Fajos, listados y celulares: así se movieron en campañas y votos más de $3.800 millones

Las escenas empezaron a repetirse como una secuencia que alguien hubiera copiado y pegado a lo largo del país. Una casa en el centro de una ciudad. Un carro detenido en una carretera secundaria. Una vivienda en un barrio popular donde investigadores de civil apenas levantaban miradas rápidas desde las puertas. Sobre mesas de plástico, dentro de morrales o en maletas negras aparecían fajos de billetes recién contados.

El dinero estaba ordenado con cuidado: paquetes más pequeños, amarrados con ligas, listos para salir de nuevo a la calle. El efectivo casi nunca estaba solo. Junto a los billetes había listas impresas y cuadernos con anotaciones hechas a toda prisa: nombres, números de cédula, teléfonos celulares. También volantes de campaña.

Esas escenas salieron a la luz en el sinfín de denuncias a través de redes sociales hechas por políticos, ciudadanos, ministros y hasta el presidente Gustavo Petro en la red social X, que habló de un presunto caso de corrupción electoral en Córdoba, donde se contaría con una grabación en la que, supuestamente, el registrador departamental habría sido sorprendido negociando o pactando la entrega de dinero a cambio de votos.

La denuncia, hecha inicialmente por el ministro Armando Benedetti, fue replicada por el jefe de Estado, quien insistió en que la grabación evidenciaría una negociación de alrededor de 100 millones de pesos por un paquete aproximado de 1.000 votos, lo que constituiría una grave irregularidad electoral.

Sin embargo, horas después surgieron versiones contrarias a la versión inicial de la denuncia. La entonces candidata al Senado por el Frente Amplio, Ana Cristina Muñoz, y quien espera el escrutinio final para definir su candidatura, afirmó que la persona involucrada no sería el registrador del departamento, sino un funcionario de menor rango de la entidad.

Según relató, hace aproximadamente dos semanas recibió una llamada de alguien que se presentó como líder campesino, quien posteriormente le ofreció garantizarle 1.000 votos a cambio de 100 millones de pesos. Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos señaló que hasta el momento no han recibido información oficial ni pruebas que respalden la denuncia hecha por el Gobierno.

$3.800 millones incautados

Ese modus operandi denunciado va con otros identificados en distintos videos en redes sociales donde iban intermediarios que sabían exactamente a quién buscar y cuánto pagar. En varios operativos, la escena mezclaba improvisación y rutina. Personas sorprendidas con bolsas llenas de billetes. Otras intentando explicar de dónde venía el dinero sin lograr convencer a los investigadores. Pero esas prácticas, repetidas, apenas dejan ver la superficie de algo mucho más organizado.

El Ministerio de Defensa reportó que al 9 de marzo se incautaron más de $3.800 millones relacionados con la compra de votos, en 56 operativos (ver infografía) que dejaron además 53 capturas. Un departamento concentra la mayor parte de ese dinero: Cundinamarca, con Bogotá a la cabeza, donde se incautaron más de $630 millones, seguido de Soacha con la incautación de $30 millones. Luego está Córdoba, con su capital Montería y un decomiso de $434 millones.

Estas zonas no son puntos al azar: son verdaderos nodos logísticos desde donde el dinero se fragmenta para alimentar la maquinaria electoral. En regiones como Antioquia, el flujo de dinero no se concentra en la capital, sino que se dispersa en municipios como Apartadó, Puerto Triunfo y La Pintada, que juntos suman más de $600 millones incautados.

Un patrón similar se repite en el Valle del Cauca, con Palmira y Buenaventura, que registran $346 millones, y en el Caribe, donde departamentos como Sucre y La Guajira concentran más de $454 millones incautados que circulaban bajo la sombra de la ilegalidad.

Clanes moviendo efectivo

Entre el 8 y el 12 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) recibió un total de 78 reportes ciudadanos relacionados con presunta corrupción al sufragante en 21 departamentos, según el informe “Pilas con el Voto”.

Los datos revelan que el Tolima encabeza la lista con el 14,10% de los casos, con alertas concentradas en municipios como Ibagué, Flandes y Líbano, lo que evidencia una dispersión preocupante de las irregularidades en la región.

Sin embargo, el punto crítico se encuentra en la costa Caribe, donde Cartagena se consolidó como la ciudad con más denuncias individuales del país, sumando 9 reportes.

Esto ubicó a Bolívar en el segundo lugar nacional, con un 12,82 % del total de casos reportados, lo que refleja un foco de posible manipulación electoral. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo se ha convertido en una pieza central de muchas campañas políticas en Colombia.

Según Bonilla, las razones son tanto prácticas como estratégicas: el efectivo permite financiar la logística electoral —transporte de votantes, alimentación, pago de testigos y mantenimiento de estructuras territoriales— sin dejar rastros claros en los sistemas de control de financiación política. Pero además, abre la puerta de algo más directo: la compra de votos. En ese engranaje, los líderes barriales cumplen un papel clave. Son ellos quienes organizan a los votantes, elaboran listados detallados con nombres y números de cédula y sirven como intermediarios entre las campañas y las comunidades.

Estos listados permiten hacer seguimiento el día de las elecciones y verificar quién cumplió con el compromiso adquirido. Las transacciones suelen cerrarse en lugares específicos conocidos como “casas de apoyo”, viviendas que funcionan como centros de operación electoral.

Allí se registra la contabilidad de los votos comprometidos, se distribuye el dinero y se coordinan las rutas de transporte para movilizar a los electores. Este sistema forma parte de la “maquinaria” que combina logística eficiente con pagos directos y que, según expertos, puede producir votaciones masivas —de 120.000 a 150.000 votos— para candidatos que, de otro modo, tendrían una adhesión mucho más limitada. En medio de ese ruido son mencionados clanes políticos regionales que han perfeccionado estos mecanismos durante años.

Entre los grupos identificados se encuentran el Clan Manzur en la costa Caribe, el Clan Aguilar en Santander, los Díaz Mateus, el Clan Amaya con su poder político en Tunja, Paipa, Sogamoso y Duitama en Boyacá; y el Clan Torres, vinculado al polémico contratista Euclides Torres.

En algunos casos, este tipo de redes logran expandir su influencia más allá de su territorio original. Por ejemplo, el Clan Trujillo, consolidado en Antioquia, que ha trasladado su aparato político hacia regiones como La Guajira mediante estructuras de clientelismo que replican su modelo de operación de un departamento a otro.

El desafío para las autoridades radica en lo que Bonilla denomina una “zona gris muy compleja”. La legislación colombiana no prohibe el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo para logística de campaña, lo que permite que entre 50 y 100 millones de pesos circulen en un solo día, disfrazando la compra directa de votos.

Los Lacouture

Ese clan, precisamente, se vio mencionado en el caso de captura y posterior liberación de un escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, en cuyo poder fueron hallados $145 millones en efectivo y publicidad electoral alusiva al heredero político de Trujillo; hoy representante, Daniel Restrepo Carmona.

Según un informe del portal La Silla Vacía, gracias a las movidas y a la gestión de Lacouture –un dirigente con influencia en La Guajira, al punto que su mamá, Cielomar Peñaloza de Lacouture, es la alcaldesa de Villanueva– , Trujillo obtuvo su abultado caudal en la región.

En ese entonces, el hoy secretario de la Cámara era magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a nombre del Partido Conservador. Su poderío arrancó, de acuerdo con una investigación de la emisora W Radio, apalancado en la denominada ‘ñoñomanía’: el cuestionado movimiento político y electoral que gestó el condenado exsenador Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías.

Posteriormente, a medida que sumaba influencia en regiones como Córdoba y La Guajira, Lacouture fue clave para supuestamente hacer el enclave electoral entre Carlos Andrés Trujillo y el alcalde del municipio de Uribia, Bonifacio Henríquez, quien llegó a ese cargo en 2019 respaldado, entre otros, por el Partido Conservador, el mismo de Trujillo.

Los Blel y Chagüi

Para la subdirectora de PARES, los focos también se han puesto en otro clan, el de la senadora Nadia Blel, vinculada políticamente al entorno del empresario Wadith Manzur, recientemente capturado, junto a la congresista Karen Manrique, por el escándalo de la UNGRD. Blel obtuvo una de las votaciones más altas del Congreso, con 178.907 sufragios, junto a Lidio García Turbay (175.388 votos). Un resultado que, según analistas, refleja la capacidad de estas maquinarias para movilizar enormes cantidades de votos mediante redes territoriales organizadas.

En Córdoba, la situación es diferente: aparece una posible conexión con la casa política del clan Chagüi-Correa Villarreal. El 4 de marzo fue capturado Misael Augusto Villarreal Jorge, exconcejal de Montelíbano, con $434,7 millones en la vía Montería–Planeta Rica.

La Fiscalía investiga el origen y destino del dinero, mientras que medios como Blu Radio sugieren vínculos familiares con Kuko Correa Villarreal, respaldado por el senador Julio Elías Chagüi, y conexiones políticas con Ana Paola García. Sin embargo, los políticos han negado todo tipo de enlace con los hechos.

En Bogotá, el decomiso de $631 millones generó controversia por rumores que intentaban vincular el dinero con el Pacto Histórico y la campaña de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, ColombiaCheck verificó el caso y confirmó que las autoridades no han encontrado esa relación.

A estos hechos se suman otras incautaciones y capturas en el país: en Sucre fueron decomisados $275 millones, mientras que en Leticia (Amazonas), el 8 de marzo, fue detenido Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, con cerca de $20 millones y señalado de intentar sobornar a policías. Además, el aspirante al Senado, Camilo Gómez, de la U, fue capturado dentro de la investigación contra “Papá Pitufo”, donde es señalado de presuntamente hacer parte de esa estructura.

LAS LIMITACIONES DEL ESTADO QUE FACILITAN LA COMPRA DE VOTOS

El problema de compra de votos, dice Laura Bonilla, subdirectora de PARES, se agrava porque la capacidad del Estado para “poner en cintura” a los candidatos y partidos es muy limitada. Según Bonilla, existe poca eficacia para asegurar que las campañas cumplan con las normas financieras, lo que permite que las “maquinarias” operen con relativa libertad en los territorios.

Estos vacíos legales son aprovechados por clanes políticos para estructurar sistemas sofisticados que incluyen líderes barriales y “casas de apoyo”. En estos espacios se realiza la contabilidad y transacción de votos de manera oculta, permitiendo que candidatos sin adhesión popular orgánica logren votaciones masivas de hasta 150.000 votos mediante la mezcla de logística eficiente y compra directa.

Muchas de las actividades logísticas que rodean una campaña —transporte de votantes, entrega de comida o pagos a operadores locales— pueden ser difíciles de distinguir, en la práctica, de esquemas de compra de votos.

Mientras tanto, el país seguía su jornada política habitual: puestos de votación abiertos, jurados contando papeletas, filas de ciudadanos entrando y saliendo de los cubículos. Pero en paralelo, en esas otras escenas —las de los allanamientos, los retenes y las mesas cubiertas de billetes— quedaba al descubierto el otro circuito de las elecciones: el que intenta convertir el efectivo en votos.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, dijo en entrevista con EL COLOMBIANO que el uso de teléfonos celulares para fotografiar las tarjetas electorales fue una práctica identificada con frecuencia en estas elecciones y que aparece vinculada a esquemas de compra de votos. Según explicó, en distintos puestos de votación se reportaron casos de personas que tomaban fotos al voto ya marcado.

También situaciones en las que terceros entraban con los electores al cubículo, registraban imágenes del tarjetón o incluso marcaban el voto por ellos. La fotografía funciona como comprobante.

Dijo que en las redes de compra de votos esa imagen sirve como prueba para quienes entregan dinero u otros beneficios a cambio del sufragio: una forma de verificar que el acuerdo se cumplió. Aun así, Barrios señaló que uno de los problemas logísticos que se presentó al inicio de la jornada —relacionado con el acceso de los testigos electorales a algunos puestos de votación— fue solucionado relativamente temprano el domingo, lo que permitió mejorar las condiciones de vigilancia.

La directora de la MOE también llamó la atención sobre la magnitud de los recursos que se mueven durante las campañas: flujos de dinero que, en muchos casos, circulan por rutas invisibles y que solo aparecen —por momentos— cuando un operativo abre una maleta, una bolsa o una mesa de plástico llena de billetes.

El pasado 8 de marzo, precisamente la MOE informó que se reportaron más de 38 casos de incautación de dinero en efectivo que derivaron en la detención de 71 personas, lo que requirió de ese organismo un llamado a las organizaciones políticas para que fortalezcan sus procesos de selección de candidatos y asuman una responsabilidad ética en la entrega de avales.

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