a las familias damnificadas.