Colombia rompió récord en procesos judiciales perdidos: en tres años aumentaron 87% y dejan “tremenda” deuda

Cada vez que el Estado pierde definitivamente un proceso judicial, la decisión puede convertirse en una obligación que debe pagarse con recursos públicos. Y esas pérdidas se vienen acumulando, justo cuando en el Congreso se debate un presupuesto nacional que a muchos sorprendió por su alto monto.

En 2025, Colombia registró 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada, es decir, casos en los que la justicia tomó una decisión en contra del Estado y esta ya quedó en firme. Es la cifra más alta de los últimos diez años reportada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

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Así lo reveló la congresista Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), luego de un derecho de petición enviado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y conocido por este medio.

La cifra permite ver una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. En 2022, por ejemplo, se registraron 7.042 procesos desfavorables. Para 2025, el número había llegado a 13.211.

En 2023 fueron 7.798
los procesos perdidos y en 2024, 10.607. Es decir, fueron en aumento.

Esto a pesar de la tasa de éxito que reportó la entidad en los procesos judiciales ganados, que en 2025 fue de 84 %.

“Estamos ante un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago”, advirtió la senadora Zuleta.

El crecimiento de estos procesos preocupa por dos razones: no solo están aumentando los casos en los que la Nación termina con una decisión judicial en contra, sino que cada año esas condenas le cuestan más dinero al Estado.

Los sectores de Hacienda y de Defensa son los que se ven envueltos en pretensiones económicas más altas, según el último reporte publicado por la ANDJE.

En 2025, las condenas judiciales que quedaron en firme representaron obligaciones por $2,61 billones. Para poder dimensionar la magnitud de esos recursos, este monto corresponde más o menos a lo que invirtió la Gobernación de Antioquia para llevar a cabo la obra del Túnel del Toyo.

Y ha ido en aumento. En 2022, el valor de las condenas indexadas fue de $1,04 billones. En 2023 pasó a $1,12 billones y en 2024 llegó a $1,17 billones. En 2025, sin embargo, el costo saltó a $2,61 billones. Es decir, entre 2022 y 2025 el valor anual de las condenas aumentó 149,5 %.

Pero Colombia no siempre paga de inmediato las obligaciones. Entonces, cuando una condena queda en firme y el pago se retrasa, la obligación puede generar intereses. Por eso, mientras más tiempo tarde el Estado en pagar, mayor puede ser el costo final.

En 2019, la Nación tenía $10,33 billones en condenas pendientes de pago, mientras que durante ese año pagó $0,82 billones. Al cierre de 2025, Colombia tenía $19,89 billones en créditos judiciales pendientes de pago.

Entre 2022 y 2025 se pagaron alrededor de $6,9 billones por sentencias y conciliaciones, pero el volumen de obligaciones pendientes siguió siendo mucho mayor.

En otras palabras, una parte cada vez mayor del dinero que debe destinarse a cumplir las decisiones judiciales corresponde a intereses generados por el paso del tiempo.

Esto representa un riesgo fiscal porque el Estado no solo debe responder por las nuevas condenas que recibe cada año, sino también por las obligaciones antiguas que siguen pendientes y que pueden encarecerse.

Y el problema puede seguir creciendo. Actualmente, la Nación tiene 284.268 procesos judiciales activos, con pretensiones económicas por $736,69 billones.

Las pretensiones no significan necesariamente que el Estado vaya a perder todos esos recursos. Se trata de los montos que reclaman quienes demandan a la Nación. Sin embargo, la cifra muestra la magnitud del riesgo al que está expuesto el Estado en los procesos que aún están en curso.

Este será uno de los principales desafíos de Germán Calderón España, nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La entidad es la encargada de coordinar la estrategia de defensa judicial de la Nación y su reto será doble: mejorar la defensa de los procesos que ya están en los juzgados y, al mismo tiempo, fortalecer la prevención para reducir la llegada de nuevas demandas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos procesos judiciales perdió la Nación en 2025?

La Nación registró 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada en 2025, la cifra más alta de los últimos diez años.

¿Qué significa una sentencia ejecutoriada contra el Estado?

Significa que el Estado perdió un proceso judicial y la decisión quedó en firme, por lo que, en principio, ya no puede ser modificada mediante los recursos ordinarios. Si la sentencia ordena un pago, se convierte en una obligación para el Estado.

¿Cuánto costaron las condenas contra la Nación en 2025?

Las condenas registradas en 2025 representaron obligaciones para el Estado por $2,61 billones.